El 13 de abril de 2019, Estefany Flores Mendoza, de 20 años de edad fue brutalmente asesinada por su expareja, José Falcón Gutiérrez, en la localidad de Comas de la provincia de Lima, en Perú. El hombre que hostigaba a Estefany para retomar la relación que mantuvieron durante tres años, estuvo merodeando su domicilio, esperó que sus padres salieran a trabajar, entró a la casa, la golpeó y la estranguló hasta la muerte. Según la policía amarró el cuerpo con una soga, lo metió en un saco, al parecer intentó llevarse el cuerpo pero como no pudo lograrlo la escondió bajo la cama y huyó. Durante horas la familia buscó a Estefany sin imaginar que estaba en su propia vivienda, hasta que recibieron una llamada de la Comisaría de Sol de Oro que les informaba que el agresor se había entregado y confesado con total frialdad el crimen y el lugar donde escondió el cuerpo de la víctima: «La esperé en su cuarto, entró y golpeé su cabeza cuatro veces contra la pared. Luego la estrangulé».

Un mes antes la víctima había denunciado al hombre por acoso, hostigamiento e intento de feminicidio, pero cuando acudió a denunciarlo fue revictimizada. Señalan sus familiares que las autoridades se burlaron y desestimaron la gravedad del caso, que la juzgaron, la responsabilizaron por lo ocurrido e incluso llegaron a gritarle. Estefany hizo todo lo que se debe hacer en caso de experimentar violencia en el contexto de la relación de pareja (separarse, buscar ayuda y solicitar medidas de protección a las autoridades competentes), pero estas no le garantizaron su derecho a la vida. Pese al riesgo que corría, el Juzgado Especializado de Violencia contra la Mujer registró la solicitud el 9 de abril, el caso quedó en clasificación y cuatro días más tarde Estefany fue asesinada; la notificación de la denuncia interpuesta fue recibida por su madre cuando el cuerpo de Estefany ya yacía en el cementerio.

Pero estas autoridades que no protegieron a Estefany ante un feminicidio anunciado, son las mismas que tampoco le otorgan justicia tras el crimen. Su caso ha sido demorado y se han identificado irregularidades durante el proceso, por ejemplo: 1) La víctima recibió reiteradas amenazas del feminicida en su teléfono, pero esto no ha sido admitido como prueba por las autoridades. 2) La reconstrucción judicial del asesinato ha sido suspendida y reprogramada en varias oportunidades. 3) No fue sino en el mes de diciembre de 2019 que se formalizó la acusación de feminicidio agravado. 4) El agresor aún no cuenta con una sentencia que señale su responsabilidad en el feminicidio. Por esta razón y ante el riesgo de que el asesino sea liberado, Carmen Mendoza, la madre de la víctima, se moviliza todas las semanas hasta la Fiscalía para conocer el estatus del caso.

No obstante, el feminicidio de Estefany Flores Mendoza es uno entre los cientos y dolorosos casos de feminicidio que son cometidos anualmente en el Perú, cifras que continúan incrementándose ante la indiferencia, la inacción y la impunidad de las autoridades. De acuerdo a las cifras oficiales publicadas por Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público en el informe ejecutivo Feminicidio en el Perú. Enero 2009-Junio 2018, las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables correspondientes al año 2018 publicadas en el Reporte estadístico de casos de víctimas de feminicidio atendidos por los centros emergencia mujer, y las cifras proporcionadas por la Defensoría del Pueblo respecto al año 2019; es posible visibilizar que entre enero de 2009 y diciembre de 2019 en Perú han sido perpetrados 1.390 feminicidios. Estas estadísticas ubican al país andino como uno de los más letales para las mujeres en la región, cifras que pueden ser más elevadas debido a que muchos casos son calificados como homicidios comunes y no como feminicidios.

De acuerdo a estas estadísticas también es posible conocer que el 75% de las víctimas de feminicidio en Perú se encuentran en edad reproductiva, es decir, en el rango etario de los 18 a los 44 años, que el 80,5% de los femicidios son cometidos por la pareja o expareja de la víctima, que el 47,5% de feminicidios son perpetrados en el domicilio que la víctima compartía con el victimario y el 18,2% en la vivienda de la víctima; y que la modalidad más empleada para cometer estos crímenes es la asfixia, en el 30,7% de los casos, seguida por el empleo de arma blanca, golpes y arma de fuego. Pero pese a los altos índices de ocurrencia del delito y de contar con información que permite caracteriza los crímenes, las autoridades continúan indiferentes; revictimizando a las mujeres que acuden a solicitar protección y promoviendo y alentando la ocurrencia de los feminicidios al proteger a los agresores con la impunidad.