Los vientos que soplan desde España son favorables. Por primera vez desde la transición democrática de 1978, los dos principales partidos de izquierda se unen para formar Gobierno. La articulación de izquierda, de la que Portugal fue pionera en Europa a partir de 2016, desempeñó un papel importante, si bien indirecto, en la solución española. Señaló que el sentido común podía formar parte de la política, a pesar de que durante mucho tiempo parecía impensable. Demostró que, más allá de lo mucho que divide a los diferentes partidos de izquierda, lo que los une es lo suficientemente sustantivo como para construir un programa de gobierno compartido.
Dado que era un camino poco transitado, hubo que ponerlo por escrito y detallar los términos del acuerdo. Se sabía que las desconfianzas mutuas eran muchas y persistían. Se sabía que las fuerzas (políticas, económicas y mediáticas) de derecha harían todo lo posible para demonizar al nuevo Gobierno y que el camino sería más fácil cuanto más vaga fuese la convergencia. También demostró que las políticas de la Unión Europea, pese a ser muy conservadoras, permitían cierta capacidad de maniobra y lo permitían aún más, siempre que la burocracia de Bruselas no se sintiese amenazada o cuestionada (lo que había sucedido con Grecia). Demostró, por último, que tras la devastación neoliberal de los años anteriores (con el empobrecimiento general de los portugueses), no aumentar demasiado las expectativas era importante (dadas las condiciones del país) y era políticamente aceptable en la medida en que lo poco, sabría a mucho. La solución resultó ser exitosa y los resultados de las elecciones legislativas de 2019 fueron una prueba de ello.
A lo largo de los últimos cuatro años los contactos peninsulares sobre este tema han sido muchos. Históricamente, las condiciones sociales, políticas y culturales de España fueron muy diferentes. Portugal tuvo una revolución en 1974, mientras que España realizó una transición pactada con la dictadura anterior y con quienes más se beneficiaron de ella, particularmente las élites económicas y la Iglesia católica. Por ejemplo, a pesar de las continuidades con la dictadura (especialmente en las Fuerzas Armadas y en el sistema judicial), en Portugal, como antes en Italia y Alemania, hubo consenso para eliminar de las calles, las plazas y los puentes los nombres más destacados de la dictadura, mientras que en España este tema continuó incendiando los debates prácticamente hasta el día de hoy.
A diferencia de Portugal, España tenía dos grandes fuentes potenciales de fracturas: la cuestión del régimen, dado el desgaste de la monarquía en los últimos tiempos, y la cuestión de las nacionalidades. Verdaderamente, solo después de 1808 los habitantes del Estado español manifestaron cierto sentido político de pertenencia respecto al hecho de ser todos españoles. Por estas y otras razones, la voluntad política de convergencia entre las izquierdas tuvo altibajos en una secuencia simultáneamente turbulenta (tres elecciones generales entre 2016 y 2019) y paralizante (sucesión de Gobiernos de gestión ordinaria). Fue ganando consenso la idea de que en España, la mejor solución para una coalición de izquierda no sería el mero apoyo parlamentario (la solución portuguesa), sino la participación en el gobierno con responsabilidades políticas sustantivas. Sería una solución más arriesgada, pero la considerada más eficaz para enfrentar la oposición de la derecha, que se preveía feroz. Y la solución está ahí y todos los demócratas del mundo deberían saludarla. En este momento me gustaría simplemente señalar algunos puntos.
Más allá del acuerdo específico, y por encima de todo, lo más importante ahora es poner en valor el significado de la escala estatal de este ejercicio inédito de articulación política en la izquierda española. No hay precedentes de coalición a escala estatal, excepto el breve Gobierno de Juan Negrín, en 1937, en coalición con el Partido Comunista. Hasta ahora solo había habido coaliciones progresistas a nivel autonómico. La articulación entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) rompe con una larga tradición de gobiernos monocolor y en solitario que en España se viene fraguando desde la Transición. Así, el nuevo Gobierno estará formado por dos partidos cuyo acuerdo progresista representa un intento dialogado de entendimiento mutuo entre las dos grandes culturas políticas actuales de la izquierda española: la de 1978 y una izquierda reciente pos-15M.
Además de una estrecha colaboración entre ambas culturas políticas, también va a tener que darse una estrecha colaboración (en forma de apoyo parlamentario) con partidos independentistas/nacionalistas/soberanistas, como el PNV, ERC, el BNG o Bildu. Lo que está en juego, en este aspecto, es la consolidación de una nueva mayoría, un bloque que integraría al PSOE y UP y se abriría a fuerzas nacionalistas (nacionalismos vascos, valenciano, gallego y parte del catalán) con capacidad para condicionar el rumbo de la política española. A este respecto, hay que lamentar la oposición al acuerdo de cierta extrema izquierda catalana, hija de una tradición fatal de cierta izquierda europea, que, con su maximalismo y sectarismo, allana el camino a gobiernos de derecha o incluso de extrema derecha, tal y como sucedió en Alemania.
El acuerdo es más global y ambicioso que el acuerdo de 2015 entre las izquierdas portuguesas. A lo largo de sus 50 páginas, el texto del acuerdo incluye compromisos y medidas progresistas que abarcan, en líneas generales, los programas políticos con los que el PSOE y UP concurrieron a las elecciones generales. Hay compromisos firmes en materia de educación, de memoria histórica, pensiones y de igualdad de género (las «políticas feministas» se destacan como uno de los once capítulos del acuerdo). Hay menos concreción en materia de vivienda, migraciones, política exterior, defensa y seguridad. Apunta a un programa socialdemócrata que tiene como objetivo principal restaurar los derechos sociales y económicos que habían sido debilitados o eliminados por los gobiernos de derecha. Contrariamente a lo que el PSOE defendió en su último programa electoral, se prevé la subida de impuestos para las rentas más altas (probablemente en torno al 0,8% de los españoles). Evita los temas que pueden generar más fractura. En política territorial subyace al acuerdo una tendencia federal. En el caso de Cataluña, propone la única solución de sentido común: abrir el diálogo y crear las condiciones para una solución política.
La investidura de este Gobierno tiene una importancia estratégica para Europa. La violencia casi golpista con la que la ultraderecha (la derecha más tradicional aliada a la nueva extrema derecha) ha tratado de bloquear la investidura no tiene precedentes en Europa, pero puede indicar el camino que el neofascismo europeo pretende seguir. Este camino consiste en no reconocer los resultados electorales siempre que sean desfavorables para las fuerzas de derecha y seguir una estrategia de desestabilización que tenga como objetivo llevar a cabo golpes suaves contra cualquier gobierno de izquierda, por moderado que sea. Esta estrategia tiene los siguientes componentes generales: deslegitimar mediáticamente las políticas del Gobierno con el recurso, siempre que sea necesario, a las noticias falsas; ampliar simbólicamente cualquier medida relativa a las ideas preconcebidas de la clase media para convertirlas en presagios del apocalipsis; «calentar» las calles, utilizando el mínimo descontento para provocar actos de represión legítima convertidos inmediatamente en amenazas totalitarias; recorrer al órgano del Estado más conservador y menos sujeto a presiones democráticas, el sistema judicial, para lanzar una guerra jurídica (lawfare) contra las políticas del Gobierno (la judicialización de la política utilizada de manera particularmente grosera en Brasil). Para llevar a cabo esta desestabilización, los agentes internos cuentan ahora con el apoyo de extrema derecha estadounidense (capitaneada por el predicador del eurofascismo, Steve Bannon), centrada en la destrucción de la Unión Europea. En el caso de España, es lamentable que la ultraconservadora Conferencia Episcopal se muestre preocupada y pida a los españoles que recen, a pesar de que el programa de gobierno no toca los Acuerdos Iglesia-Estado y solo elimina la financiación de las escuelas concertadas que segregan por sexo, eliminación derivada de un mandato constitucional.
El Gobierno progresista español necesitará el apoyo de todos los demócratas del mundo, en particular, de sus vecinos, nosotros, los portugueses. El Gobierno portugués se propone continuar con la política que inspiró a los españoles. Desafortunadamente, el Partido Socialista (PS) portugués consideró prescindible poner por escrito el compromiso con el Bloco de Esquerda. Todos sabemos que la enfermedad infantil de los partidos socialistas europeos es tener más miedo de los partidos a su izquierda que de los partidos a su derecha. Ojalá que los próximos cuatro años muestren que el PS está curado. Sería otra novedad esperanzadora para Europa y para quienes luchan contra el avance de la extrema derecha.
Traducción de Antoni Aguiló.