La industria del turismo se ha venido convirtiendo en un rubro de continuo crecimiento y de grandes inversiones. Esta industria es considerada en muchos países como un servicio de exportación con evidentes ventajas para diversos sectores socio-económicos, en especial para un desarrollo sostenible de las pequeñas y medianas empresas (o PYMES).

Sector de tanta importancia que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 70º período de sesiones, declaró a este año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La meta de este año celebratorio es de sensibilizar a los sectores gubernamentales, privados, y al público en general con respecto a la contribución del turismo hacia un desarrollo sostenible y convertir al sector en un catalizador de cambio.

En nuestros países en desarrollo el turismo ya es considerado como un pilar importante del desarrollo y sustenta índices de porcentaje considerable de los PIB locales. Ello ha generado un escenario en el que se destacan las ventajas de la industria del turismo. Pero se evade abordar ciertos efectos perjudiciales que se han venido dando en algunos países.

En especial queremos abordar el tema de las amenazas que han venido surgiendo para menores de edad—niñas, niños y adolescentes—que se ven arrastrados a situaciones de prostitución infantil, pornografía y tráfico de menores con propósitos sexuales.

Situaciones que afectan más directamente a niñas, niños y adolescentes de familias de escasos recursos, es decir a sectores importantes de la población juvenil de nuestras sociedades. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre el tráfico de menores y su explotación sexual afirmo recientemente que «es necesario colocar la protección de la niñez en el centro de las estrategias del Desarrollo Turístico».

La misma ONU, por medio de la Organización Mundial sobre Turismo (UNWTO por sus siglas en inglés), ha venido promoviendo un Código de Ética para la Industria Turística a nivel mundial y ha venido presentando ante la Asamblea General de la ONU a efectos de que sea conocido, discutido y aprobado como un convenio de la ONU. Así, tendría carácter de obligatorio cumplimiento para todos los países que se dignaren suscribirlo. Si bien este Código ha sido respaldado por la Asamblea General, no ha sido aprobado como vinculante.

Además, algunos Gobiernos a nivel bilateral y organismos no-gubernamentales tratan de llamar la atención a efectos a sumir los retos que ello implica y tomar medidas preventivas que permitan ir controlando algunas situaciones negativas que emanan de diversas expresiones turísticas.

Interesantes esfuerzos ya se han visto en otras industrias globales como para expresar su apoyo a la protección y no-explotación de personas, y prevención de causas bélicas:

Uno de los esfuerzos más conocidos sería el Proceso de Certificación Kimberly (KPCS por sus siglas en inglés), un esfuerzo en contra de la comercialización de los así-denominados «Diamantes de Sangre». Este sistema de certificación fue inicialmente creado por países africanos productores de diamantes en 2000 con la meta de garantizar a compradores de diamantes que no financiaban guerras o abusos a los derechos humanos al adquirir su(s) diamante(s). A finales de 2000, la ONU adoptó una resolución para la creación de un sistema de certificación que garantiza que diamantes no han sido vendidos para financiar guerras civiles. En 2002, el KPCS fue suscrito por países productores y compradores de diamantes y empresas especializadas en la producción de diamantes que incluyen DeBeers y el World Diamond Council (Consejo Mundial de Diamantes en español).

Si bien el KPCS generalmente ha sido recibido positivamente, algunos organismos, incluyendo Amnistía Internacional, dicen que el acuerdo no va lo suficientemente lejos. En 2011, Global Witness—una de las primeras ONGs dedicados al tema de los diamantes de sangre—se retiró del acuerdo, manifestando que el esquema había fallado en su propósito original y que no provee a los mercados suficientes pruebas de que los diamantes no son de sangre. A pesar de las críticas y tropiezos en su implementación, el proceso sigue vigente y 81 países forman parte (entre los cuales la Unión Europea es considerada como uno).

Otro acuerdo industrial global suscrito por países y empresas, pero tal vez no tan conocida, es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). El EITI es un estándar global establecido en 2002 tras la campaña internacional anticorrupción denominada Publiquen lo que pagan, enfocada en los pagos grises de empresas petroleras a países productores con la meta de hacer obligatoria la publicación de estos pagos. La meta del EITI es de aumentar la transparencia de pagos por empresas privadas a Gobiernos y entidades ligadas a gobiernos relacionados con los sectores mineros, gasíferos y petroleros. EITI también busca aumentar la transparencia en cuanto a los ingresos recibidos por países con industrias mineras (incluyendo extracción de piedras preciosas) y petroleras. Más de 50 países, 80 empresas y ONGs globales como Oxfam, Global Witness y Transparencia Internacional forman parte del EITI.

A nivel regional se han visto algunos esfuerzos de establecer estándares para el turismo responsable. La asociación Fair Trade (Comercio Justo) tiene un programa voluntario y sin fines de lucro de certificación denominado Comercio Justo Turístico. Trabajando con empresas turísticas en Sudáfrica, Madagascar, Mozambique, Zimbabue, Namibia, Seychelles, Botsuana, Kenia y Tanzania buscan establecer una sostenibilidad sobre bases sanas y desarrollar prácticas y servicios en apoyo de ello.

En 2004, UNICEF, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la ONG Terminemos con la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Trafico de la Niñez con Propósitos Sexuales (siglas ECPAT en inglés) lanzaron un Código de Conducta para la industria turística norteamericana que protege específicamente a los menores de edad de la explotación sexual comercial. Más de 50 operadores turísticos y sus respectivas asociaciones profesionales, además de hoteles y agencias de viajes ya implementan este Código, con un alcance estimado de 30 millones de turistas. Esto, después de que en 1996 ECPAT, la OMC, y operadores turísticos de los países nórdicos crearan su propio Código de Conducta (conocido ahora como El Código) relacionado con la explotación sexual de menores en turismo. Más de 1.200 empresas turísticas alrededor del mundo se han suscrito al Código.

La gran mayoría de turistas sexuales provienen de países industrializados. ECPAT EEUU estima que el 25 por ciento de turismo sexual fuera de EEUU es realizado por estadounidenses y a mediados de los años 1990 la revista Business Week reportó que sólo en EEUU existían más de dos docenas de empresas especializadas en el turismo sexual. Por eso, ahora más de 40 países tienen leyes relacionados con la explotación sexual extraterritorial de menores.

Entonces, ¿por qué no tener un acuerdo global, sea vinculante o vía certificación voluntaria y positiva (forzándolos a cumplir por vergüenza, al menos), especialmente enfocado en el turismo y la protección de menores de edad? Desafortunadamente, este tipo de iniciativas son confrontadas por múltiples intereses de tipo económico con fuertes inversiones y que no ven con buenos ojos regulaciones que podrían limitar la afluencia de turistas a ciertos destinos facilitadores de tráfico sexual de niñas, niños y adolescentes.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EEUU) estima que el comercio sexual global de menores vale alrededor de los EEUU$ 32.000 millones anuales. Y en algunas partes del mundo se reconoce como parte del crecimiento económico del país—un caso reciente fue de un ministro de Gobierno del sudeste asiático quien denominó el comercio sexual de menores como «creación de empleo», esto en una subregión donde algunos estiman que un 30 por ciento de las personas prostituidas tienen entre 12 y 17 años de edad.

Los conceptos sobre una industria del turismo respetuosa de los derechos y dignidad de toda persona humana han sido reafirmados al suscribirse los nuevos 17 Objetivos de desarrollo Sostenible de la ONU que, en su Objetivo Número 8, procura «promover el crecimiento sostenible e inclusivo; el empleo pleno y productivo; y el trabajo decente para todos».

Dicho objetivo contiene un ítem que establece para 2030: «elaborar y poner en practica políticas encaminadas a promover un Turismo Sostenible, que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales». Asimismo, un ítem anterior declara: «Para 2020 reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación».

Es decir, ya existe un compromiso de los países suscriptores de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos ellos miembros de la Asamblea General de la ONU. Organismo mismo que tendría que abordar este tema en aras de promover una protección especial para el sector más débil de nuestra población.

Además, como referimos antes, los niveles de población afectados no cuentan con personajes como Harvey Weinstein, de los EEUU, cuyos abusos sexuales con jóvenes del mundo cinematográfico ha sido motivo de publicidad en todo el mundo. Abusar de jóvenes anónimos no pareciera importar.

Por ello debemos enfatizar sobre este tema y presionar a nuestros gobiernos para hacer efectiva la aprobación y amplia divulgación del Código de Ética que propicia la ONU sobre la Industria del Turismo. No podemos continuar actuando en este tema con el comportamiento señalado por la Academia del Oscar al expulsar al referido Sr. Weinstein de esa organización: «era de ignorancia voluntaria y complicidad vergonzosa sobre comportamiento sexual predatorio».

Nuestra niñez merece más y mejor. Actuemos en su protección.