El 30 de enero de 2019, este medio publicó un excelente y preclaro artículo de Sergio Bitar que me inspiró algunas reflexiones que acá estoy expresando. En el artículo de la referencia, Bitar señalaba:

«El mundo y Chile han cambiado mucho desde 1973 y más aún desde 1990, y uno podría pensar que lo de entonces es irrepetible. En Chile, desde el inicio de los gobiernos democráticos, la sociedad civil fue perdiendo el temor, floreció la libertad de expresión e información, se comenzó a hacer justicia y fue creciendo la educación, el bienestar y la conciencia ciudadana. Se afianzaron las instituciones democráticas.

Además, se explicitó una doctrina democrática de las FFAA:

El monopolio de las armas, que la sociedad confía a los militares, nunca puede ser usado contra esa sociedad.

Debe existir plena subordinación a la autoridad elegida por el pueblo, y los militares no pueden intervenir en política. La reforma constitucional que terminó con la inamovilidad de los comandantes en jefe contribuyó a la obediencia militar (lamentablemente demoró 15 años, debido a la oposición de la derecha y de los senadores designados).

La verdad y la justicia son esenciales para afianzar la democracia y los violadores de derechos humanos han de ser juzgados. La Comisión de Verdad y Justicia es un ejemplo a nivel internacional».

El destacado es mío. Hasta acá mi referencia al artículo de Bitar, aun cuando recomiendo su lectura completa en este enlace.

Esta referencia nos sirve para reflexionar acerca de este importantísimo tema respecto a la sociedad chilena. La pregunta que surge es si realmente uno «podría pensar que lo de entonces es irrepetible» y si basta con «explicitar una doctrina democrática» como lo señala Sergio Bitar para generar un verdadero cambio de la cultura de las Fuerzas Armadas chilenas en lo que es y ha sido característico de su alta oficialidad. Reconozco que tengo serias dudas, sin dejar de reconocer que lo que señala Bitar es un avance.

Lo que señala Bitar es un importante primer paso, pero la experiencia histórica y algunos otros detalles nos obligan a pensar que no es suficiente.

Responsabilidades y riesgos de las Fuerzas Armadas

En esta sección queremos aportar muestras de situaciones de riesgo para la sociedad e institucionalidad chilena por parte de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas chilenas tienen y han tenido los medios para:

  • Cometer actos de alta corrupción

De manera sintética se puede señalar que las Fuerzas Armadas de Chile y, en particular, Carabineros y el Ejército, han sido objeto de múltiples investigaciones judiciales debido a una gran cantidad de fraudes económicos que se han descubierto al interior de sus filas, con desfalcos de decenas millones de dólares. A este fraude, que incluso se ignora tanto la cantidad de años que lleva realizándose y aún no se conoce con exactitud el monto, se le denomina Milicogate.

A esto se debe agregar los viajes de lujo en avión, el caso del manejo indebido del Fondo de Ayuda Mutua, la existencia de oficiales asociados a ventas de armamentos a bandas de narcotraficantes y del crimen organizado, desfalcos generados mediante la Ley Reservada del Cobre, otro cerrojo de la Dictadura, que le otorga el 10% de las ganancias sobre las ventas del cobre de Codelco directamente a las Fuerzas Armadas, fondo que es administrado de forma autónoma sin siquiera necesidad de rendir gastos a la población, entre otros aspectos de corrupción, todo ello de fácil acceso para ampliar la información acerca de estos hechos a través de Internet.

  • Ejercer influencias para detener investigaciones vinculadas a situaciones irregulares e influir en los poderes civiles

Señalo a modo de ilustración un acontecimiento que se conoce como el boinazo en pleno período democrático. El boinazo fue un hecho ocurrido el 28 de mayo de 1993, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en donde comandos del Ejército de Chile comandados por Augusto Pinochet se reunieron en las cercanías del Palacio de la Moneda armados y con vestiduras militares de combate. El evento se denominó boinazo por las boinas negras de los soldados reunidos.

Pocos días antes del boinazo, el diario chileno La Nación publicó una noticia con el titular «Reabren caso cheques del hijo de Pinochet», en alusión al caso de los pinocheques, que ya había sido postergado en 1990 por una presión previa de Pinochet padre y el Ejército, en lo que se conoció como el «ejercicio de enlace», ocurrido el 19 de diciembre de ese año. Producto de este evento, y dado que recién se estaba asentando nuevamente la democracia, Aylwin se vio obligado nuevamente a ceder. El caso de los pinocheques fue cerrado definitivamente durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien aludió a razón de Estado producto de nuevas presiones de los oficiales de Ejército en 1995, quienes esta vez vestidos de civil, realizaron un «picnic» en las afueras del Penal de Punta Peuco, donde cumplían condena militar acusados por violaciones a los derechos humanos.

  • Tienen el monopolio de los armamentos del país y el acceso a estos

Esta situación de privilegio fundamental les otorga al alto mando de las Fuerzas Armadas la facilidad para generar presión hacia la sociedad civil que no tiene modo alguno de defenderse frente a una situación de fuerza. Por otra parte tienen la posibilidad de hurtar armamento para fines ilícitos tal como ya ha ocurrido. Tienen además la posibilidad de sostener para la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas privilegios de índole social frente al resto de los ciudadanos en materias de jubilaciones con menor tiempo del necesario para jubilarse respecto a los del resto de los ciudadanos, contando al mismo tiempo con pensiones que el resto de la ciudadanía difícilmente puede acceder.

Algunos aspectos acerca de la cultura militar

Existe la costumbre de hablar de la familia militar. El tema interesante en este sentido es que no sólo se trata de «la familia de quienes comparten altos grados en la oficialidad de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas» sino que se aplica también a las familias de los diversos oficiales que no necesariamente pertenecen a las Fuerzas Armadas. Suele ser costumbre que a lo menos alguno de los hijos de las familias tradicionales en Chile inculque la conveniencia de seguir la carrera militar a alguno de sus hijos. Ello genera que el ambiente familiar está impregnado de la cultura militar que viene de muchísimo tiempo. Muchas veces las familias se relacionan con personajes que han sido parte de la historia de Chile. Conforman de hecho, «una clase diferente en la sociedad» la que se supone que tiene derechos adquiridos de tener ciertos privilegios respecto al resto de los ciudadanos.

Mientras los civiles no tengamos claro esto, será muy difícil que la cultura militar se modifique. En estricto rigor, resulta totalmente normal que los altos oficiales sean de hecho deliberantes respecto a lo que estiman adecuado o inadecuado en la sociedad chilena, lo que sin duda también se relaciona a los privilegios que ante el resto de la sociedad mantienen. De hecho, es posible encontrar en su cultura un dejo de superioridad respecto de los civiles.

Todo esto se tiene que tener muy claro si se desea Institucionalizar la verdadera dependencia de la oficialidad y altos mandos de las Fuerzas Armadas respecto del mundo civil. Hay que estar preparados para generar un proceso de cambio formativo en lo cultural a partir de la generación actual y desde los Institutos militares que se supone que formaría la consciencia que tendría que tener el futuro oficial. El diseño educacional de esta nueva cultura desde el mundo civil y todos los aspectos prácticos para implementarla es una materia urgente si deseamos tener una democracia real y estable.

Así mismo el tema del acceso a los armamentos ha de estar en manos del mundo civil. Habrá que Institucionalizar además el control de que la formación cultural democrática y respetuosa de los derechos humanos y de los principios éticos se cumpla. También deberá protocolizarse el acceso a los armamentos de manera que los altos mandos de las fuerzas armadas no tengan un acceso ilimitado, sino sólo bajo control, con una adecuada información de su ubicación física y de los responsables de su custodia. y sólo con objeto de desarrollar actividades de tipo preventivas y formativas de defensa.

¿Las Fuerzas Armadas chilenas son no deliberantes?

La alta oficialidad de las Fuerzas Armadas es una jerarquía totalmente diferente a las jerarquías menores. En determinadas circunstancias son totalmente deliberantes, pueden tomar iniciativas de presión respecto de los civiles como sucedió en el caso del boinazo durante el gobierno de Aylwin entre otros sucesos de nuestra historia.

En los casos de juicios por crímenes de lesa humanidad que puntualmente han existido, la justificación utilizada para la defensa de quienes participaron en ellos, era similar a la que los nazis decían en Núremberg al ser juzgados: «Obedecí órdenes» . Seguramente eso era cierto, ¿pero esa conducta de participar en crímenes de lesa humanidad se «justifica» porque se reciben órdenes?

Si se tiene un mínimo de ética y de consciencia y ya se conoce de las barbaridades que organismos de las Fuerzas Armadas estaban cometiendo, ¿no era más digno, más ético, más consecuente con un comportamiento humano, tratar de evitar participar en esas atrocidades asilándose en alguna embajada o saliendo hacia fuera del país? . De hecho hubo gente de las Fuerzas Armadas que evitaron ser partícipes de ese tipo de delitos , logrando evitarlos y seguir vivos. Algunos desafortunadamente lo pagaron con sus vidas. No existía y entiendo que actualmente tampoco existe, como sí lo es en el caso de Alemania y otros países, el derecho legal a negarse a cumplir una orden que atentara con la propia consciencia.

Pero la alta oficialidad con algunos personajes francamente psicópatas si sabía que es lo que hacían y nunca se arrepintieron. ¿Eso es parte de la cultura que aun impera en la práctica? No lo sé. Pero la posibilidad de que así siga siendo es preocupante.

Organismo Civil del Estado Chileno del cual dependan las Fuerzas Armada

Lo que señalo acá es sólo un esquema preliminar desde una situación de simple ciudadano que sin duda alguna debe ser revisado y diseñado de manera adecuada para ser aplicado. Es sólo un conjunto de ideas básicas para que en algún momento puedan ser diseñadas y aplicadas.

Al revisar la cultura, los privilegios y la historia de las diversas acciones de las Fuerzas Armadas en Chile pienso que es indispensable crear un Organismo Civil autónomo del estado del cual estas dependan en lo financiero y administrativo. Las funciones que podría ejercer este Organismo podrían ser:

a) El diseño de las bases y las modalidades prácticas que puedan generar un tipo de cultura cívica y ética que se necesita inculcar a las Fuerzas Armadas para realizar sus funciones en la sociedad chilena en tiempos de paz y vigilar permanentemente que esa labor de generación de dicha cultura cívica y ética se realice adecuadamente. Es decir, que lo que Bitar presenta en su artículo como doctrina democrática, sea llevado a la realidad de la sociedad chilena y que no sólo quede como una «doctrina» deseable pero que aún no se aplica.

b) Dicho Organismo Civil debería depender de la Presidencia de la República y tener un determinado protocolo que asegure la imposibilidad de futuros golpes de estado o el de ejercer presiones indebidas a los poderes civiles del Estado.

c) Las armas del país tendrían que estar bajo resguardo civil. Habría que diseñar un adecuado protocolo que asegure que la Institucionalidad civil conozca a lo menos que existe un catastro del armamento bajo control civil y de las armas que para efectos de la defensa y el adecuado entrenamiento de sus miembros estarían en poder de las Fuerzas Armadas

d) Dicho Organismo Civil tendría que controlar que el proceso de capacitación y formación cívica cultural y democrática y el control del acceso a las armas se cumpla de manera adecuada y permanente. La Contraloría General de la República tendría el control de que dicho Organismo ejerza adecuadamente sus funciones.

e) Este Organismo Civil debería encargarse de todo el manejo financiero vinculado a las Fuerzas Armadas, de manera que quienes las componen sean profesionales dedicados a sus funciones específicas. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas tendría acceso alguno al sistema de manejo y control financiero del presupuesto destinado al financiamiento de las mismas. No tendrían acceso directo a dineros para inversión y/o gastos, salvo el manejo de sistemas similares a Cajas de fondos Fijos con reposición sobre la base de rendición de cuentas..

f) Las Fuerzas Armadas no tendrían acceso a fondos de libre disposición ni reservados. Los gastos e inversiones que implique el funcionamiento de las Fuerzas Armadas serán transparentados al conocimiento público y su financiamiento general formará parte del Presupuesto General de la Nación. Ello implica eliminar fuentes especiales de financiamiento como la Ley del Cobre” que recién en agosto de 2018, en un solemne acto en el salón Montt Varas del Palacio de la Moneda, el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, y de Hacienda, Felipe Larraín, firmó las indicaciones al Proyecto de Ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional y que deroga la Ley Reservada del Cobre.

g) Las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz serán fundamentalmente de entrenamiento para garantizar la defensa de la nación en caso de agresión extranjera y apoyar a los organismos que colaboran en solucionar las situaciones de emergencia de todo tipo. Cada rama de las Fuerzas Armadas, lo hará en su correspondiente especialidad, tal cual sucede en la práctica actualmente y seguirá colaborando en las acciones de apoyo a los damnificados en situaciones de emergencia. Sería importante explicitar que para los tiempos de paz las Fuerzas Armadas tienen esta función como parte fundamental de su razón de ser y que podrían seguir potenciando y ampliando esta importante función social.

h) La Justicia Militar será revisada completamente. Sólo se aplicará en tiempos de guerra externa. Se eliminará el concepto de guerra interna para los efectos de las funciones de las Fuerzas Armadas. La Justicia Civil será la que se aplicará a todos los ciudadanos chilenos, incluidos a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y a todos los miembros de las mismas. Por supuesto que tendría que existir igualdad anta la ley cualquiera sea el cargo, origen familiar o vinculaciones sociales o económicas que tenga algún imputado, lo que desafortunadamente no ocurre actualmente en Chile y que sin duda es un gran tema que merece un análisis aparte.

i) Instaurar el derecho de obediencia debida, o derecho a la objeción de conciencia, de manera que nunca más se pueda utilizar en algún juicio el argumento de «cumplí órdenes» para justificar delitos graves o crímenes de lesa humanidad como los sucedidos en Dictadura muchos de los cuales se mantienen impunes. La idea es que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas pueda recurrir a un Tribunal de la Justicia Civil para denunciar el tipo de órdenes que recibió y que está desobedeciendo. En caso de que se confirme que esa orden violaba principios éticos y de respeto fundamentales, el oficial que dio la orden debería ser desvinculado de las Fuerzas Armadas y quedaría registrado ese hecho en sus Antecedentes Personales en uso en el país.

j) Será necesario que se estudie de manera adecuada los sistemas previsionales a que están afectos la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas de manera que no representen un privilegio en relación a las que existen para el resto de la ciudadanía del país. Al mismo tiempo se estudiarán todos los beneficios que impliquen determinados privilegios injustificados. Los viajes al exterior con motivos de formación profesional o de otro tipo que sean necesarios serán claramente definidos y sujetos a determinados protocolos cumpliendo con la Ley de Transparencia. Tendría que existir adecuados protocolos comunicacionales entre el Organismo Civil del que dependerán las Fuerzas Armadas y los altos mandos de las mismas para todos esos efectos prácticos.

Una propuesta final: modificación de nombre y lema

Para cerrar el artículo, una propuesta que pudiera parecer menor, pero que tal vez no lo sea tanto. Quizás sea el momento de modificar el nombre de nuestras Fuerzas Armadas de manera que reflejen lo que son sus funciones, (o las que deberían ser). Un nombre posible es Fuerzas de Defensa Nacional y de Apoyo a Emergencias.

Asimismo, quizás ya sea el momento de pensar en tener la valentía de modificar el actual lema de nuestro escudo nacional, que es impresentable en pleno siglo XXI con la idea de respetar los derechos humanos y la civilidad. Por la Razón o la Fuerza, que es el lema actual, representa un mensaje alejado del espíritu de lo que el presente análisis propone. El lema de Brasil, por ejemplo, es Orden y Progreso. El lema chileno podría ser de modo similar Inclusión, Participación y Respeto. Esto sólo a modo de ejemplo.