Los organismos financieros tienen una gran responsabilidad en la situación climática global, en el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), gran protagonista de la arquitectura financiera, podemos encontrar varias fallas: una política climática reducida a una mirada economicista, que obliga a los países endeudados a seguir apostando por los combustibles fósiles. Mecanismos antidemocráticos al interior de su gobernanza y complicidad en la insostenibilidad de deudas soberanas. Estas son algunas de las claves del impacto económico y socioambiental de sus condicionalidades. En Argentina, que lidera el ranking mundial como máximo deudor, se dibuja la silueta de un perro que se muerde la cola, metáfora que grafica la dependencia financiera y el letargo silencioso del cambio climático.

Acuerdos económicos y desacuerdos climáticos

Con el Protocolo de Kyoto firmado en 1997, se puso en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Pero sin dudas, el gran acuerdo climático más importante a la fecha, data del 2015 y es el Acuerdo París, un tratado internacional jurídicamente vinculante (es decir que obliga a las partes a cumplirlo) del cual Argentina forma parte, entre otros 196 países.

Dicho acuerdo busca limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C para el año 2050, y evitar lo que se conoce como “el punto de no retorno”, no es ficción, los grandes poderes corporativos que controlan el mundo nos llevaron a este apocalypse now. Según el mismo informe aquí citado, “el acuerdo ayuda a proteger los ecosistemas vulnerables, reducir el riesgo de condiciones climáticas extremas, salvaguardar la seguridad del agua y alimentos, y minimizar los efectos negativos sobre la salud física y mental humana”. La realidad no parece ir en la dirección que propone el Acuerdo.

Si bien la matriz energética de la Argentina está dominada por los combustibles fósiles, y en 2021 representó el 89% de la energía primaria producida, el país se encuentra en los países que menos GEI per cápita emiten a la atmósfera1. El informe2 sobre el Clima y el Desarrollo de Argentina, elaborado por el Banco Mundial en el 2022 ubica al país en el puesto 155 del ranking, donde solo 10 de los 184 países producen el 72% de los gases. Pero la crisis climática no distingue demasiado estas cuestiones, afecta a diferentes regiones del planeta por igual, con consecuencias más graves en los países con menos espalda económica para prevenir y controlar sus efectos: sequías, incendios, olas de calor e inundaciones sobre los ecosistemas y las poblaciones.

El impacto en la macroeconomía se hizo notar con el fenómeno climático “La Niña”, que desde el año 2020, a 2023 generó una de las sequías más prolongadas en el territorio. De acuerdo con el medio Chequeado3, se sufrieron pérdidas del 50% en los cultivos, la actividad agropecuaria cayó un 36,8% y la economía un 4,3%. La sequía se profundizó durante el gobierno del Frente de Todos. A fines de la gestión, el ex ministro de Economía, Sergio Massa confesó que no supo manejar la gravedad que significó el fenómeno climático, y en plena campaña electoral fue una de las explicaciones por las cuales se quiso maquillar la pésima administración macroeconómica que le dio ventajas competitivas al candidato ultraderechista Javier Milei.

Las condiciones del FMI en la hecatombe de la pobreza

Luego de varias tratativas sin éxito, a principios de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo logró un acuerdo con el FMI para el desembolso de dólares. El organismo lo anunció en un informe técnico que anuncia que las metas de acumulación de reservas, de emisión monetaria y de déficit fiscal fueron “sobrecumplidas” por el gobierno de Javier Milei, o sea que “el ajuste más grande de la historia” superó los números esperados por los técnicos del fondo. Ahora, finalizada la octava revisión del programa, el directorio debe analizar el contrato firmado entre las partes, para decidir liberar un desembolso, acordado en unos US $800 millones. Mientras, el Banco Central sigue esperando.

Un nuevo frente de conflicto se abrió con las empresas energéticas, por la deuda del Estado con las generadoras de energía eléctrica (muchas de ellas multinacionales). Es un problema que preocupa a la embajada y el Departamento de Energía de Estados Unidos, y que por añadidura impacta en el FMI, bajo la objeción de “inseguridad jurídica” (me acordé del meme de Spiderman señalando a sí mismo). Tampoco el BID y el Banco Mundial están dispuestos en ampliar el financiamiento en el país, y el complejo agroexportador no está liquidando en tiempo y forma, ya que sus principales actores desean un tipo de cambio más alto.

Todavía sufrimos las secuelas de semejantes acciones. La pobreza en el país es la más alta desde el año 2002, alcanzando al 55% de la población en el primer trimestre del año, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), situación que cambiaría paulatinamente con la llegada de inversiones y el repunte de la economía, según las presunciones del Gobierno Nacional.

Si rebobinamos la cinta de la historia argentina4, desde la última dictadura cívico-militar (1976-1983) los problemas macroeconómicos se repiten: desorden financiero en la balanza de pagos, crisis de deuda pública y restricción externa, sobre la base de una estructura productiva extractivista y desindustrializada. Recordemos los años 90, cuando el Consenso de Washington funcionó como espejo diplomático del proyecto geopolítico de Estados Unidos en América Latina.

En aquel momento, el FMI diseñó planes de ajuste estructural, donde “los países del Sur Global debieron reducir su gasto fiscal, privatizar servicios y empresas públicas y liberalizar precios con la promesa de desarrollo económico”. Del Plan Cóndor aplicado en las dictaduras latinas, al consenso neoliberal de los años 90, las nostalgias del pasado vuelven en modo vintage, con actitudes posmodernas y disruptivas, En ambas ocasiones, tanto Milei, como el entonces presidente Carlos Saúl Menem asumieron con los números inflacionarios al rojo vivo. En ambos contextos, Estados Unidos es el dramaturgo de la obra y el FMI su director escénico.

Con la dolorosa explosión social del 2001, Néstor Kirchner, votado apenas con un 21% de los votos en 2003, canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el año 2006. Lo hizo en un solo pago de 9.810 millones de dólares. En términos del porcentaje del PBI, en aquel momento la deuda con el fondo era de un 4,85%. Claro, el contexto mundial y las políticas económicas implementadas permitieron acumular reservas de forma constante, con tres años seguidos de crecimiento del PBI a un 9%.

Trece años más tarde, en el 2018 Cambiemos decidió volver a pedirle dinero al FMI, por el monto de US $57 mil millones, cifra que posteriormente se redujo a US $44 mil millones. Pese al recorte, resultó ser el préstamo más alto de la historia, tanto para el organismo a nivel mundial, como para el Estado argentino. La estrategia del macrismo fue clara: forzar un escenario político y económico de subordinación financiera al poder internacional, que beneficie a la derecha neoliberal en la disputa por la hegemonía gubernamental.

En el año 2023, a finales de la infructuosa y fragmentada gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos), la deuda con el FMI involucró el 9,14% del PBI, en el marco de una deuda bruta que representó el 88,4% del PBI total. Los hechos fueron escupiendo la nueva y distópica era política en Argentina, un país del Sur Global que no puede acceder a financiamiento internacional, sin la aprobación del organismo multilateral sobre sus planes políticos y económicos. ¿Qué impactos conlleva la dependencia financiera con el FMI? ¿Y en materia social y ambiental?

Dos caras, una misma moneda

Para comprender la relación del FMI con Argentina desde una perspectiva climática, hablamos con María Marta Di Paola, licenciada en Economía y Administración Agraria. Desde 2009 trabaja en política ambiental y climática en Argentina, vinculada a instituciones financieras, dentro de la Global Strategic Communications Council (Consejo Estratégico de Comunicaciones globales), una red internacional de profesionales aplicados a los campos del clima, la energía y la naturaleza.

Dicha red tiene como miembro a la asociación civil Periodistas por el Planeta (PxP), dedicada a “impulsar una nueva narrativa sobre la crisis socio-ambiental en América Latina. En conjunto con la organización Recourse, publicaron el informe “La deuda es nuestra, la Vaca Muerta es ajena. El FMI, su política climática y las condicionalidades para Argentina”5. En su escrito de 35 páginas analizan el impacto político, financiero y ambiental de sus políticas en Argentina y recomiendan acciones en materia climática.

¿A qué apunta el informe “La deuda es nuestra, la Vaca Muerta es ajena. El FMI, su política climática y las condicionalidades para Argentina” elaborado por las organizaciones Recourse y Periodistas por el Planeta?

Lo que nosotros queríamos mostrar es la doble cara que tiene el FMI. Por un lado, en las reuniones internacionales se quiere mostrar como un actor que empieza a tomar las cuestiones climáticas en su agenda. Y por otro lado queríamos mostrar qué es lo que pasa cuando trabajamos de manera bilateral con los distintos países que son deudores con el FMI.

En su posición internacional se quiere mostrar como un actor preocupado por sus políticas climáticas. De hecho, en 2021 lanzó una estrategia climática que en realidad lo único que hace es tratar de posicionarse a nivel internacional, mostrándose preocupado por cuestiones climáticas, como un lavado verde, un greenwashing. Pero en ningún momento habla de, por ejemplo, el Acuerdo de París, que es el acuerdo a nivel internacional que los distintos países han asumido para evitar que la temperatura se incremente más allá del 1,5°C.

Lo que nosotros vemos es eso, por un lado, tiene esta estrategia climática de posicionamiento internacional, pero por el otro, cuando se sienta a negociar con los distintos países tiene una postura muy distinta, por ejemplo con Argentina, donde se fomenta la extracción de combustibles fósiles.

¿Qué es el precio del carbono y qué rol cumple en la política climática del FMI?

El FMI lo que empieza a hablar, como parte de su política climática, es ponerle precio al carbono, incrementar el precio de los combustibles fósiles, básicamente es ponerles impuestos cada vez más altos los combustibles fósiles, para que sean más caros y de esta forma desincentivar su consumo. Se trata de una política netamente economicista. Y lo que vemos es que no es necesariamente una condición que vaya a mejorar la situación que estamos atravesando. Esto está vinculado al principio de contaminador pagador, es decir, que aquel que contamina tiene que pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquellos países que tienen mayores reservas de combustibles fósiles van a tener que terminar pagando este tipo de impuestos, y no aquellos que los consuman, como por ejemplo la Unión Europea.

El informe considera al yacimiento de gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta como una “bomba de carbono”. La explotación del recurso está en el centro del desarrollo económico nacional. ¿Qué vínculo encontramos entre la definición del informe y la apuesta por Vaca Muerta?

Sí, mirá, hablando del Consenso de Washington, lo que yo siento es que, en este momento, citando a Maristela Svampa y Enrique Viale, es el consenso de los commodities. Es decir, no importa el signo político, el extractivismo es algo que está arraigado en nuestra estructura productiva, y donde se siente que la única forma para que el país pueda llegar a desarrollarse es a través de la explotación de los bienes comunes, o lo que también conocemos como recursos naturales. Y ahí hay un consenso que está extendido en todos los colores políticos.

Lo que nosotros vemos es que hoy en día hay que pensar: en función de los principios de lo que, en las negociaciones internacionales, se llama como responsabilidades comunes pero diferenciadas. Argentina es responsable por el 0,8% de las emisiones de efecto invernadero a nivel global, pero también venimos por detrás de muchas economías a nivel global, entonces también tenemos derecho a desarrollarnos. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Sí tenemos una deuda con el FMI, que no nos deja salir de esta estructura productiva, vamos a estar siempre como un perro comiéndose la cola.

¿Cuánta implicancia tiene el tipo de gobernanza que se expresa al interior del organismo?

Es el gran debate que hay en torno a la arquitectura financiera internacional, ¿quiénes son los que toman las decisiones en torno a los financiamientos, al financiamiento que llega a los países del Sur Global? Y lo que siempre vemos es que son las mismas potencias, o los mismos países sentados tomando decisiones en torno al financiamiento que llega a los distintos países. Y cuando hablamos de financiamiento climático, estamos hablando de deuda para nuestros países ¿Quiénes son los que toman estas decisiones? Por ejemplo, en el FMI, Estados Unidos tiene un derecho a voto del 16%, o sea, tiene el veto a mano, tiene un poder de veto por sí solo.

Entonces, parte de las demandas que hay a nivel internacional, en este caso en cabeza de Lula, presidiendo el G20, tiene que ver con pedir un cambio en las formas de votación y en los poderes de veto que tienen este tipo de instituciones. Me parece que es un debate que nos tenemos que dar, pero no solamente basar el debate sobre estas cuestiones, sino también ver ¿qué exigen estos países a los distintos países endeudados mediante las instituciones financieras? Además de tomar el papel que les cabe por las emisiones, no sólo actualmente, sino a nivel histórico.

¿Cuándo comienzan los organismos internacionales de crédito a replantearse su política respecto a los países deudores, desde una perspectiva ambiental?

En torno a eso es distinta la postura de distintos organismos, porque tienen distintos tipos de gobernanza según el organismo que estemos hablando. Por ejemplo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tienen un esquema de salvaguardas, que son las políticas o el marco regulatorio a nivel interno. Entonces, en algunos casos buscan alejarse de financiar proyectos que tengan vinculación con, principalmente, carbón y petróleo, no tanto con el gas. De hecho, tienen una política fuerte de pensar que el gas es como un combustible puente.

El FMI no tiene este tipo de marcos regulatorios. ¿Por qué? Porque no financia proyectos, hace un financiamiento internacional en pos de la estabilidad macroeconómica de los países. En ese sentido, a nosotros nos parece interesante este tipo de reporte, mostrar que es lo que pasa. Digamos, con este tipo de instituciones financieras que generan recomendaciones de política en el corto plazo, y que pueden impactar de manera significativa en el largo plazo.

Si Argentina va a basar su desarrollo de su economía en la extracción de combustibles fósiles, ¿esto cómo va a impactar? ¿Qué va a pasar en 2050, cuando basados en el acuerdo de París los países tengan que dejar de consumir combustibles fósiles? ¿Vamos a tener activos varados, que son activos que no llegaron a amortizarse, que no llegaron a cumplir con su vida útil? Eso es dinero que se pierde, son inversiones perdidas. Entonces, en lugar de generar una mayor presión hacia los combustibles, hay que ver ¿cuál es la matriz productiva de descarbonización de la Argentina, alejándose de los combustibles fósiles, pero también desarrollándose económica, social y ambientalmente?

Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que realizan para que el FMI adopte políticas serias en cuanto a la crisis climática que afronta el mundo?

Mira, te voy a mencionar algunas, el resto invito a quienes nos están escuchando a leerlas en el informe que está disponible en la web de Periodistas por el Planeta. Algunas de ellas son elaborar una estrategia climática que asegure que las intervenciones que hace el FMI en el corto plazo estén alineadas con objetivos de largo plazo vinculadas a este 1,5°C; incorporar una mirada climática en las distintas negociaciones que lleva a cabo el organismo; aumentar el financiamiento concesional a largo plazo, el financiamiento concesional sin condicionalidades es permitir que los países tomen decisiones de cómo utilizar el dinero que reciben.

Incluir análisis de sostenibilidad de deuda, que es lo que no hicieron en el caso de Argentina, y analizar los riesgos de estabilidad macroeconómica y financiera que implica incrementar la exportación de materias primas para los países deudores. Estas son algunas de las recomendaciones que están identificadas en el documento. A nivel regional, creo que sería importante que los países de Latinoamérica se unan para pelear un poco en torno a las decisiones que queremos.

La iniciativa de Gustavo Petro en Colombia es el caso más significativo, pero bueno, sabemos que están habiendo distintos colores en los países. Uganda también ha mostrado demandas que tienen que ver con la reestructuración de la arquitectura financiera internacional, se puede estar de acuerdo o no, pero son iniciativas que surgen del Sur Global, en demandas al Norte Global.

El endeudamiento como garantía de la injerencia imperialista

El FMI no busca garantizar la estabilidad financiera de los países en vías de desarrollo, al contrario, promueve el endeudamiento cíclico, protege las ganancias de sus acreedores, asegura la dependencia de los países deudores y consolida a Estados Unidos (su creador) en la geopolítica mundial. De hecho, en la actualidad no existe un mecanismo democrático que permita una negociación justa entre deudores y acreedores (bilaterales, multilaterales y privados). El sometimiento al capitalismo financiero es un negocio que fomenta el saqueo y profundiza el ecocidio. Si somos un perro que se muerde la cola, ya sabemos quiénes se divierten mirando de lejos.

Notas

1 Fuente: Emisiones de CO2 en 2022.
2 Acceso al Informe sobre el Clima y el Desarrollo de Argentina, elaborado por el Banco Mundial en el 2022.
3 Enlace al artículo de Chequeado.
4 Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional hace 68 años, el 20 de septiembre de 1956, mediante un decreto del teniente general del Ejército y presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. El organismo de crédito se había creado en diciembre de 1945, en el marco de los acuerdos de Bretton Woods, que buscaban reconstruir una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Aramburu fue quien usurpó la jefatura de Estado al presidente constitucional Juan Domingo Perón (1946-1955), mediante un golpe cívico, militar y eclesiástico. Antes, el líder político del peronismo evitó incorporar al país a la entidad, sus motivos quedaron registrados en la frase: “en casi todos los famosos países adheridos al famoso F.M.I, se sufren las consecuencias y se comienzan a escuchar los lamentos”, disponible aquí. Una vez exiliado Perón y proscripto el movimiento justicialista de la vida institucional del país, dos años después, el presidente Arturo Frondizi firmó el primer stand-by de US$75 millones, por ese entonces equivalente a un 0,5% del PBI. Según la revista Voces del Fénix, nuestro país no estuvo solamente durante 9 años, desde aquel 1956, bajo acuerdos con dicha institución”, artículo disponible en este enlace.
5 Acceso al informe “La deuda es nuestra, la Vaca Muerta es ajena. El FMI, su política climática y las condicionalidades para Argentina”.