Los mercenarios colombianos

En las últimas décadas han surgido decenas de compañías de seguridad por todo el mundo que se dedican a trabajar para gobiernos y grandes empresas, proporcionado personal procedente de las fuerzas de seguridad para labores, generalmente, non sanctas. Algunas de ellas se hicieron famosas por su sanguinario papel en las guerras de Afganistán e Irak, otras fueron contratados para intervenir en países o zonas donde los gobiernos de los países centrales no se atreven a poner un pie.

Algunas de las empresas de mercenarios más activas de los últimos años son Academi (Blackwater), Defion Internacional, Triple Canopy, Garda World y G4S Secure Solutions. Pero a ellas les ha surgido una dura competencia de parte de militares colombianos retirados, que hablan inglés y poseen entrenamiento en armas sofisticadas, inteligencia y operaciones internacionales; algunos fueron parte de unidades contraguerrilleras, muchas de ellas financiadas por Estados Unidos, otros entrenados por expertos estadounidenses e israelíes.

La detención de 18 veteranos colombianos en Puerto Príncipe, por su participación en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, perpetrado el pasado 7 de julio, desató un debate sobre el trato que el gobierno de Colombia da a sus soldados retirados y sobre los contratistas de estos para perpetrar asesinatos y otros actos delictivos para desestabilizar gobiernos y favorecer los negocios de sus financistas.

El mandatario fue asesinado en su residencia en la madrugada: le dispararon 12 tiros, uno de ellos en la cabeza. Supuestamente lo torturaron. Llevaba meses encerrado en su casa en medio de una crisis política que fue menguando cada vez más su poder. Obviamente, se ha ocultado quién pagó para que mataran al mandatario.

Lo cierto es que la exportación de soldados retirados en Colombia es hoy un negocio próspero para los traficantes de mercenarios, gobiernos o empresas, facilitado por un prolongado conflicto armado respaldado y financiado por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, pocas oportunidades laborales y una demanda extranjera que va en aumento.

Hasta el diario estadounidense New York Times, muestra su preocupación al señalar que, en la última década, soldados colombianos retirados se han convertido en participantes cruciales de una industria de mercenarios global que crece con poca regulación y en donde empresas y gobiernos los contratan para llevar a cabo sus pedidos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Colombia informa que unos 10 mil efectivos se retiran de ese conflicto civil de 73 años, que dio origen al segundo ejército más grande de América Latina. Al retirarse, generalmente cerca de los 40 años y tras dos décadas de servicio, muchos han alegado que tienen pocas herramientas para triunfar en la vida civil.

La mayoría son soldados rasos que a menudo provienen del campo y las clases obreras, quedan con pensiones reducidas, escasa educación y con experiencia limitada para navegar por el mundo civil, destaca el diario estadounidense, a manera de justificación.

Quienes consiguen una oportunidad en el extranjero, en su mayoría hablan inglés y poseen entrenamiento en armas sofisticadas, inteligencia y operaciones internacionales. Los militares sobrecalificados son tentados a ejercer su oficio como contratistas privados, sobre todo en las zonas de conflicto en Medio Oriente, desde Yemen hasta Irak, donde pueden llegar a cobrar hasta 5 mil dólares al mes.

Los largos años de conflicto armado en Colombia han proporcionado un prolífico campo de entrenamiento para los militares, generalmente por parte de expertos estadounidenses e israelíes. Empresas de seguridad privada en el mundo contratan a soldados entrenados en Estados Unidos por su experiencia contra guerrillas, campesinos, obreros e incluso cárteles de la droga (a veces contra y otras a favor).

Para el New York Times, una veintena de comandos retirados colombianos viajaron a Haití este año, después de que un colega les prometió trabajos de seguridad con un salario de 2.700 dólares mensuales, cifra casi siete veces mayor que sus pensiones, que ascienden a 400 dólares y sirve apenas para subsistir.

Obviamente, familiares de los mercenarios detenidos señalan que los colombianos no son responsables del magnicidio y supuestamente viajaron con un contrato firmado para prestar seguridad al amenazado presidente de Haití (¿se aseguraron que muriera?).

El cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio César Santa, visitó a los 18 detenidos por su presunta participación en el asesinato de Moïse, confirmó la canciller Marta Lucía Ramírez, quien informó que todos recibieron valoración médica, están aislados del resto de la población carcelaria y reciben asistencia diplomática. Otros tres militares implicados en el magnicidio murieron en el operativo y el gobierno colombiano espera la pronta repatriación de los cadáveres, añadió.

El gobierno incumple el tratado de paz con la guerrilla y no tiene más argumentos que una creciente represión para detener el estallido social en el país, mientras el ejército entrena y despliega a una nueva generación de soldados que, de no mejorar las oportunidades en Colombia, podría ser captada por una industria global de mercenarios cada vez más voraz que tiene el potencial de desencadenar más operativos de desestabilización en todo el mundo.

El componente insignia educativo del programa de reintegración del ejército creado por el gobierno, consiste en un año de capacitación técnica en industrias como la gastronomía y la construcción, pero después de perder esas prestaciones militares, muchos soldados deben endeudarse para pagar la vivienda familiar.

Una ley de veteranos de 2019, que el presidente Iván Duque apoyó, debía atender algunos de esos asuntos y creó un fondo que otorga créditos a los soldados que buscan educación superior, entre otros beneficios. Pero, numerosos soldados en retiro declararon al Times que necesitan más apoyo, y pronto, ya que algunos soldados salen del ejército sin saber leer ni escribir y otros carecen de habilidades básicas de computación, por lo que convertirse en fusiles a sueldo constituye su única opción.

Adam Isacson, director para veeduría de defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y experto en seguridad y paz en Colombia, señala que siete de los mercenarios detenidos fueron entrenados por instructores de Estados Unidos, como parte de un cuerpo de seguridad colombiano conformado por más de 107 mil miembros que recibieron entrenamiento estadounidense de 2000 a 2018.

Para hacer la situación aún más turbia, añade, el presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que, a excepción de un grupo medular, la mayoría de los hombres no sabían que habían sido contratados para llevar a cabo un operativo delictivo.

En el año 2000 entró en vigor el Plan Colombia, una iniciativa multimillonaria de Estados Unidos cuyo objetivo era estabilizar al país y combatir sus conflictos entrelazados del tráfico de drogas y de guerrillas. Pasaron otros 16 años para que Colombia y la organización insurgente más grande, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmaran un acuerdo de paz, que el gobierno de Duque no cumple.

El ejército de Colombia sigue siendo el segundo más grande de América Latina y casi 10 mil 600 soldados se retiran cada año. Difícil encontrar trabajo en un país donde, según cifras oficiales, al menos el 43 por ciento de la población vive en situación de pobreza. Generalmente, los militares retirados terminan como personal de seguridad para traficantes de drogas o para unidades paramilitares ilegales.

Si bien la mayoría de los mercenarios que trabajan en el extranjero son contratados de manera legal como guardias de seguridad para empresas y gobiernos, algunos han sido acusados de trabajar con los cárteles de la droga mexicanos como los de Jalisco y los Zetas, recuerda Isacson.

Los dirigentes colombianos deberían atender la falta de oportunidades que ha tentado a algunos veteranos a aceptar trabajos ilícitos o a abandonar el país para convertirse en mercenarios. Colombia necesita una versión de la Ley de ayuda a veteranos de Estados Unidos —la legislación que ayudó a impulsar a la clase media a millones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam— , pues ofrecería beneficios muchos más generosos que los que brinda actualmente el gobierno colombiano.

El país aún está cimentando la paz. Con el acuerdo de 2016, parecía que Colombia al fin podría empezar a deshacerse de la dolorosa asociación que se le hacía a nivel internacional con los traficantes de droga, los asesinos a sueldo y las guerrillas. Sería una tragedia que la nación cambiara esa dinámica.

Colombia va ganando reputación como tierra fértil para mercenarios. Hasta ahora, alrededor de seis mil soldados colombianos retirados han trabajado como guardias de seguridad, pilotos o técnicos de mantenimiento de aeronaves y vehículos en los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Afganistán y Dubái. Las ofertas llegan por WhatsApp y por empresas colombianas administradas por oficiales retirados, muchos de ellos cobertura de altos cuadros en actividad.

Pero no solo seducen a personal retirado, sino a militares en actividad. Cuando a mediados de la década del 2000, renunciaron en masa pilotos de helicópteros Black Hawk, capacitados por instructores estadounidenses e israelíes, para trabajar con empresas privadas. Y algunos terminaron bombardeando aldeas en Afganistán o Irak.

Los israelíes

De acuerdo a una investigación del periodista colombiano Alberto Donadio, el exterminio de la Unión Patriótica fue ideado por el presidente Virgilio Barco, implementando un plan elaborado por uno de los espías más condecorados en la historia israelí, Rafael 'Rafi' Eitan, lo que subraya la relación que se ha ido desarrollando entre Israel y Colombia, principales aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente y América Latina, respectivamente.

La presencia de Rafi Eitan en Colombia ahondó la creciente alianza de los socios menores del imperio estadounidense. Bajo el presidente Iván Duque, los dos países han renovado los lazos y el personal militar israelí ha capacitado a sus homólogos colombianos en «contraterrorismo».

Eitan es recordado principalmente por capturar al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Argentina. Sin embargo, también jugó un papel central en varias de las operaciones más desagradables del Mossad. «Todo el trabajo de inteligencia es una asociación con el crimen. La moral se deja a un lado», comentó Eitan.

Tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y la llegada al poder de Álvaro Uribe en 2002, Colombia se adhirió a lo que Estados Unidos llamó la guerra global contra el terrorismo. Y fue entonces cuando los militares israelíes entraron de lleno a apoyar a las Fuerzas Armadas colombianas: entre 2002 y 2006, según cifras oficiales, las importaciones de material militar de Israel a Colombia se duplicaron.

Es más, el Kfir es un avión de combate multipropósito que se desarrolló en Israel. Colombia lo expone como uno de sus grandes posesiones militares. El general israelí Israel Ziv, en la reserva, asesoraba en asuntos de seguridad al Gobierno de Colombia, señaló el diario Maariv en un informe sobre el centenar de empresas de ex combatientes israelíes que prestan ese tipo de servicios en el exterior.

Ziv, ex comandante del regimiento de Gaza y ex comandante de operaciones, es el militar de más alto rango entre los que se ocupan de tareas relacionadas con la seguridad, y entre ellas, entrenamiento de personal y servicios de protección a personalidades, contratados por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en acuerdo con su par israelí Shlomo Ben Ami. El anuncio coincidió con exacerbados rumores sobre la presencia de mercenarios extranjeros en varias zonas del país.

El grupo israelí que se estableció en Colombia estaba compuesto por varios oficiales retirados del Ejército de Israel, cuya cabeza era un general al que acompañan de manera permanente dos coroneles, otro oficial de bajo rango y tres traductores de origen argentino, pues ninguno habla español. Hay otros asesores que viajan al país cuando se les necesita para una conferencia o un entrenamiento muy especializado.

La base de operaciones de este grupo está en la base de Tolemaida (Cundinamarca), y su injerencia es al más alto nivel, pues estaban trabajando en dos áreas que son críticas en todo el sector defensa: mejorar la inteligencia, y los procesos de comando y control. La asesoría incluía entrevistas a los desmovilizados (paramilitares y/o ex guerrilleros que quieren volver a la vida civil), que eran interrogados con todas las técnicas que los israelíes habían propuesto, para sacar el máximo provecho a la información.

Muchos se preguntaron entonces por qué el ministro recurrió a un grupo privado –considerado mercenario– y no directamente al gobierno de Israel, o a otros gobiernos como el estadounidense o el británico, que ya tienen cooperación con Colombia en materia de inteligencia. Fuentes periodísticas señalaban que el costo del asesoramiento israelí sobrepasa los 10 millones de dólares.

Pero la presencia no era nueva. Ya en los años 90 el conocimiento militar israelí había empezado a jugar un rol en el conflicto colombiano: algunos exmilitares de ese país, como el caso de Yair Klein, colaboraron, de manera informal e ilegal, con organizaciones paramilitares, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y los aviones Kfir y el fusil Galil, ambos de invención israelí, se establecieron como principales armamentos del ejército colombiano. Oficial militar retirado, Klein, fundó una empresa de mercenarios llamada Hod Hahanit (Punta de lanza) en 1984, sacados de los grupos de ex policías israelíes y unidades de operaciones especiales.

En 1987, Klein aterrizó en Colombia para reunirse con el teniente coronel israelí Yithzakh Shoshani y otro connacional, Arik Afek, quienes se habían establecido años antes en el país, contratado para brindar seguridad a las operaciones de cultivo de cambures (bananos) en la región de Urabá, donde la empresa estadounidense American Fruit Company había pagado millones de dólares a los escuadrones de la muerte colombianos.

Klein llevó a cabo tres sesiones de formación, cada una para unas 30 personas. Lo asistieron tres entrenadores, todos coroneles del ejército israelí: Tzadaka Abraham, Teddy Melnik y Amatzia Shuali. Y entrenó a los hermanos Carlos y Fidel Castaño, los líderes de escuadrón de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que bajo el patrocinio de ricos terratenientes, narcotraficantes, ganaderos, políticos y militares cometieron masacres espeluznantes en todo el país. La ONU estimó en 2016 que las AUC fueron responsables del 80% de las muertes en el conflicto.

En lugar de un espía veterano que asesora al gobierno colombiano, Israel ahora tiene una presencia oficial. En enero de 2020, el general de brigada militar israelí Dan Glodfus, visitó una base militar colombiana y en medio de una serie de masacres en septiembre de 2020, Israel envió a 10 instructores para entrenar a las Fuerzas Especiales colombianas en «contraterrorismo», señala Dan Cohen en Behind The Headlines.

Ventajas comparativas

Para los reclutadores internacionales, los soldados colombianos retirados ofrecen una combinación atractiva de experiencia en combate; capacitación profesional, a menudo con estándares del mundo desarrollado; habilidades técnicas como pilotaje de helicópteros y análisis de inteligencia, y una disposición a trabajar por mucho menos que los veteranos de naciones más ricas.

Incluso antes del asesinato en Haití, estaba claro que Colombia debía atender su falta de oportunidades para los miembros retirados del ejército. Sin embargo, al momento de redactar el acuerdo de paz de 2016, el gobierno eludió la conversación sobre los beneficios para los veteranos en una negociación que ya de por sí era tensa.

En 2019, Colombia aprobó una ley para crear prestaciones modestas para los veteranos, como capacitaciones y alicientes para que los empleadores los contrataran. No obstante, dado que la ley no está plenamente reglamentada, pocos se han beneficiado de ella.

Isacson señala que el financiamiento total de oportunidades educativas y de perfeccionamiento a soldados retirados, así como una ayuda financiera más sólida, podría costarles, a Colombia y a las naciones donantes, unos cientos de millones de dólares al año.

Añade que los colombianos más adinerados podrían pagar quizá un 0,1% del producto interno bruto y el gobierno de Joe Biden podría complementar eso desviando algo de la asistencia que suele destinarse al ejército colombiano, que ya no enfrenta una insurrección a nivel nacional. “Es preferible tener a un veterano con una llave inglesa o un teclado en su comunidad nativa que uno con un rifle en Haití, en una zona de guerra extranjera o en un submundo criminal”, dice Isacson.