Una política de seguridad disparatada. Los datos emitidos de diversas instituciones que se encargan de medir la evolución de la delincuencia y la situación de las cárceles de Venezuela ponen en evidencia el fracaso de las medidas implementadas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. De ahí que, mientras ascienda el total de asesinatos o de actos delictivos, el único dato que asciende es el número de presos políticos que se atribuyen al Gobierno Nacional.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, ha asegurado que durante lo que va de año se han registrado un total de cuatro detenidos por motivos políticos, lo que representa uno más que el mismo período de 2016. Unas detenciones que, en más de una ocasión, se ha realizado sin una orden judicial e incumpliendo con los procesos y requerimientos legales. Aunque las cifras puedan parecer bajas, es importante recordar que, en términos generales, los presos de conciencia superan los 110 ciudadanos, de los que 16 son mujeres.
Con el Gobierno movilizando sus fuerzas policiales para reprimir a opositores, los datos de delincuencia se disparan dentro y fuera de las cárceles. De ahí que, por ejemplo, el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones revele que, de las 54.738 personas que están dentro de los centros penitenciarios, 173 fueran asesinados en las instalaciones bajo protección gubernamental, a los que se suman 268 más que han sido heridos. Una situación que está promovida ante unas tasas de hacinamiento del 153%.
La impunidad reinante en Venezuela ha generado una escalada gradual de la violencia, delincuencia y homicidios que aún no termina de alcanzar su tope. Sólo en la ciudad de Caracas se han registrado un total de 504 muertes violentas durante enero de 2017, lo que representa un incremento considerable respecto al mismo mes de 2016, cuando se contabilizaron 474 ingresos de víctimas de la violencia a la Morgue de Bello Monte. El mismo lugar donde, en el primer mes de 2015, se contabilizaron 447 homicidios. No obstante, se prevé que la cantidad real de asesinados es mucho mayor.
La falta de una estimación exacta radica en la opacidad del Gobierno de Venezuela. Al ver el impacto político que generaban las noticias sobre la delincuencia, los miembros del Poder Ejecutivo ordenaron retirar la publicación oficial de datos sobre homicidios, lo que ha obligado a los medios de comunicación a realizar un conteo diario entre las principales morgues de las ciudades, a los que hay que sumar los ciudadanos que son asesinados y quedan abandonados en alguna parte del país de forma clandestina.
De acuerdo a un informe del Observatorio Venezolano de Violencia, el 2016 cerró con una cifra estimada de 28.479 muertes violentas, frente a unos 27.875 homicidios documentados durante el 2015. Un récord de muerte y violencia que se prevé que se superará al cierre del presente ejercicio. De ahí que se estime la posibilidad de superar la tasa de 91,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Unos resultados que pondrían a Venezuela al borde de consolidar su lugar como el país más peligroso del mundo.