Ley Bases: bienvenidos al paraíso de los super ricos

Entre palos y gases, el Senado aprobó la Ley Bases. Es oficial, Argentina se convirtió en una zona liberada para el capitalismo extremo.

Horas finales

“Se está pudriendo mal en Buenos Aires” escribe una compañera de trabajo en un grupo de WhatsApp. Abro el mensaje para responder, pero no sé qué decir. En la Biblioteca Popular Julio Argentino Roca anuncian que ya nos debemos retirar. Sus puertas cierran a las 18, la hora de la convocatoria a una nueva protesta en la ciudad, pero sin gas pimienta, cachiporras, gritos y bombas de estruendo que esparcen su humo tóxico en el aire. A diferencia de la gran capital, Río Negro no adhirió al “protocolo antipiquete” de seguridad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ahora las calles se pueden caminar sin sobresaltos.

Lo que si se disemina por todos lados es el miedo de quedarnos sin nada. Se cuela en los huesos, como la humedad en las paredes de la vieja biblioteca. Ya se ve algún despliegue de gente detrás del gran ventanal que apunta a la plaza San Martín. ¿Cuántos vendrán, seremos los mismos de siempre?

Comienzo esta crónica y tengo mil pestañas abiertas. En Senado TV¹ sigo por partes las intervenciones de los senadores y senadoras que deben decidir si aprueban la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”², o sí, aunque sea por piedad, le dan una chance de vida más al Estado de Derecho que se encuentra en terapia intensiva. En otro medio las imágenes de la brutalidad represiva, donde participan policías, gendarmes y prefectura escupen con fuego el odio desparramado desde la Casa Rosada y sus trolls mediáticos.

Se apaga la última luz y ahora sí, apurado guardo mis cosas y me retiro. Afuera es un manto gris y homogéneo. Por dentro, la angustia y preocupación no pueden disimular un saludo seco a las bibliotecarias que me dicen, “te esperamos mañana”.

Temores vinculados

Luego de seis meses sin una sola victoria parlamentaria, el oficialismo espera que por fin “las ratas del Congreso” le voten una ley, aunque la misma tenga 238 artículos organizados en siete títulos. El paso del tiempo tuvo su explicación más allá del clásico “ponen palos en la rueda”, ya que, en su totalidad, dicho cuerpo normativo configura un nuevo orden político y económico, aun siendo un tercio de la pretendida Ley Ómnibus que falleció en el Congreso.

Los espacios políticos opositores al neoliberalismo y su flamante vertiente anarcocapitalista, junto con los sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos y ambientales. Sumadas a las multisectoriales locales, conformadas para enfrentar el ajuste que impacta en las economías regionales, las universidades públicas y demás grupos de interés despliegan sus banderas para comenzar la marcha.

En sus comunicados, todos estos sectores coinciden en que el título I de la Ley Bases, que busca declarar las emergencias públicas en materia administrativa, económica, financiera y energética, además de otorgarle a Javier Milei amplias facultades extraordinarias por el plazo de un año, encierra una peligrosidad inusitada para la democracia.

Quizá no tanto por la contradicción de la propuesta respecto al artículo 76³ de la Constitución Nacional, que establece que las facultades delegadas a los Ejecutivos deben ser direccionadas a un sector específico de la estructura productiva y administrativa de la Nación, y no limitar las funciones del Congreso, como es el caso. Más bien, el temor radica en que los superpoderes terminen por enaltecer la saña del presidente, y que su desprecio por la cosa pública y los derechos sociales que protege el Estado traspasen los límites morales de cualquier democracia, como de hecho viene ocurriendo, solo que ahora sería con el aval del Congreso.

Desde esta mirada, la delegación de poderes encubre una reforma constitucional de facto que podría potenciar los delirios mesiánicos de Milei a “nivel dios”. Varios son los signos de autoritarismo que alertan las razones esgrimidas.

La inercia de la extorsión

Los efectos de las facultades delegadas erosionan el sistema representativo, al permitir la extorsión a los senadores y senadoras de las provincias para acompañar las locuras del presidente, con la promesa espuria del envío de dinero para las obras públicas paralizadas, que además de ser un símbolo de la desidia y provocar caos vehicular y accidentes, afectan la imagen de los gobiernos provinciales.

Tal es el caso que trascendió en Río Negro. La senadora Mónica Silva del bloque Juntos Somos Río Negro (el partido provincial que gobierna hace 12 años), junto al gobernador, “El Brujo” Alberto Weretilneck expresaron que acompañarán la ley en general. A cambio, Nación enviaría las partidas para la continuidad de las obras en las rutas nacionales que recorren el territorio provincial, como lo es la nueva rotonda de la ruta 22 y 250 en la localidad Choele Choel, aún sin terminar.

Asimismo, días previos al tratamiento de la Ley Bases, la senadora Lucila Crexel, que representa al bloque Comunidad Neuquén, también oficialismo en la provincia patagónica, aceptó ser nombrada embajadora de Argentina ante la UNESCO por el Gobierno Nacional. De ser así, pasaría a vivir en una modesta casa parisina y cobraría unos 12 mil dólares mensuales (cerca de 11 millones de pesos argentinos). La senadora negó que haya sido a cambio de su voto positivo, alegando que fue un pedido explícito del gobernador Rolando Figueroa. Sin embargo, Crexell votó en contra del DNU 70/2023 que rige actualmente.

En diálogo con La Nación⁴ dijo que su formación académica está vinculada a la agenda internacional. Ello no evitó que sea denunciada por el delito de "cohecho"⁵, acorde al artículo 256 del Código Penal, que establece penas de prisión e inhabilitación perpetua a los funcionarios “que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones". Claro que nada de esto pasará a mayores.

Las sospechas y la evidencia

La manifestación comenzó. Me acerco a paso ansioso por una vereda de mosaicos decolorida. Busco alguna cara conocida entre la multitud de rostros viejos, jóvenes y cansados. No la encuentro, hay muchas y ninguna me convence. Distingo a comerciantes y jubilados, no los había visto antes. Sigo solo, perdiéndome entre la gente. Cruzo a las militancias de cada sector de punta a punta. Camino rápido, esquivando los bombos que suenan y se desvanecen.

En los cafés las miradas parecen no entender qué sucede, hay algo de desprecio en su absoluta indiferencia. Damos una vuelta por el centro, paramos un rato en la Cámara Federal de Apelaciones, para volver a la calle Tucumán y Avenida Roca y dar fin al ritual popular. Son las 21 horas, es de noche y hace frío, por suerte en casa tengo internet para ver la votación final.

Entro a casa, prendo el calefactor y la compu casi al mismo tiempo. El canal transmite el debate en vivo. El senador salteño de Cambio Federal, Juan Carlos Romero propone la moción para votar por títulos. La estrategia de votación responde al cansancio de los senadores tras trece horas de debate aduce Romero, uno de los tantos senadores y senadoras de la oposición dialoguista que se fue construyendo en estos meses, marcados por conflictos y posteriores negociaciones entre las provincias y la centralidad porteña que caracteriza la ética gobernante de Argentina.

Votar por títulos es ganar tiempo para que se vote a favor la ley, es lo que anhela Victoria Villarruel, mientras comanda el Senado y observa atenta y sonriente el movimiento de sus partidarios y aliados. Es lo que espera Milei, quien esta vez aseguró su presencia en Buenos Aires, postergando varios vuelos de su viaje al G7 en Italia. En 15 minutos se vota y gana la moción de Romero para votar por títulos: 37 afirmativos y 33 en contra. Ahora sí, comienza la votación.

Son las 23 con 14 minutos y se está por votar la ley en general, la mayoría requerida para su aprobación es de 37 votos (más de la mitad de los legisladores y legisladoras presentes). Las especulaciones de algunos sectores y el lobby corporativo operan hasta el último segundo, antes de apretar el botón verde o rojo. La elección es apretada, la cámara apunta a la pantalla donde se visualizan los votos. Tensión, nervios, llámenlo como quieran. Hay empate: 36 votos afirmativos y negativos, le toca a la vicepresidenta desempatar, es su momento y lo disfruta, toma el micrófono, eleva su postura corporal y dice: “hoy vimos dos Argentinas: una violenta, que incendió autos y que arrojó piedras, y que debate el ejercicio de la democracia… por esos argentinos que sufren, que esperan que se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años, que no quieren ver a sus hijos irse del país, y que merecen el orgullo de ser argentinos: mi voto es afirmativo”. Hay abucheos, y murmullos, pero ella continúa con voz alta. Se aprueba el paquete general de Ley Bases en la Cámara Alta.

Afuera la represión y los hechos de violencia organizados por grupos infiltrados en las protestas tensionan el ambiente. Ahora los medios informan que son al menos 31 las personas detenidas, ninguna de ellas está vinculada a los incidentes que justifican el relato de Villarruel, pero las tapas de los diarios hegemónicos más influyentes usan las fotos del auto incendiado para sus portadas en papel y en sus páginas web. El objetivo está consumado, quienes se animan a protestar son tachados como golpistas y terroristas por el relato del gobierno.

Empieza la votación título por título, el primero, que declara las emergencias públicas y delega facultades legislativas al presidente hasta mediados del 2025 termina también en empate, 35 votos afirmativos y en contra. Villarruel vuelve a desempatar y logra que se aprueben los títulos referidos. Un hecho curioso fue la ausencia sorpresiva de los senadores santacruceños, Natalia Gadano y José María Carambia, de la cámara, lo que permitió al oficialismo ganar la votación. El temor se hace realidad, y por más que una Comisión Bicameral Legislativa controle las acciones del mandatario, Milei podrá gobernar vía decretos sin pasar por el Congreso.

Las sospechas se vuelven evidencias, estamos ante el primer gran triunfo político del oficialismo. Hay que decirlo, corrigieron errores y concedieron algunos pedidos sectoriales ¿Quién sabe realmente cuántos acuerdos de pasillo ciego se comprometieron en las idas y vueltas de funcionarios y asesores desde el Congreso a la Casa Rosada, y de estos hacía sus territorios provinciales?, aunque es mejor la expresión del senador nacional Wado de Pedro: “¿Le vamos a dar superpoderes a una persona que dice que viene del futuro, que dice ser Terminator y “un topo” que quiere destruir el Estado desde adentro?”⁶. A fin de cuentas, las preocupaciones cumplieron las expectativas de declive anunciado: la inconstitucionalidad ya no le importa a nadie.

Rectificar o ratificar

El título II que refiere a la reforma del Estado en relación con las empresas públicas “sujetas a privatizaciones” también termina empatado, con 35 votos. La presidente del senado vuelve a ser protagonista, dando el voto que ratifica el rumbo liberalizador. Sin embargo, no todas las Sociedades del Estado podrán ser privatizadas o eliminadas por el Poder Ejecutivo. En los acuerdos previos se excluyeron a organismos de gran importancia para el desarrollo financiero, científico y tecnológico de la Nación, como el Banco de la Nación Argentina, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), o la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En el ámbito cultural se mantienen el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), entre otras⁷. Todas estas empresas vienen sufriendo un ajuste estructural de sus recursos y despidos masivos de personal.

También es importante mencionar que se excluyeron las empresas de bandera, Correo Argentino S.E, Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F S.A.), Radio y Televisión Argentina S.E, Agencia Télam S.E. No correrán la misma suerte las empresas vinculadas al transporte ferroviario y las fabricaciones industriales militares. El tercer título sobre contratos y acuerdos transaccionales, la votación resultó 37 afirmativos y 33 negativos. El mismo panorama sucedió con los capítulos IV, V y VI, de fomento del empleo registrado, modernización laboral, y energía. En todos los artículos se fortalece al sector privado y se reduce la intervención del Estado, tal como expresa el inciso C del artículo 2°, que versa sobre principios y propósitos de la ley:

La profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria.

(p. 2, texto original de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos)⁸

En ese sentido, encontramos que se eliminan multas al trabajo no registrado y se derogan leyes que protegen a los empleados/as, formalizando la flexibilización laboral. En materia energética, si hay escasez de recursos energéticos se prioriza la exportación en lugar del autoabastecimiento interno, por ejemplo, de gas o de agua para consumo humano. Los beneficios empresariales están por encima de las necesidades de la población y eso nadie lo discute.

La votación avanza rápidamente, ya está todo hablado, algunos senadores solo opinan para ver si logran derogar algún artículo que afecte a sus intereses aferrados a las necesidades financieras de las provincias. La electrizante votación va perdiendo su intensidad, hay cansancio en las alocuciones. El senador de San Luis, Bartolomé Abdala, miembro del partido de gobierno (LLA) ahora se encarga de presidir provisoriamente el Senado, Javier Milei, ahora tranquilo, partió para Italia y Villarruel ocupa su cargo de forma momentánea. Abdala, quien proviene del peronismo puntano se encarga de echar por tierra cualquier pedido de modificación realizada por senadores dialoguistas. Pero como siempre pasa, la frutilla del postre se saborea al final.

Argentina: zona liberada para el capitalismo extremo

Queda el último voto: el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) o título VII, que va del artículo 162 al 226 inclusive. Es sin duda el más polémico, debido a la acumulación de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a las inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Se trata de un articulado especial, destinado al sector primario exportador. No obstante, en Argentina ya existe un régimen de inversiones extranjeras, regulado por la Ley 24.196 que se promulgó hace 30 años, el 19 de mayo de 1993, cuando Carlos Menem también reformó al Estado en un sentido neoliberal.

La diferencia es que el viejo régimen se aplicaba solo al sector minero, y el RIGI apunta al gas, petróleo, energías, agroindustria, infraestructura, forestación, tecnología, siderurgia y turismo. Estos últimos agregados por el senador Abdala en plena votación. Ambos regímenes de inversiones prometen 30 años de estabilidad para cada nuevo proyecto que decidiera invertir en el país. Al cumplir 30 años de las concesiones de exploración de las empresas mineras, el nuevo RIGI busca profundizar el modelo extractivista.

“Digamos, o sea”, que Argentina necesita inversiones no es una novedad. Luego de varias tratativas, a principios de mayo Caputo logró un acuerdo con el FMI para el desembolso de dólares. El organismo anunció que las metas de acumulación de reservas, de emisión monetaria y de déficit fiscal fueron “sobrecumplidas”, o sea que “el ajuste más grande de la historia” superó los números esperados por los técnicos del fondo. Ahora, con la ley votada, el directorio prometió que avanzará para liberar unos US $800 millones. Mientras el Banco Central sigue esperando. De seguro la votación positiva abrirá la billetera del Fondo.

Las alarmas fueron encendidas por las pymes argentinas, y en general por cada eslabón de la producción nacional, que será excluida de los incentivos que promete la ley⁹. Más aún, lejos de mejorar la balanza de pagos, el RIGI la empeoraría. La palabra ambiental no existe en el plexo normativo, no hay alusión a la sustentabilidad ambiental en los criterios de adhesión al régimen para las empresas, que sí mencionan el cumplimiento de la factibilidad técnica, económica y financiera. La pérdida de competencia jurisdiccional de provincias y municipios para el control ambiental es total.

Aun así, los cantos de sirenas que seducen a los gobiernos de las provincias mineras llegaron a los oídos de los senadores de Unión por la Patria, Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), que al final de la votación aportaron tres de los 38 votos positivos que obtuvo el título VII dedicado al RIGI. El atractivo de los capitales externos para los representantes del Norte Grande del país, que comparten una matriz productiva común basada en el extractivismo minero, trascendió más allá del acuerdo del bloque de Unión por la Patria de votar en contra. Los cruces posteriores entre las referencias partidarias del bloque de UP se expresaron en acusaciones en la red social X contra los senadores que dieron su voto, tal como nos vienen mal acostumbrando la política algorítmica.

Cierro la computadora sin apagarla. Estoy agotado de tanta información. Es hora de descansar, si el cerebro lo permite.

En la mañana del 13 de junio el desayuno informativo viene muy cargado. Las publicaciones de Instagram sobre los resultados de la votación exponen la polarización de las posturas, cada comentario participa de frases hechas que suenan bien, son graciosas e imponen un sentido antiderechos. La ley y el Paquete Fiscal se votó a favor en general y cada uno de los títulos en particular. Algunos artículos quedaron pendientes de resolver en la Cámara Baja, que será la que deberá aprobar o no los cambios del Senado. Si los diputados y diputadas rechazan las modificaciones quedará sancionada la redacción original. En caso de inclinarse por la positiva de los cambios, de todas formas quedará sancionada. Es decir, ni fu, ni fa. La ley sigue.

Muchos analistas coinciden que era necesario que así suceda, para que el gobierno pueda sostener su política económica y social sobre la base de un consenso democrático, que evite la conflictividad social. Todo lo contrario, las inconsistencias con la Constitución Nacional, más cada artículo interpretado en un contexto de crecimiento de la violencia institucional y disciplinamiento mediante la represión cancelan ese noble ideal. Estamos ante un plan de negocios perfectamente pergeñado desde los estudios jurídicos de las corporaciones económicas, asesoradas por los ahora funcionarios de alto rango promovidos por el dedo de Karina y Javier, a sabiendas del acecho de Mauricio Macri ante cada falla estratégica para ocupar los espacios vacíos del Ejecutivo.

Para lograr la llegada de divisas mediante inversiones extranjeras y alcanzar el superávit fiscal que tanto prometió y prometió durante la campaña, Milei necesitaba la aprobación del paquete. Es más, durante la sesión en el Senado, en su exposición en el evento de economía, finanzas e inversiones ExpoEFI Milei dijo que “me van a tener que sacar muerto de la rosada para lograr quebrar el déficit fiscal”¹⁰. Tranquilo, el negocio ya está hecho, costó, pero aprendiste y ahora la pelota está de tu lado de la cancha Javi, ya no hay excusas, pesada herencia, ni palos en las ruedas para anteponer ante cualquier crítica.

La socióloga Maristella Svampa en la nota titulada Ley Bases: Hacia un no-país, el sueño libertario¹¹ sostiene que “estamos acá ante una situación paradójica sumamente grave desde el punto de vista institucional: sin golpe de estado ni disolución del Congreso, es el propio Congreso Nacional el que renuncia a gran parte de sus potestades, para cederlas a manos de un ejecutivo abiertamente antidemocrático y anti derechos”. La escritora hace referencia al concepto crack up, acuñado por el historiador Quinn Slobodian: la traducción es desmoronamiento o desplome y apunta a una crítica a la creación de paraísos fiscales, o zonas liberadas del mercado financiero para el desarrollo del capitalismo extremo, sin derechos sociales y de la naturaleza previstos.

Se trata de una tendencia del capitalismo en globalizar un modelo afín a las aspiraciones de los superricos, como Elon Musk. El presidente Milei quiere convertir a la Argentina en el primer Estado entero que adopte este paradigma desde sus propias leyes. “Milei es un experimento a nivel internacional que busca mostrar cómo y hasta dónde se puede avanzar con un capitalismo concentrador, desmesurado y ecocida y hasta dónde es posible despojar de derechos de manera rápida a toda una población, sin que esta diga basta”, sentencia Svampa.

Las facultades delegadas que sancionan el título I, junto al título VII que incorpora el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), funcionan como esos dispositivos médicos usados para bombear sangre desde las cavidades del corazón, hasta el resto del cuerpo con problemas cardiovasculares. Pero, la reforma estructural más grande de la historia, como le gusta alardear al presidente, tiene la sangre enferma y el corazón maldito.