No imaginaron los países que concurrieron a la Novena Conferencia Internacional Americana en Colombia, que uno de sus logros principales, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado Pacto de Bogotá (1948), está siendo cuestionado en Chile, con tanta pasión y persistencia, por académicos y exdiplomáticos.

Lo ha consignado La Tercera y otros medios. Junto a la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre; las Convenciones sobre Concesión de los Derechos Políticos; Derechos Económicos a la Mujer; y la que creó la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron sus más resaltantes instrumentos acordados. Chile contribuyó a dichos textos y continúa sus aportes al Derecho Internacional, regional y mundial, pero ahora hay quienes proponen que cambie de parecer.

Por cierto caben diversas posiciones a ser analizadas. Estimo, sin embargo, que propiciar dicha denuncia resulta contradictorio a lo que siempre hemos sostenido como prioridades de política exterior: la aplicación irrestricta del derecho, la solución pacífica de las controversias, y la intangibilidad de los tratados, desde hace más de 130 años. El Presidente lo ha reiterado a Evo Morales, declarando que: «Los países honorables honran los tratados que firman». Precisamente el Pacto lo es. ¿Cómo explicarlo, si lo denunciamos unilateralmente?

Se ponen en duda estos principios, y se critica que seamos tan apegados a la juridicidad internacional, la que condicionaría nuestra acción exterior, una atadura legal, una falta de imaginación, y que nos conduce al fracaso; en particular si acudimos al Órgano Jurídico Principal de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia, a la que el Pacto sólo concede competencia anticipada, sin ser el único que la otorga, ni su único procedimiento de solución. Dicho Tribunal debe aplicarlo, y contribuye con su jurisprudencia, a la creación de una de sus fuentes auxiliares.

Y todo porque hay una sentencia próxima en el pleito con Bolivia, de la que se desconfía, y se augura, con temor, que será desfavorable y perjudicial, con riesgos para nuestra integridad territorial - lo que no está en juego - y antes de conocerla.

Se argumenta también, que sería oportuno enviar una potente señal a la Corte: la de que no estamos dispuestos a aceptar un fallo que no sea completamente concordante con nuestra defensa e intereses. Se sostiene que no es cuestión de oportunidad, sino adecuarnos a otros recursos legítimos del poder, y apego a la Carta de la ONU. Como si dicha Carta no tuviere como objetivo principal, la convivencia internacional reglamentada legalmente, para que los Estados adecúen a ella su poder, en particular las Grandes Potencias, y a las demás normas jurídicas internacionales. Para los menos poderosos, es la garantía de que no seremos presionados ni arrastrados a seguir sus designios, y podamos defender nuestros derechos. Para eso existen las soluciones pacíficas de los conflictos, y la Corte es una de ellas.

Se señala en beneficio del «pragmatismo» que, denunciando el Pacto, ya no tendríamos que preocuparnos de las acechantes e imaginativas nuevas controversias, que aseguran, nos planteará Bolivia. Cabe preguntarse cuáles son éstas. Ciertamente no serían las bélicas, que nadie sugiere por impensables. Entonces, sólo nos queda desarrollar y hacer eficientes las gestiones políticas internacionales, y específicamente, las diplomáticas, para no correr riesgos futuros.

Basta un breve análisis para constatar que ambas nos han sido esquivas. En ninguna de las controversias pasadas y presentes, con Perú o Bolivia ante la Corte, hemos recibido ningún tipo de apoyo político, o habido algún reproche a nuestros demandantes. Menos, alguna declaración de solidaridad hacia Chile, ni regional ni foránea. Pareciera que a nadie importó realmente que se nos cree un conflicto vecinal. Bolivia, en cambio, sí los ha obtenido de manera explícita y en foros multilaterales. Obviamente la apoyan por razones de coincidencia ideológica interesada, en particular en la OEA. Es dudoso, por lo tanto, que podamos confiar en una nueva era de respaldo político internacional a Chile, ni en un mejoramiento de las relaciones con Bolivia, que Evo Morales ha ofrecido luego del fallo. El largo historial de desencuentros no promete asegurar tiempos mejores. Tal vez un aprovechamiento que sea útil a su permanente reelección.

En cuanto a potenciar la acción diplomática, no cabe duda, sería deseable robustecerla. Nuestra política exterior, desde hace largos años, no ha logrado anticipar futuras controversias limítrofes, y tampoco contrarrestarlas oportunamente. Si ha existido una campaña comunicacional paralela, la boliviana ha resultado más efectiva. Por todas estas realidades, hemos debido comparecer ante la Corte como el recurso restante para defendernos, gracias al Derecho Internacional, e inclusive, utilizando el Pacto de Bogotá para defender el río Silala.

En este contexto, resulta menos culpable de lo que intentan presentarlo.