Mientras que la prensa nacional española se centra en el referéndum anticonstitucional de Cataluña de octubre, en estos días y en Murcia, a 600 km de distancia y sin relación con aquel problema, los vecinos de esta capital reivindican la voluntad popular al grito de «¡No al AVE sin soterramiento!»
Murcia es la séptima ciudad más grande de España, y está situada al sureste de la península ibérica, a las orillas del río Segura y próxima al Mediterráneo. Con sus 440.000 habitantes es un importante municipio en el que las industrias y servicios conviven con su tradicional condición de exportadora agrícola. La región de la que es capital ha arrastrado hasta hace pocos años graves deficiencias de comunicación con las provincias vecinas que, aunque se han solucionado mediante autovías, siguen pendientes respecto del ferrocarril. Concretamente, en su cruce por la ciudad, el trazado ferroviario constituye un problema ya longevo, puesto que la divide en dos partes, dejando varios barrios populares y de expansión marginados del resto.
El pasado 12 de septiembre, como de costumbre cada martes, junto al ¡paso a nivel! de Santiago el Mayor, inmediato a un centro escolar, la Plataforma Pro Soterramiento, protagonizaba una manifestación de protesta, con miles de personas de las zonas afectadas, ante la próxima llegada del AVE en superficie. Esta plataforma es una organización vecinal que plantea desde hace más de 20 años que las vías del tren queden bajo tierra a fin de que no formen una herida abierta dentro del casco urbano.
La previsión de una conexión de alta velocidad ha venido a empeorar el asunto, ya que, por exigencias técnicas, resulta obligado a establecer un conjunto de mamparas de cinco metros, las cuales recuerdan a un muro. Con ello los continuos compromisos adquiridos por la Administración y reiteradamente incumplidos, quedan aplazados una vez más y de una forma drástica.
Ese mismo día 12 de septiembre se producían actos vandálicos en la zona, que fueron condenados por la plataforma, según informa el periódico local La Verdad: «Entendemos la indignación de los vecinos por la violencia que, a su vez, los Gobiernos central, regional y municipal ejercen contra ellos condenándolos a vivir en guetos, pero ¡jamás! esta plataforma como colectivo va a cruzar esa raya».
El 14 de septiembre, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confirmaba durante su visita a Murcia, que el soterramiento llegaría integral hasta la ciudad, en la estación del Carmen, con un plazo de realización de 36 meses. Este proyecto consiste en la ejecución de unos 1.100 metros de soterramiento urbano con una inversión de 200 millones de euros en obra civil.
Al margen de otras consideraciones resulta muy difícil de entender cómo por parte de las autoridades se ha decidido esta solución de realizar un trazado provisional en superficie que luego debe ser sustituido, suponiendo que se cumpla esta nueva promesa. Es sorprendente que si está realizado ya el itinerario de alta velocidad hasta Beniel (a 16 Km de Murcia) no se haya previsto un enlace tradicional y rápido entre ambas localidades, mediante trenes específicos, mientras se ejecuta el recorrido soterrado.
Por la tarde del mismo día 14, en la nueva protesta, convocada por la Plataforma Pro Soterramiento por tercer día consecutivo, tuvo lugar una carga policial contra los manifestantes, entre los que se encontraban niños y ancianos. Unos 60 agentes de la Policía Nacional intervinieron en el paso a nivel de Santiago el Mayor, resultando heridas varias personas que precisaron de asistencia médica, según informan los medios locales y las redes.
Tras estos sucesos, los vecinos de Murcia han reflejado su escepticismo ante las palabras del ministro, manteniendo la convocatoria de nuevas manifestaciones pacíficas en el paso a nivel de Santiago el Mayor, que sigue siendo una muestra palpable de tantas promesas incumplidas. Y esta actitud solo debe ser entendida como expresión de una frustración ya crónica ante la inactividad de unos políticos sordos que han demostrado, y con creces, no saber escuchar las demandas lógicas y válidas de sus ciudadanos.