El pasado 10 de diciembre de 2023 ganó las elecciones nacionales de Argentina un representante de la ultraderecha más extrema, que, amén de pregonar la disolución del Estado y la libertada absoluta del “mercado”, es un negacionista del cambio climática y la crisis socio-ambiental que atraviesa el planeta.

Su llegada al poder es la consecuencia de pésimas políticas públicas en materia social y económica de los últimos años, sumada a un descreimiento general de la sociedad respecto de la clase política, así como una fuerte campaña de desprestigio de las instituciones gubernamentales.

Como era de esperar, las primeras medidas que ha tomado el actual gobierno fueron realizar un terrible ajuste económico sobre las clases trabajadores y los sectores populares ya de por sí empobrecidos, así como una enorme transferencia de riquezas a los grupos económicos concentrados. Atrás quedaron las promesas de combatir “la casta” o cobrar sueldos en dólares que había prometido a su electorado.

Más allá del futuro sombrío que se avizora para los distintos sectores de la sociedad Argentina, un aspecto que también debería preocupar a todos sus habitantes, así como a los restantes del mundo, es el enorme retroceso que se pretende hacer en materia de políticas ambientales. Si bien los gobiernos anteriores, independientemente de su signo político, hicieron poco y nada para evitar la degradación ambiental, el reclamo popular y la lucha de décadas de las organizaciones socio-ambientales lograron que se aprobaran distintas leyes que protegían sus invaluables recursos naturales, como los bosques nativos y los glaciares. Esos logros permitieron que, a pesar de la escaza voluntad de los gobiernos provinciales por hacerlas cumplir, las comunidades locales organizadas pudieran exigir su protección y evitar el despojo de los mismos.

Además, el gobierno del presidente Javier Milei ha enviado un proyecto de Ley al Congreso de la Nación que, entre otros aspectos en materia ambiental, cambia el estatus de protección de los pocos bosques nativos que quedan en el país, desfinancia su protección, y permite que sean incendiados (con el implícito fin de que esas tierras puedan tener fines “productivos”). Ya lo había anticipado en el recientemente discurso que brindó en la conferencia de Davos1 donde además de hacer loas al “capitalismo de mercado”, presentó un claro mensaje contra las políticas ambientales (entre muchas otras cuestiones que atrasan siglos, y fueron motivo de espanto por parte de la mayoría de los asistentes). En la misma línea fue el discurso de Luis Espert, uno de los legisladores que representa a este Gobierno, cuando defendió el proyecto de Ley, finalmente aprobado, argumentando que “si no se pueden explotar no son recursos naturales, no tiene valor económico alguno para el país…”.

Atrás de estos intentos de modificar las normas ambientales, y habiendo ya degradado el estatus del área de ambiente de Ministerio a Secretaría, no se encuentra solamente una negación mesiánica de la crítica realidad ambiental, el objetivo es liberar la explotación masiva de los ricos recursos naturales de un país como Argentina. Hasta la llegada del gobierno de Milei, las multinacionales que expolian los bienes y servicios ambientales alrededor del mundo (dejando a su paso contaminación, desiertos improductivos y pobreza), se toparon con la resistencia de la población local que impidió su avance, avalados por las normas ambientales entonces vigentes. Así, al modificar o eliminar las leyes de protección ambiental se permitirá, por ejemplo, que las megamineras puedan destruir mas montañas y glaciares (de los que se abastece de agua el 70% de la población del país), o que los sectores concentrados del agronegocio puedan extender aún más sus monocultivos transgéncios tóxicos, a costa de los pocos bosques nativos que quedan en el país (que albergan la rica y única biodiversidad que puede garantizar un futuro de sustentabilidad).

Entre las consecuencias que tendrá la denominada “ley ómnibus” a nivel ambiental, se pueden mencionar que: 1) las empresas mineras podrán explotar minerales en zonas en las que se encuentran los periglaciares, condenando de esa manera a las regiones que dependen del agua que ellos proveen a las cuencas; 2) se podrán desmontar cientos de miles de hectáreas de bosques nativos, lo que aumentará la ya crítica situación de pérdida de bienes y servicios ecosistémicos; 3) se permitirá incendiar enormes extensiones de pastizales, aumentando los gases de efecto invernadero y poniendo en riesgo la salud de las comunidades; 4) estará en riesgo la continuidad de la protección de los Parques Nacionales, al autorizar la explotación de los recursos que allí se encuentran protegidos; 5) se facilitará el extractivismo de recursos estratégicos, como la fauna marina, de las cuáles depende la economía de una gran región del país, siendo entregadas a las grandes corporaciones pesqueras, que en la década de los 90 casi extinguieron a la merluza (Merluccius hubbsi), una de sus especies más emblemáticas.

Gran parte de la crisis socio-ambiental que atraviesa el planeta se debe a que, como remarcó en su discurso el diputado “libertario”, para el “libre mercado” los recursos naturales no tienen valor hasta que no tienen precio... Ello lleva a que, por un lado, aquellos recursos que pasan a tener valor económico son rápidamente agotados (como la merluza), y por otro, que aquellos que no lo tienen pueden ser despreciados (como ocurre con los bosques que se deforestan o las tierras que se contaminan). Este es un problema gravísimo que como sociedad tenemos que revertir. La naturaleza no tiene precio, ni entiende de lógicas ni tiempos de mercado. Necesitamos desarrollar una economía que se base en el valor social y comunitario de los recursos naturales y no es su “precio” de oferta y demanda.

Es urgente que reflexionemos sobre este aspecto. Preguntarnos, por ejemplo, ¿qué vale el agua para cada uno de nosotros?, y darnos cuenta de que la respuesta es: invaluable, porque sin ella no podemos vivir (aunque nos la vendan en botellas de plástico…), por lo tanto bajo esa lógica nunca se podría permitir que se destruya una cuenca que provee de este vital elemento a las comunidades para su subsistencia y producción.

Lamentablemente en Argentina los súbditos del dios del dinero hacen de las suyas y pregonan el falso discurso de que quitando la protección sobre el ambiente y permitiendo que el libre mercado se apropie de los recursos naturales todo irá bien… Ya sabemos que ocurre en esos casos, no hay ni un solo ejemplo en el mundo que la economía capitalista haya contribuido a mejorar el planeta, todo lo contrario. Es por ello que confiamos en que la resistencia del pueblo argentino no permitirá que este y otros atropellos sobre la vida de su tierra y su gente se lleguen a cometer.

Notas

1 Milei en Davos: discurso ultralibertario y enemigos invisibles. Página12.