La democracia costarricense es una forma de vida desarrollada desde los albores de la Independencia, el 29 de octubre de 1821, la fecha costarricense de su Declaración, que se originó con el detonante de la Declaratoria de Independencia de Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, la sede de la Capitanía General y del Reino de Guatemala, que hizo que El Salvador se pronunciara por la Independencia el 21 de septiembre y, Nicaragua y Honduras el 28 de septiembre.

Desde 1821 hasta 1823, el inicio de la Independencia condujo, en Costa Rica, al establecimiento de gobiernos provisionales, transitorios, Junta de Legados y Juntas Superiores Gubernativas, hasta que, de nuevo, en un afán de reconstruir la unidad política que se tenía de la región antes de la Independencia, se encaminaron estas comunidades, en 1823, y luego en 1824, a fundar las Provincias Unidas de Centroamérica, y la República Federal de Centroamérica que las agrupó bajo un modelo federal, gestando al interior de cada una de ellas el nacimiento de Estados, con sus particulares órganos de poder y Constituciones políticas.

En Costa Rica la Junta de Legados, de mediados de noviembre de 1821, estableció una Comisión redactora de una Constitución, que se aprobó el 1 de diciembre de 1821, «Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia», la primera de la región en época independiente, siguiendo los lineamientos clásicos de los contractualistas y de la propia Constitución de Cádiz de 1812.

Al mismo tiempo, se evidenció desde el origen mismo de la Independencia la autonomía y separación real que vivían estos Estados, desde finales de la colonia, por múltiples razones, que hicieron que, a partir de 1837, el modelo de la República Federal de Centroamérica se desintegrara, a pesar de los esfuerzos que hiciera, en 1842, Francisco Morazán desde su llegada al poder en Costa Rica, por pocos meses.

Los mecanismos inmediatos que siguieron a la Independencia para el desarrollo del Estado y la vida independiente, además de declarar abolición de la esclavitud en Centroamérica en 1824, pasó, en el caso costarricense, por la llegada al gobierno, desde 1824 hasta 1833, del primer jefe de estado, educador de formación, que impulsó la educación tempranamente de niños y de niñas, encomendándole esta tarea a las municipalidades en gestación. Desde entonces, Costa Rica, a diferencia de los restantes países, o estados centroamericanos, apostó por la educación popular, fortaleciéndola de distintas maneras con el correr de los años, hasta hoy, lo que sigue siendo una distinción en la región.

La ausencia de una lucha militar por la Independencia no impulsó, en Costa Rica, estructuras militares ni caudillos surgidos de estas luchas que se impusieran en el poder. Tampoco la lucha militar fue necesaria porque no había una fuerza militar colonial que derrotar.

El ejército como institución se desarrolló especialmente a partir de 1835, y alcanzó su mayor esplendidez en la lucha nacional libertadora contra la presencia de los filibusteros norteamericanos, encabezados por William Walker, que se había establecido en Nicaragua en 1855, donde aprovechando contradicciones políticas en ese país, se impuso y hasta estableció la esclavitud, que quería expandir a toda la región, motivo por el cual el gobierno de Costa Rica, liderado por Juan Rafael Mora Porras decidió avanzar sobre Nicaragua para acabar con esa usurpación del poder por Walker y para evitar su llegada a Costa Rica, como para asegurar la Independencia existente, que lo hizo a finales de marzo de 1856, cuando invadió el territorio nacional y fue derrotado el 20 de marzo.

A partir de ese momento dos nuevas derrotas, el 10 de abril, en Sardinal, territorio costarricense y el 11 de abril, en la ciudad de Rivas, en Nicaragua, produjeron la derrota de los filibusteros, interrumpida, en toda la línea, en ese momento, por la peste del cólera que se desató, lo que obligó a suspender las acciones militares hasta que de nuevo, en el segundo semestre de 1856, continuaron los combates, con mayor presencia de los ejércitos centroamericanos que se sumaron al costarricense, hasta que en 1857, el 1 de mayo, William Walker se rindió y fue expulsado de Centroamérica. En 1860 intentó de nuevo invadir Centroamérica, y apoyándose en los intereses británicos en la región llegó a Honduras donde fue capturado y fusilado.

Las contradicciones internas por el poder en Costa Rica produjeron la caída del gobierno del presidente Mora Porras y, en 1860, ante un intento de recuperarlo, fue detenido y ejecutado, con otro de los héroes de la lucha contra los filibusteros, el general José María Cañas, de origen salvadoreño y cuñado suyo.

Los siguientes diez años se impusieron dos militares, Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, detrás de los mandatarios civiles, anulando el recuerdo de la Campaña Nacional contra los filibusteros y la imagen de los conductores de la guerra, los Mora, Juan Rafael y su hermano, el general Joaquín Mora, y el propio general Cañas.

En 1869, el presidente Jesús Jiménez limitó el poder de estos militares, impuso la educación primaria obligatoria, gratuita y costeada por el Estado, afirmando una vez más esta vocación democrática apoyada en la educación.

En 1871, bajo el gobierno del general Tomás Guardia Gutiérrez, cuyo gabinete era de civiles, se aprobó el Código Militar que estableció controles civiles y políticos sobre el ejército y el aparato militar. Desde entonces, se impulsaron políticas para ir debilitando al ejército, sus militares y reforzando el aparato educativo, con nuevas reformas de educación pública a partir de 1885.

En 1877, el general Guardia dejó de aplicar la pena de muerte y, en 1882, la abolió proclamando el derecho a vida con rango constitucional, elemento que también distinguió desde entonces a Costa Rica en la región y en el mundo, al estar entre los pocos países que la había eliminado como castigo supremo.

Respecto al ejército, a principios del siglo XX se hizo una modificación al Escudo Nacional eliminándole dos cañones que estaban en su base, afirmando de esa manera este «civilismo» en marcha que habla de la institucionalidad costarricense.

Con el breve golpe de estado, de 1917 a 1919, el ejército se volvió a fortalecer, pero a la caída de la dictadura, por acción popular, de nuevo el ejército se debilitó hasta, que, en la década de 1940, resultado de la Guerra Civil de marzo y abril de 1948, se impuso un gobierno de facto, liderado por José Figueres, quien gobernó hasta 1949, y tomó la decisión en diciembre de 1948 de abolir el ejército como una institución permanente del Estado costarricense.

Desde entonces, ningún costarricense sabe lo que es el Ejército como institución, ni sus militares, ni son convocados a ejercicios militares o a incorporarse al ejército, por circunscripción, conscripción, alistamiento o servicio militar obligatorio, como parte de su formación ciudadana.

Desde la abolición constitucional del ejército, Costa Rica no puede participar en eventos militares, ni campañas militares, ni guerras ajenas. Esto ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Constitucional estableció que tampoco puede dar apoyos a actos de guerra de otras naciones o Estados.

Las contradicciones generadas del mismo proceso productivo y del desarrollo económico del siglo XIX, hicieron surgir grupos económicos y clases sociales en formación, que de distinta manera se enfrentaron por la lucha del control político nacional, originando 10 Constituciones Políticas hasta 1871.

A partir de esta Constitución que desarrolló un régimen presidencialista fuerte, y por los vínculos con el mercado europeo e internacional, con las exportaciones de café, se logró mayor estabilidad política y gobiernos estables de duración cuatrienal, a partir de 1849.

Los procesos electorales fueron la principal fuente de poder. Con limitaciones en el ejercicio del sufragio, se fue formando la democracia electoral costarricense. Desde 1890, con el surgimiento de partidos políticos se impuso la llegada a órganos de elección popular solo a través de partidos políticos. La elección directa se impuso sobre la de segundo grado en 1913, la elección secreta sobre la pública se impuso en 1924 y la votación universal, con el reconocimiento de voto a la mujer, se logró en 1949. En 1974 se bajó la ciudadanía de los 21 años a los 18.

Un elemento distintivo de la sociedad costarricense, respecto a la centroamericana, fue el desarrollo de libertades ciudadanas y políticas, y de derechos ciudadanos y derechos humanos, junto con garantías sociales, de rango constitucional desde el inicio constitucional en el siglo XIX hasta hoy. Del mismo modo, un aparato electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, con rango de poder estatal, independiente, alejado del control de los gobernantes, desde 1949, afirma la democracia nacional, genera confianza institucional y popular a los resultados electorales, y al acatamiento popular de esos resultados.

Educación, elecciones por medio de partidos políticos, ejercicio político electoral como práctica de la vida ciudadana marcaron la diferencia también con el resto de los países centroamericanos, donde predominaron dictadores, tiranos y militares autoritarios en ejercicio del poder.

A finales del siglo XIX el presidente Barrios de Guatemala intentó, sin éxito, formar de nuevo la República Federal. Intentos unionistas vinieron después desde la sociedad civil sin éxito también.

El desarrollo de gobiernos autoritarios, despóticos, militaristas en la región alejaron esta posibilidad de reunión política. Costa Rica se alejó más de ese proyecto. Los intentos integracionistas vinieron de fuera, de la presencia económica extranjera en la época del imperialismo. Sin embargo, continuaron y, a inicios de la década de 1950, se impulsó la Organización de Estados Centroamericanos, que políticamente no condujo a nada, pero estimuló la creación de la Secretaría de Integración Centroamericana, SICA, que sí funciona, y bien, en el ámbito de las actividades económicas y comerciales.

Los sucesos ocurridos en Centroamérica, con motivo de las revoluciones y movimientos insurgentes, especialmente en Nicaragua, El Salvador y Guatemala condujeron a salidas políticas para restaurar la democracia política y sociedades democráticas que descansaran en la práctica de libertades y derechos humanos; aunque poco se ha logrado en esa dirección, ha sido importante. Los Acuerdos de Esquipulas no fueron un acuerdo político para establecer el unionismo centroamericano. Tan solo fueron, importantes para alcanzar la paz en la región, y estabilizarla.

Ante el bicentenario de la Independencia en Centroamérica, estos 200 años transcurridos solo han afirmado la separación política de los países de la región, a los que se han integrado en el SICA Panamá y República Dominicana. Los organismos regionales de tipo político que surgieron de los acuerdos de Esquipulas, la Corte de Justicia y el Parlamento, Costa Rica los ha rechazado, y no hay manera de que pueda integrarse a ellos mientras no se produzcan cambios sustantivos en su integración.

Por ahora los festejos del bicentenario de la Independencia a nivel Centroamericano tan solo serán una fiesta especial en la región, que cada país también celebrará en su especificidad.