¿Por qué los grupos progresistas y de izquierdas se olvidan tan a menudo de la justicia social? Obviamente conocen los problemas de la pobreza y la desigualdad, las dificultades del mercado laboral, la falta de vivienda digna en la mayoría de las ciudades globales del mundo, y tantos otros. Desde luego, no es falta de conocimiento lo que les hace centrarse una y otra vez en la economía, en el comercio, en el clima, en la migración, el imperialismo y el colonialismo.

Ya he escrito antes sobre este enigma, y la explicación más sencilla es afirmar que todos los temas mencionados están interconectados. Y no, la protección social no es un privilegio de los Estados coloniales que utilizaban la riqueza de sus conquistas para repartirla entre sus ciudadanos. La protección social es el resultado de una lucha social permanente.

Sin embargo, con una visión realista del mundo actual, escuchando lo que pide la gente, en todo el mundo, quiero afirmar que la justicia social y la paz deben ser temas centrales para todos los gobiernos e instituciones internacionales. No es casualidad que el preámbulo de la Constitución de la OIT comience con la afirmación de que no hay paz duradera posible sin justicia social.

Con las numerosas y horribles guerras que se están produciendo en este preciso momento, merece la pena examinar más de cerca las posibilidades que tenemos de resolver algunos de los problemas. Todos los conflictos, sin excepción, tienen su origen en un sentimiento de injusticia, ya sea por la pérdida de territorio o por la discriminación y exclusión de personas. Si se califica a un Estado de apartheid, nadie puede sorprenderse de que grupos de personas cometan actos de violencia para resistir y reparar la negación de la igualdad de derechos.

Además, huelga decir que todas las personas, en todo el mundo, prefieren una situación de paz y estabilidad en la que puedan prosperar, desarrollar sus medios de subsistencia, hacer planes para el futuro y para sus hijos.

La paz, por tanto, es la primera razón por la que la justicia social debe ser el número uno en la lista de prioridades de todas las autoridades políticas. Hay muchas otras razones por las que debería ser así.

En primer lugar, la justicia social es necesaria para luchar contra la pobreza y la desigualdad. La pobreza se ha convertido en la principal prioridad formal de la agenda internacional y es también una de las principales preocupaciones en la mayoría de los países. Sin embargo, como han demostrado las políticas neoliberales, como las promovidas por las instituciones financieras internacionales, basadas en el fomento del crecimiento mediante privatizaciones y desregulaciones, hace falta mucho más para erradicar la pobreza. Nuestro mundo actual es tan extremadamente rico que la pobreza se ha vuelto inaceptable, en cualquier lugar. Esto significa que hay que pasar del crecimiento a las políticas de justicia social, con derechos económicos y sociales, servicios públicos, leyes laborales decentes, subsidios para quienes no pueden obtener ingresos en el mercado laboral y medidas específicas de asistencia social para los pobres. No basta con «luchar« y «reducir la pobreza», hay que prevenirla y erradicarla, lo que es perfectamente posible. Mientras las políticas económicas estén creando pobreza, es absurdo hacer como si, al final, se intentara combatirla. Nadie nace pobre, pero demasiada gente se hace pobre. Por eso el sistema económico debe diseñarse de tal manera que todos puedan encontrar un lugar en el que contribuir al bienestar colectivo.

La economía es, en efecto, el siguiente punto en el que hay que centrarse. Sin duda, una economía de mercado puede dar buenos resultados sin tener en cuenta la desigualdad que genera. Sin embargo, llega un momento, como el que presenciamos hoy, en el que enormes partes de la población ya no pueden seguir, en el que la vivienda se vuelve demasiado cara, en el que la sanidad se vuelve inasequible, en el que la educación se polariza... Ninguna sociedad puede prosperar con desigualdades que amenazan con crear un sistema de apartheid. Si cambiar el sistema económico no está en la agenda, la justicia social tiene que corregir las desigualdades que el sistema crea. Sin embargo, lo ideal sería que las diferentes políticas necesarias para hacerlo cambiaran la economía, sobre todo trasladando diferentes sectores y servicios del mercado a la esfera pública. Los servicios públicos como la sanidad, la educación, el transporte público o la vivienda son excelentes herramientas de las políticas de justicia social que crean más equidad en la sociedad y repercuten directamente en la economía. Cada sociedad tendrá que decidir hasta qué punto son necesarios los cambios, hasta qué punto la economía puede centrarse en la asistencia y abandonar el producto interior bruto como única referencia. Evidentemente, la justicia social estará en el centro de todas las reflexiones sobre el tipo de economía que se quiere desarrollar. ¿Cómo distribuir y redistribuir la riqueza?

La migración será otra prioridad política que exigirá más justicia social. Miles de personas se ahogan cada año en el Mediterráneo y el Canal de la Mancha, miles mueren de camino a Estados Unidos y miles sufren al abandonar sus hogares sin recursos para llegar a un país seguro. La otra cara de la misma moneda es la xenofobia y el racismo crecientes en muchos de los países receptores, que hacen la vida extremadamente precaria para las personas directamente afectadas y crean conflictos en sociedades que son más que suficientemente ricas para dar a todos un modo de vida decente.

Ya se ha hablado mucho de la conexión entre «desarrollo» y «migración» y, en efecto, no bastará con crear más crecimiento para que la gente se quede en sus ciudades y pueblos. Además, no solo la falta de perspectivas económicas hace que la gente se desplace, sino también el cambio climático y la violencia. Para todos estos problemas, la justicia social será parte de la respuesta. Nadie abandona voluntariamente su hogar y su familia si no hay razones de peso para ello. Si se protegen y promueven los medios de subsistencia de las personas, se podrá resolver el problema de la migración masiva.

El cambio climático es otro problema estrechamente relacionado con la justicia social. Tenemos todos los conocimientos científicos y tecnológicos para poder introducir las mejores políticas disponibles. Lo que no es tan fácil es cambiar el comportamiento de las empresas y de las sociedades. Habrá que convencer a ambas y ayudarlas a abandonar las prácticas nocivas, ya sea en la producción o en el consumo. Está claro que ninguna corporación renunciará voluntariamente a sus posibilidades de obtener ganancias, como ni una sola familia aceptará voluntariamente renunciar a su comodidad y bienestar en aras de salvar el clima. Las políticas económicas tendrán que hacer frente a los problemas de las corporaciones. Para las familias, serán necesarias medidas de justicia social. Como hemos visto en las últimas décadas, no basta con prometer a la gente más «felicidad», ya que gran parte de la felicidad que experimentan las personas procede del bienestar material que proporcionan nuestras economías. Como sabe muy bien el movimiento ecologista, la justicia climática y la justicia social van de la mano, pero esto aún no se traduce en medidas compensatorias sociales simultáneas para las adaptaciones climáticas. Si queremos que las políticas climáticas sean adoptadas y asumidas por la población, deberían ir acompañadas de medidas simultáneas de justicia social. De lo contrario, las graves desigualdades que ya existen en nuestras sociedades no harán sino agravarse y las protestas sociales pueden seguir, incluyendo el rechazo a las medidas medioambientales. La justicia social es la condición básica para la adopción de políticas de justicia climática.

Por último, el argumento más importante que hay que mencionar a favor de la justicia social son los derechos humanos. Esta es también la principal línea divisoria entre las políticas de izquierdas y las de derechas o neoliberales. Al leer los documentos del Banco Mundial o de la Unión Europea, ambos a favor de la protección social, queda claro que su principal objetivo es económico. La protección social promueve la productividad de los trabajadores y facilita el crecimiento. Esto es cierto, pero ¿puede ser su único objetivo? Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Convenio de la ONU sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales mencionan la seguridad social como un derecho humano, así como «un nivel de vida adecuado». Este debe seguir siendo el primer objetivo de todas las políticas de justicia social. También es la razón por la que no basta con luchar contra la pobreza extrema y consentir las enormes desigualdades de nuestras sociedades. Esta línea divisoria entre la economía y los derechos humanos explica por qué instituciones como el Banco Mundial solo contemplan una protección social mínima y se niega a mirar hacia arriba cuando habla de desigualdades.

Todos estos temas, desde los derechos humanos a la paz, el clima, la migración y la economía, están realmente interconectados. Pero cualquiera que sea el gran problema de nuestras sociedades que se examine, rápidamente queda claro que la justicia social está en el centro de cualquier solución sostenible. Otra economía no conducirá espontáneamente a la justicia social. La paz no puede ser consecuencia únicamente de un acuerdo geopolítico. La amenaza del cambio climático no puede desaparecer sin medidas compensatorias. La migración no puede detenerse si las personas no tienen una perspectiva decente para sí mismas y para sus hijos.

Hoy en día, algunos aspectos de las políticas neoliberales se están abandonando lentamente. Este es el momento adecuado para centrarse en políticas que promuevan la paz y la estabilidad, en políticas que vayan más allá de la reducción de la pobreza y de la lucha contra la desigualdad que no se centren en los ricos. La pobreza y la desigualdad son problemas políticos y necesitan soluciones políticas.

Todas las personas, vivan donde vivan, tienen necesidades básicas y quieren vivir en paz. Hoy en día, miles de millones de personas no tienen cubiertas estas sencillas exigencias. Todas las personas, vivan donde vivan, están preocupadas por sus ingresos, sus empleos, sus casas, su salud, sus pensiones. ¿Por qué no intentar resolver los grandes problemas que van más allá de la evitación de conflictos y favorecen nuestra convivencia?