Las sociedades democráticas, en sus diversas modalidades institucionales, han establecido mecanismos o sistemas electorales para elegir sus autoridades políticas, desde las más altas esferas del poder, hasta los organismos más básicos de la convivencia ciudadana de sus propios municipios.

La sociedad latinoamericana, en términos generales, estableció elecciones desde la escogencia de los diputados a las Cortes de Cádiz, en 1812, aun cuando la mayoría de los ahora Estados o Repúblicas, eran parte del sistema colonial, cuando procedieron a elegir sus representantes ante las Cortes, con las reglas que para ese efecto se dictaron. Desde allí, se podrían considerar los procesos electorales en el continente hasta hoy.

Independientes los países latinoamericanos, procedieron a desarrollar sus formas de gobierno y sus estructuras institucionales, y establecieron a esos efectos, mecanismos de elección de sus gobernantes, cuando no procedía ese poder de la propia lucha independentista, que mantuvo por años en el poder a sus principales caudillos y líderes militares, no alejados de las intrigas políticas y de cambios de gobernantes no por procesos electorales.

En el caso costarricense, no muy alejado del entorno centroamericano, se establecieron formas de elección, mecanismos y sistemas que garantizaban el acceso al poder de una minoría, políticamente definida, y de una mayoría excluida de la toma de decisiones políticas y de la participación electoral directa. Así se restringió el voto, por exclusión, a los analfabetos, a las mujeres, a ciertas minorías étnicas, se impuso un voto por nivel económico, se ejerció el voto público y de segundo grado, escogiendo en una primera ronda electores que eran los que decidían en la segunda vuelta. Obviamente, se impuso una edad mínima para adquirir el derecho de ciudadanía y poder tener la capacidad de elegir y ser electos.

En el caso costarricense, de nuevo, hasta 1912, se mantuvo el voto indirecto de electores, estableciéndose para las elecciones de 1913 el voto directo; hasta 1924 se estableció el voto secreto y, con la Constitución Política de 1949, se reconoció el voto de la mujer, haciéndose universal. En las elecciones de 1974, los jóvenes de 18 años pudieron votar al haberse cambiado las leyes de la ciudadanía que establecían la mayoridad a los 21 años, con facultad para participar en procesos electorales. Aun cuando estos sistemas electorales nos parezcan abominables, poco democráticos, eran los que funcionaban, y los que marcaban el carácter democrático de las sociedades, entonces existentes, bastante bien y definían las relaciones en el campo político para nuestras sociedades.

En Costa Rica, por ejemplo, para las elecciones de 1889 había 912 electores sobre una población de 340,000 habitantes, el 0.3% de la población era la que tenía la capacidad de votar. ¿Era eso democrático? Con los ojos de hoy no, pero era la forma democrática que venía operando y que hacía funcionar el sistema político. En ese año se estableció el régimen de partidos políticos; mediante y solo a través de ellos se podía participar en política, con ánimos de aspirar a ser electos en cargos públicos. Esta fórmula, que sigue existiendo, fue en cierta forma también restrictiva, porque los ciudadanos que deseaban aspirar a algún cargo tenían que ser miembros de un partido político y este partido escogerlo para el cargo al que aspiraba, convirtiéndose así en una forma sutilmente restrictiva de participación. Esto sigue funcionando. Hoy incluso, para aspirar a algún puesto de elección algunos partidos exigen un pago de inscripción para participar en la escogencia, pago por lo demás bien alto, que se justifica para los partidos políticos en los costos de las campañas electorales internas que tienen los partidos y para contribuir de esa manera, también, en los gastos generales de la campaña electoral a enfrentar.

La mayoría de los países han alcanzado estos niveles de participación electoral, voto universal, secreto, y algunos países, muy pocos, la ciudadanía reconocida a los 16 años para ejercer el voto. Todos tienen el sistema de partidos políticos, aun gobiernos monárquico-constitucionales tienen sistemas de partidos políticos, bajo la forma de regímenes presidencialistas o parlamentarios. Los partidos políticos, de hecho, se han impuesto en casi todo el mundo.

Las restricciones de participación se establecieron también con el desarrollo de gobiernos autoritarios, dictaduras, tiranías, satrapías, y con los gobiernos militares que restringieron la participación electoral de partidos y de ciudadanos en algunos casos, con la represión y la liquidación física de opositores, con la nulidad de cartas de ciudadanía y de inscripción electoral, con la expulsión o salida obligada de ciudadanos de sus países, con la inhabilitación de ciudadanos y de partidos políticos, como se acostumbra hoy en algunos países, para garantizar la estancia en el poder, o evitar fuerzas políticas opositoras reales y vigorosas que puedan desplazar del poder a quienes lo ostentan por la fuerza, o mediante mecanismos de control electoral que les facilitan o permiten su permanencia.

La exclusión histórica de masas de ciudadanos de las elecciones, condujo en la realidad a que muchos de esos ciudadanos se mantuvieran en la exclusión, en la marginación de la participación electoral, aun cuando se les habían reconocido sus derechos de participación. Psicológicamente se había predispuesto esa población para entender que el sistema electoral, sin su participación, era válido, y que de su resultado se podían esperar más cosas buenas que malas de quienes asumieran las riendas del gobierno en sus instancias legislativas y ejecutiva. En el caso costarricense, a los comunistas se les impidió participar, como partido político, bajo cualquier forma de nominación que adquiriera desde 1948 hasta 1974. Los comunistas como personas podían votar por cualquier otra alternativa política pero no por ellos mismos. Esto explica, en cierta forma, el desarrollo del bipartidismo histórico que se desarrolló en el país hasta 1998, cuando se ha empezado a cuestionar la vigencia de este control bipartidista de la sociedad y del Estado.

Bastaba echar una mirada al proceso histórico para entender las líneas de evolución de la sociedad y de su progreso. De hecho, ninguna época actual parecía peor que la anterior, aun cuando existieran limitaciones.

La lucha por el poder político en general hoy se materializa en los procesos electorales, con participación de partidos políticos y con los ciudadanos que son los que emiten sus votos, el pueblo electoral.

La política es el escenario donde se dilucidan las controversias de las relaciones de los distintos grupos de ciudadanos, organizados en partidos políticos, sindicatos, asociaciones de distintas naturalezas, económicas, empresariales, culturales, sociales, para tener acceso al poder y, desde allí, influir en beneficio de las grandes mayorías o de los grupos que realmente se mueven, con poder de decisión, alrededor de los poderes públicos. De allí que la política sea importante, inevitable, y de obligada atención y participación ciudadana.

En todos los procesos electorales ha habido abstencionismo electoral, gente o ciudadanos que de una u otra forma no participan directamente, no llegan a emitir su voto. Unos porque históricamente fueron violentamente omitidos, impedidos de ejercer su voto; otros por desilusión de sus partidos, de sus candidatos y de sus líderes; otros, asqueados de las malas formas de gobernar y de la corrupción institucional que establecen algunos funcionarios para hacer de ella su modo de vida. Esto conduce a un rechazo de esos partidos, y sus dirigentes, caudillos y líderes.

Hoy peligrosamente en este rechazo se mete a la democracia, como modo o sistema de vida, a todos los partidos políticos, a todos los dirigentes políticos, a todas las estructuras de gobierno y, por ello, a todos los gobernantes y funcionarios públicos. Más aún, se mete a la política como tal, la que hay que rechazar, y se induce a la búsqueda de líderes mesiánicos, autoritarios, fuertes; dictadores institucionales que resuelvan problemas sensibles para las gentes o la población. Peligrosamente, este rechazo conduce a alimentar los populismos de cualquier signo político que puedan surgir. Se induce inclusive a mecanismos de acceso al poder que nieguen los mecanismos democráticos de participación ciudadana. El abstencionismo es la máxima expresión que se evidencia de este posible rechazo, o que al menos tiende a justificarlo. ¿Es válido esto? Es discutible.

Para mí, el abstencionismo tiene dos expresiones importantes. El que se manifiesta del todo con no ir a las urnas electorales, y el que en urnas electorales se manifiesta no votando por ninguna de las alternativas existentes ofrecidas, o anulando el voto.

El que del todo no asiste a las urnas bien podría deducirse que no es que está en contra de todos los partidos y de todos los candidatos, sino que le es indiferente cuál de ellos pueda ganar el proceso electoral, porque siente que ninguno de ellos le altera, al elector abstencionista, su modo de vida, su estilo de vida, o no lo ve como una amenaza para su relativa comodidad o existencia, sea cual sea, y porque piensa, o deduce instintivamente, que cualquiera de los candidatos y partido que gane le puede producir más beneficio que perjuicio. Esa masa de abstencionistas, al término de las elecciones, contados los votos, se suma de manera pasiva a los votos del partido y candidato ganador, dándole fortaleza a su triunfo y mayor estabilidad al gobierno que se asumirá, y confianza al mismo proceso electoral. Así este abstencionista es un votante pasivo.

Está el votante que se presenta a las urnas y devuelve la papeleta electoral en blanco o la anula de alguna manera, votando por todos, haciendo inválido su voto al no poderse deducir una voluntad clara a favor de alguno de los partidos o candidatos. Este es el abstencionista activo, que rechaza a todos los partidos y candidatos porque no le parece ninguno, por la razón que sea.

A los efectos prácticos de los resultados electorales, los sistemas electorales han establecido no reconocer a sus efectos contables los votos de esta forma emitidos. Solo valen aquellos que están expresamente dados a una casilla electoral, de un partido o de un candidato, los que se consideran votos válidamente emitidos. Sin embargo, el que asiste a la urna y expresa su voluntad negándole el voto a cualquiera de las alternativas, de hecho y de derecho está expresando su voluntad de voto, está emitiendo válidamente su voluntad expresada en ese voto abstencionista, que a los efectos del resultado electoral no lo toman en cuenta, y que sí debe ser tomado en cuenta, al menos eso es lo que creo.

El voto abstencionista en urna debe tomarse como un voto válidamente emitido, no a favor de un candidato, lo que es obvio, sino a favor del mismo proceso electoral y democrático que debe reconocer de esa manera el voto en blanco, nulo o disidente, con el mismo valor porcentual que se le asigna al resto de los votos válidamente emitidos.

Los procesos electorales han establecido segundas rondas, o vueltas electorales cuando en la primera ronda no se saca el número de votos o porcentaje necesario para ser electo, 40%, como en Costa Rica, o 50% como en otros países; segunda vuelta que se resuelve con los dos que hayan sacado el mayor número de votos o mayor porcentaje, siempre inferior al necesario para elegir. La segunda vuelta, en todos los casos, se resuelve con el mayor número de votos, sin porcentaje, lo que es absolutamente lógico para provocar un resultado electoral válido. Pues bien, si los votos en blanco se contabilizaran provocaría que el resultado electoral, sea por número de votos o por porcentaje se vuelva más difícil. Posiblemente facilitaría más el desarrollo de segundas vueltas electorales, pero a la vez los partidos políticos tendrían que preocuparse por mejorar sus imágenes públicas, las de sus líderes, caudillos o dirigentes, tendrían que ser más responsables en la gestión pública en que participan, tendrían que estar obligados a procesos de rendición de cuentas ante sus afiliados, seguidores y ciudadanos.

El reconocimiento real y efectivo de los votantes abstencionistas enriquecería más la democracia política y los procesos electorales. La situación más extrema en este dilema sería cuando el abstencionismo en urnas sea mayor que la suma de los votantes de los partidos inscritos, lo que inevitablemente obligaría a nuevas postulaciones para la segunda ronda, sin lugar a dudas, o a un proceso reconstituyente nacional, de manera automática se convoque a un nuevo pacto nacional, a una nueva asamblea nacional constituyente, que redefina la nueva situación política nacional.