Para cualquier político peruano, como en todo país democrático, alcanzar el más alto rango de presidente de la República, es un objetivo deseado y por el cual muchos se esfuerzan por obtenerlo. Conlleva enormes responsabilidades y también honores y satisfacciones. Sin embargo, en el Perú, la realidad de casi todos los últimos mandatarios ha sido muy distinta y se ha convertido en tragedia o en una real pesadilla; una constante digna de ser vista como única, inesperada, o propia de una particular obra literaria latinoamericana. Como novela, sería original y atractiva. Como realidad política, es un desastre para la institucionalidad peruana que, no obstante, ha resistido, a pesar de haberse visto amenazada en tantas oportunidades en los últimos 30 años.

Los hechos lo demuestran de forma irrebatible. El expresidente, General Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), que presidió una Junta Militar, se encuentra condenado a cadena perpetua en Roma, recientemente ratificada, por crímenes de lesa humanidad.

Alan García, elegido en dos oportunidades (1985-1990 y 2006-2011), fue acusado de corrupción de la empresa Odebrecht y enriquecimiento ilícito en la construcción de la línea i del Metro. Antes de ser apresado, se suicidó en abril de 2019.

Alberto Fujimori, presidente también en dos períodos (1990-2000), está acusado por delitos de lesa humanidad, corrupción y otros seis crímenes. Huyó a Japón, regresó y ha entrado y salido de la cárcel, fue amnistiado y arriesga la anulación de su amnistía.

Alejandro Toledo (2001-2006), acusado también de corrupción de Odebrecht, escapó a Estados Unidos, fue detenido y tiene pendiente su extradición, y lo sucede Alan García.

Hollanta Humala (2011-2016), junto con su mujer, pasó nueve meses en prisión preventiva el 2018, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por falsos aportes a su campaña. Está libre, pero los procesos continúan y hay orden de arresto domiciliario a su mujer, Nadine Heredia.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), no terminó su mandato y renunció antes de ser destituido por el Congreso acusado de corrupción, por sobornos de Odebrecht y por la Comisión Lava Jato; con orden de arraigo, su juicio prosigue.

Lo debía suceder la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que renunció, y asumió Martín Vizcarra —como segundo vicepresidente que estaba de embajador en Canadá— como presidente (2018-2020), por el período restante de su antecesor, hasta el 29 de julio de 2021. Acusado de aceptar coimas mientras fue gobernador de Moquegua, hizo elegir un nuevo Congreso, evitó ser destituido hace dos meses, pero finalmente el Congreso declaró la vacancia del cargo. Lo sucedió el presidente del Congreso, Manuel Merino, que duró 5 días y renunció antes de ser destituido. Lo debía suceder quien presidía interinamente el Congreso, que declinó. Se anuncian procesos tanto para Vizcarra, por coimas, como para Merino, por excesos en la represión a las manifestaciones.

Se ha elegido, finalmente, por el Congreso, al presidente provisional Francisco Sagasti. En abril de 2021, habrá elecciones presidenciales y parlamentarias. Asumirán, en julio de ese año.

Esta resumida saga de presidentes del Perú tiene mucho de infortunio, acusaciones de corrupción, y juicios en manos de los tribunales. El trasfondo ciertamente es eminentemente político en una crisis que todavía no se decanta. Hay múltiples causas que, unidas y sin relación unas con otras, lo han facilitado, al no ir por caminos simultáneos sino paralelos. En primer lugar, están las disposiciones del Artículo 113 de la Constitución Política del Perú, de 1993. Señala que la Presidencia de la República vaca por: muerte; «su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso»; aceptación de su renuncia; salir del territorio nacional sin permiso o no regresar dentro del plazo fijado; o destitución como sanción. Los lineamientos parecen claros y con causales precisas. Sin embargo, la vacancia por incapacidad moral, en manos del Congreso, en definitiva, hace depender la presidencia de las mayorías parlamentarias del momento. Así, se ha transformado en una terrible arma legal y política, que ha terminado con varias de las presidencias, o han debido renunciar antes de que se apruebe la vacancia.

También depende de los procedimientos ante los tribunales, frente a acusaciones decididas por el Congreso. Existe la práctica de aplicar la prisión preventiva, mientras se tramita el juicio en los tribunales, utilizada discrecionalmente, lo que lleva a la cárcel a los acusados sin esperar la tramitación completa ni la sentencia definitiva. Lo más grave, es que dichos juicios se alargan sin resolución definitiva, de manera que el acusado puede permanecer meses preso, sin condena. Vale decir, de la presidencia a la prisión, se puede ir directamente.

Caso aparte, son las graves acusaciones de diferentes formas de corrupción y otros delitos, en los que hay pruebas irrebatibles que se han acumulado tanto en las acusaciones como en los juicios respectivos. Por sobre eventuales culpabilidades, debidamente falladas por la justicia, estos factores hacen que ser presidente del Perú, se haya transformado en una apuesta muy riesgosa, casi fatal. La suerte de los últimos presidentes lo demuestra.

No obstante, la institucionalidad no se ha quebrado, ni habido golpes de estado, ni se ha asumido el poder con violencia. Un gran mérito, aunque el activismo político y las fuerzas ocasionales, hasta ahora, tengan en su mano la capacidad de sacar o poner presidentes; todo un desafío para quien llega a tan alto cargo en el Perú.