Para muchos, toda comparación es odiosa, pero en política es útil e incluso necesaria. Milei y López Obrador representan hoy por hoy dos polos contrapuestos sobre los cuales vale la pena reflexionar.

Mientras en México hace cinco años las mayorías votaron por un proyecto de cambio hacia las izquierdas (la Cuarta Transformación o 4T), encabezado por AMLO, en las recientes elecciones de Argentina lo hicieron por las derechas que liderea Javier Milei. Así, en los extremos norte y sur del continente latinoamericano encontramos dos proyectos ideológica, política y económicamente confrontados, con sus diversas y respectivas repercusiones sociales en cada nación. Habría que apuntar, desde luego, que, si bien en el caso argentino la propuesta de un «ultraliberalismo» apenas comienza en medio de una severa crisis multidireccional, en el caso mexicano después de un lustro se puede ya evaluar el resultado de posiciones que explícitamente rechazaron el «neoliberalismo» que se implantó durante casi cuatro décadas en nuestra región y en el mundo.

Argentina

Recientemente el Congreso de Argentina aprobó en general la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un paquete de reformas conocido como «Ley ómnibus» por la magnitud del cambio que plantea, impulsado por el presidente Javier Milei. La Libertad Avanza (LLA), que lidera Milei, consiguió 144 votos a favor y 109 en contra para su proyecto en el debate de los diputados y en medio de fuertes protestas contra la medida.

En una buena reseña, Veronica Smink, periodista británica de BBC, punta que la «Ley ómnibus» se trata, según definió el propio mandatario, del más profundo de los tres paquetes de reformas que presentó en sus primeros 20 días en el poder. Milei llevaba apenas 48 horas de mandato cuando su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció 10 «medidas de emergencia» para hacer frente a la crisis económica, entre ellas una devaluación brutal del peso, que perdió la mitad de su valor contra el dólar en un solo día.

En su segunda semana como presidente dio a conocer un «decreto de necesidad y urgencia» (DNU) que modifica o deroga 366 leyes que regulan distintos sectores de la economía, un «megadecreto» que ha sido denunciado ante la justicia, y cuyo anuncio desató una serie de «cacerolazos» (protestas de vecinos golpeando cacerolas). Durante las manifestaciones ha habido fuertes choques con la policía, que aplican un «protocolo de seguridad» que restringe la protesta en espacios públicos. Los enfrentamientos escalaron y tomaron un giro violento en los días siguientes.

Pero ¿en qué consiste la llamada «Ley ómnibus» y por qué es tan polémica? Mientras que el «megadecreto» de Milei propone desregular una gran variedad de sectores económicos, como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol, el paquete de leyes se centra en áreas que, según la Constitución, solo pueden ser modificadas por el Congreso.

«El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral», detalló el vocero presidencial.

Otra área en la que Milei hizo concesiones es la relacionada con la privatización de empresas del Estado. El paquete original proponía declarar «sujetas a privatización» a todas las compañías del sector público, incluyendo las mixtas o con participación mayoritaria del Estado. Esto afectaba a 36 empresas, incluyendo a la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El texto actual redujo el número de compañías pasibles a ser privatizadas a 27. Entre ellas están Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, los ferrocarriles, la agencia oficial de noticias Télam, Fabricaciones Militares y la empresa de agua AySA.

Uno de los temas de la «Ley ómnibus» que más enoja a sus detractores es el capítulo que impone nuevos límites a las manifestaciones.

La propuesta aumenta las penas a hasta cuatro años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público o hasta cinco años a quienes «dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado».

Con una inflación que desde hace una década supera el 25% anual y se ha acelerado en los últimos dos años, superando el 160%, los gobiernos previos aplicaron toda una serie de reglas para controlar los precios, sobre todo los de los alimentos. Para gran parte del público, programas como el de «Precios cuidados» significaba tener acceso a productos en el supermercado que de otra forma ya no podrían comprar.

Un problema aún mayor dada la nueva aceleración de la inflación por las medidas del flamante gobierno, es que, según la mayoría de las consultoras privadas, hará que se duplique el alza de precios, pasando de menos del 13% en noviembre a más del 30% en el último mes del año.

De algún modo el momento que está viviendo Argentina con Milei nos hace recordar a figuras de la «Revolución conservadora» como Reagan, la Thatcher y Juan Pablo II, que sin duda consiguieron dar vuelta a las manecillas del reloj histórico… pero en sentido contrario.

México

En una apretada síntesis, después de cinco años de un gobierno que, a diferencia del argentino, está por concluir, la situación del país que deja el mandatario mexicano puede resumirse así:

A cuatro meses de la jornada para elegir nuevo presidente y Congreso, AMLO ha presentado 20 propuestas de cambio constitucional y, mientras el proceso electoral avanza, las cifras dejan claro que el Estado mexicano, con muy importantes avances en políticas sociales, está colapsado en materia de violencia delincuencial, que ningún partido ha logrado controlar desde el gobierno. Por lo demás, el tema de la relación bilateral Mex-EE. UU. y de la migración es prioritario para republicanos y demócratas, por lo que México estará en el corazón de la ya próxima campaña presidencial estadounidense y la relación bilateral definirá una nueva dinámica con problemas bilaterales más complejos y cambios institucionales profundos.

Por su parte, según datos de El Financiero, coincidentes con los de otros medios igualmente conservadores, en 2023 el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó con un nivel de aprobación del 57% a su quinto y penúltimo informe de Gobierno, aunque con percepciones negativas sobre su manejo de la violencia, la economía y la corrupción, conserva sin embargo en la mayoría de las encuestas más de un 70% de aprobación.

El tema peor evaluado para el presidente es el de seguridad pública, en el que el 61% de los mexicanos considera que está tratando el tema «mal o muy mal», mientras solo 25% lo califica de «bien o muy bien».

Le sigue economía, en el que 44% piensa que la maneja «mal o muy mal» mientras que 36% la ve «bien o muy bien».

En el combate a la corrupción, la principal promesa de campaña del mandatario, el 40% de los encuestados calificó su gestión de «mal o muy mal» y el 39% de «bien o muy bien».

El mandatario recibe la mejor evaluación en su gestión de los apoyos sociales, que el 52% de la población considera «bien o muy bien» y el 25% «mal o muy mal».

Mientras que, en educación, el presidente recibe un 46% de evaluaciones positivas y un 32% de negativas, pese a la reciente polémica de los libros escolares del Gobierno, a los que la oposición acusó de promover el «comunismo» y la «sexualización».

En atributos personales, resalta que el 56% de los mexicanos le reconoce su «honestidad» y el 52% su «liderazgo».

Entre los logros y críticas al cierre de sexenio, el gobierno de López Obrador ha sido marcado por una serie de políticas y acciones que han generado un gran debate en la sociedad mexicana.

Uno de los avances más destacados del gobierno de López Obrador es la disminución de la pobreza. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza extrema pasó de 10.5% en 2018 a 8.5% en 2022.

Otro logro importante es el aumento del salario mínimo. En 2018, el salario mínimo era de 88.36 pesos diarios. En 2023, el salario mínimo general es de 172.87 pesos diarios, lo que representa un aumento de 100%.

El gobierno de López Obrador también ha invertido en infraestructura. Se han construido o remodelado carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas y otros proyectos. Por ejemplo, se ha construido el Tren Maya, un proyecto de infraestructura de transporte de 1,500 kilómetros que conectará las principales ciudades y sitios arqueológicos de la península de Yucatán. Asimismo, el «Corredor Transístmico » será una conexión de enorme importancia comercial al conectar con renovadas vías de ferrocarril y carreteras los océanos Atlántico y Pacífico.

Cabe destacar que el gobierno de López Obrador ha fortalecido las instituciones públicas. Se ha creado la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad pública que está integrada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. También se ha impulsado la autonomía del Banco de México y del Instituto Nacional Electoral.

Otra crítica es la inseguridad. El gobierno de López Obrador ha sido criticado por su incapacidad para reducir la violencia. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registraron 33,315 homicidios dolosos en México, lo que representa un aumento de 10% respecto a 2021.

Finalmente, también se ha criticado la concentración de poder en el Ejecutivo. El gobierno de López Obrador ha sido acusado de politizar las instituciones públicas y de limitar la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial.

Pero llegó como un tsunami la popularidad de López Obrador que lo llevó a ganar la presidencia en 2018. Sin excepción, todos los presidentes, desde Zedillo a Peña Nieto, no solo no lograron revivir el «dedazo», sino que, una vez conocido el sucesor, su influencia sobre el sistema político se empezaba a desvanecer, como les sucedió a todos los expresidentes del priismo hegemónico.

Peña Nieto cerró su sexenio con unos índices de popularidad cercanos al 20%, con acusaciones de corrupción hacia funcionarios de su círculo cercano; nunca recuperó la credibilidad a partir del caso Ayotzinapa. Las reformas estructurales que impulsó con el Pacto por México fueron rápidamente cuestionadas y entregó un país altamente endeudado. El fin del sexenio de Calderón se caracterizó por la espiral de violencia que derivó de la fallida estrategia Guerra contra el Narcotráfico.

A diferencia de los últimos cuatro presidentes, López Obrador sí logró imponer a su favorita en la carrera por la sucesión presidencial. El poco democrático, pero eficiente mecanismo de selección «por encuestas», funcionó para posicionar a Claudia Sheinbaum por encima de otros perfiles con iguales méritos, pero quizá con menor fidelidad a su proyecto y mayor independencia intelectual.

No obstante, Sheinbaum sabe bien que tarde o temprano deberá romper con el presidente en turno. Todos los sucesores a la presidencia lo hicieron, porque el llamado a cuentas siempre llega y ningún nuevo presidente se hace cargo de las herencias de su antecesor. Quizá ello explica por qué López Obrador presentó en días pasados una agenda de 20 reformas constitucionales y legales en diversos ámbitos.

El hecho de que López Obrador haya presentado 20 iniciativas de reforma en año de sucesión, con la candidata Claudia Sheinbaum de su partido MORENA perfilada a ganar, para algunos solo puede entenderse como un intento de retrasar el llamado a cuentas. Para muchos otros, la mayoría, se trata simplemente de asegurar la continuidad de los proyectos de una izquierda empoderada y con amplias bases sociales a nivel nacional.

Presentarlas en el año de la sucesión presidencial, con su candidata que se perfila a ganar, puede entenderse también como un intento de estarle imponiendo una agenda a ella, a su partido y a sus candidatos para otros cargos; pero esa intencionalidad política no requiere mayor interpretación, ya que la propia Sheinbaum viene trabajando junto con AMLO desde hace decenios en lo que ahora se conoce como la Cuarta Transformación (4T).

Evidentemente, las condiciones peculiares y la problemática de cada país tienen que ser reconocidas y valoradas en sus propios tiempos y espacios, pero ello no significa que deban dejarse de lado sin revisión las perspectivas y resultados de optar por uno u otro modelo de gestión gubernamental. Pero algo que se ha señalado como característica común de ambos gobiernos es el supuesto carácter autoritario de una especie de «populismo» de derecha o de izquierda en uno y otro caso. Y, no obstante, habrá que evaluar las bondades y deficiencias de cada modelo por sus resultados. Al estentóreo «radicalismo fascistoide» de Milei se opone el «autoritarismo mesiánico» de López Obrador, ambos con sus matices intermedios, peores o mejores… pero también puede optar por una moderada o profunda democracia social. ¿Cuál escoge usted?