Ayer domingo 17 de diciembre, los chilenos volvieron por segunda vez a rechazar un proyecto de nueva Constitución que tenía como propósito cambiar la vigente, aprobada en 1980, bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet y reformada levemente al término de su mandato, en 1989. Posteriormente, en 2005 -es decir, 25 años después- bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) se produjeron cambios muy importantes, logrando incluso que desapareciera la firma de Pinochet y quedara la suya.

De cerca de 15 millones y medio de chilenos habilitados para votar, existiendo el voto obligatorio, lo hicieron el 84,5%, logrando imponerse la opción «En contra» de la propuesta constitucional con el 55,76% de los votos, mientras que la alternativa «A favor», logró solo a 44,24% de los sufragios. Es decir, una diferencia de 11,52% equivalentes a 1.423.545 votos. El resultado ha dado un respiro al gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, debilitado por las dos derrotas electorales previas, por la crisis de seguridad, migratoria y económica, pero más que nada política, como consecuencia de diversos escándalos de mal uso de recursos públicos por parte de funcionarios de su coalición de partidos. Se suma el hecho de que pese a haber criticado severamente la actual Carta Fundamental, finalmente deberá continuar gobernando con ella. El drama para el gobierno y para la izquierda lo resumió muy bien la expresidenta Michelle Bachelet, quien señaló: debemos elegir entre «una Constitución mala, y una pésima».

La sociedad chilena ha estado bajo un estrés constitucional los últimos tres años, iniciado el 25 de octubre de 2020 cuando –como consecuencia de las masivas protestas del año anterior– concurrieron a las urnas a votar pidiendo una nueva Constitución. Se logró un respaldo histórico del 78,27% favorable de los votos. En mayo de 2021, se eligieron 155 convencionales constituyentes, donde el centro izquierda e izquierda obtuvieron la mayoría absoluta, lo que les permitió redactar una propuesta de Carta Magna que ignoró la tradición político-cultural chilena, pecando de maximalismo. Fue rechazada ampliamente en una nueva votación el 04 de septiembre de 2022, por el 61,86% de los electores.

Se desarrolló entonces un acuerdo de todas las fuerzas políticas, y se llamó a una elección de consejeros constitucionales apoyado por los partidos el 7 de mayo del presente año, donde la derecha y la extrema derecha obtuvieron una sorprendente mayoría absoluta de los 50 constituyentes que se habían acordado y que tendrían la tarea de proponer una Constitución apoyada por un grupo de expertos. Para el gobierno y sus partidos, este resultado fue devastador. Sin embargo, los mismos errores que había cometido la izquierda los repitió la derecha, la cual haciendo valer la mayoría con que contaba, se negó al final a convenir un texto que dejara satisfecho a la minoría de izquierda y centro izquierda. La propuesta que votaron ayer los chilenos establecía constitucionalmente principios neoliberales en lo económico y conservadores en términos valóricos, lejanos a la realidad actual de la sociedad chilena.

Con este resultado se mantendrá vigente la Constitución de 1980, quien sabe hasta cuando, pero no se volverá a levantar el tema por lo menos hasta el término del gobierno del presidente Boric. Ese fue el acuerdo tomado por los partidos políticos de gobierno antes de esta última elección. Los grandes derrotados son todos. Los partidos de derecha y en particular el Partido Republicano, que, si bien al inicio se había opuesto a una nueva Constitución, finalmente se incorporó al proceso y sorpresivamente se transformó en mayoría, al obtener el más alto número de los consejeros constitucionales. Así pudieron arrastrar a los sectores más liberales que terminaron plegándose a la causa liderada por los republicanos.

En definitiva, se demostró que la llamada «centro derecha» termina siempre plegándose a la derecha más dura, incapaz de independizarse y transformarse en una alternativa moderna. El líder republicano, José Antonio Kast, quien se proyecta como candidato presidencial, deberá ahora revaluar su estrategia y la del sector al que pertenece para definir un camino si pretende ser alternativa de gobierno, dado que existe terreno fértil para el populismo.

La izquierda y el centro izquierda tampoco lo tiene fácil. Derrotados con su propuesta constitucional, deberán gobernar con la de 1980. Boric habló al conocerse los resultados indicando que se cerraba el proceso constitucional, ya que «las urgencias son otras», y llamó a la derecha a abrirse en acuerdos en los temas reales que importan a las personas: seguridad, pensiones, salud, vivienda y varios otros. Imposibilitado de aprobar leyes al no tener mayoría parlamentaria, está obligado a negociar con la derecha, la cual le ha cerrado muchas puertas. Esto ha debilitado al gobierno, sumado a sus propios errores de gestión.

Chile ha perdido la oportunidad de tener «la casa de todos», de la que tanto se ha hablado a lo largo de más cuatro décadas. Los errores de la izquierda y de la derecha han agotado la paciencia de la gente que está cansada de los últimos años donde el tema constitucional ha estado entre los principales de la agenda y discusiones políticas, pero lejos de las personas. Chile seguirá regido por una Constitución que, si bien reformada, mantiene enclaves que son inamovibles para una derecha que nunca ha querido dar los votos para cambiarlos, tales como el principio de subsidiariedad o los derechos privados sobre el agua: huellas de los cuatro generales que gobernaron Chile por 17 años y que permanecen en la Carta actual.