La evolución del estallido social que comenzó el 18 de octubre en Santiago y que se extiende a todo Chile, nos permite sacar ya ciertas conclusiones importantes. Se exponen a continuación.

1. El Modelo socio económico actual chileno muestra su fracaso

El modelo socioeconómico imperante en Chile, que algunos denominan «neoliberal a ultranza», tiene su base fundamental en dejar prácticamente todo en manos del sector privado y del mercado, con un Estado definido como subsidiario al sector privado, lo que en la práctica lo convierte en una Estado débil y pasivo. Esta característica está claramente reflejada en una Constitución política creada e implementada durante la dictadura y mantenida, en sus aspectos esenciales, durante los 30 años del período posterior denominado «de democracia».

Esta característica del modelo chileno generó para el sector privado un muy buen ambiente para una actividad rentable en lo económico y financiero que implicó un crecimiento importante y por rebalse una mejora relativa del estándar de vida de la población en general. Tanto los niveles de pobreza como de miseria se redujeron en estos últimos 30 años notablemente en relación a la situación que había dejado la dictadura.

Sin embargo, la debilidad de las instituciones del Estado para controlar la actividad privada y la del poder judicial para penalizar los diferentes delitos que se cometieron por parte de los privados, especialmente de los más poderosos de la sociedad chilena, fue generando un mal ambiente social cuyas tensiones se fueron acumulando.

Por sólo dar algunas ilustraciones generales:

  • Las propiedades adquiridas por privados a precios «viles» durante la dictadura nunca se compensaron devolviendo al Estado el valor real que en su momento tendrían que haber cancelado.
  • El sistema judicial ha funcionado privilegiando a los sectores poderosos de la sociedad dejando sin penas efectivas a diferentes estafas sociales de importantes empresas y/o Corporaciones.
  • Asimismo, tampoco han existido penas efectivas por reiteradas situaciones de corrupción vinculada a acuerdos entre empresas privadas y la clase política.
  • Se han mantenido niveles de tributación regresivos, que favorecen la concentración de la riqueza donde el 1% de los ciudadanos es dueño del 30% de la misma.
  • Sistemas de administración de fondos de pensiones que han generado altas rentabilidades a las empresas privadas que administran dichos fondos, sin riesgo alguno para ellas en los casos en que se han obtenido malas rentabilidades e incluso pérdidas por dichos fondos que tienen que ser asumidas por los imponentes de los mismos. Además han ido generando bajos valores en las pensiones de la mayor parte de la ciudadanía dados los bajos sueldos de los imponentes. Paralelamente, las Fuerzas Armadas tienen sistemas de pensiones privilegiadas respecto al resto de la ciudadanía, generando buenas pensiones especialmente entre los altos mandos que jubilan.
  • Acuerdos en las concesiones mineras que han hipotecado el futuro del país al exportar esos recursos con bajo valor agregado y en condiciones tributarias privilegiadas para las grandes Corporaciones favorecidas, la mayor parte de ellas extranjeras.
  • La construcción de redes camineras en base a concesiones, con cobro de peaje a los vehículos, «sin plazo de término», aun cuando ya hubiesen recuperado todos los costos de construcción y de mantenimiento y logrado excelentes rentabilidades acumuladas.
  • Manipulaciones en el mercado de algunas Corporaciones que les permite obtener usureros niveles de rentabilidades al mantener situaciones oligopólicas en el mismo.

Podríamos seguir con esta enumeración.

Independientemente a lo que puedan señalar algunos teóricos y académicos acerca de la subsidiariedad del Estado respecto a lo privado, el efecto práctico que este concepto ha tenido en Chile, se ilustra con lo señalado anteriormente: un modelo neoliberal a ultranza que si bien bajó los niveles de pobreza y miseria en 30 años, ha mantenido a un 75% de la ciudadanía en la angustia de disponer muy bajos ingresos y vivir básicamente para subsistir con su familia, generando además una altísima concentración de la riqueza en manos de un pequeño porcentaje de la ciudadanía y un nivel de desigualdad enorme.

2. Discriminación y clases sociales que no se comunican

Por otra parte, la sociedad chilena ha sido y sigue siendo altamente discriminadora en lo social, de manera que el grupo privilegiado del 10% que posee el 85% de la riqueza nacional casi no tiene contacto real con el resto de la población. Son como dos mundos que no se comunican.

Sin embargo, a quienes forman parte del 75% de la población que debe vivir endeudada con ingresos limitados y angustiantes, les llega información a través de los medios de lo que acontece en esta sociedad y del cómo funciona la Institucionalidad. Así se enteran:

  • De la corrupción existente entre la clase política y los empresarios que detentan el poder.
  • De los privilegios insultantes del sistema judicial en que penalizan de diverso modo un mismo delito según la familia, las conexiones o el cargo que tenga el imputado.
  • De los dichos públicos despectivos hacia los más humildes de parte de importantes personeros de Gobierno o de los grupos de poder.
  • De los robos que durante una cantidad de años efectuaron altos mandos de las Fuerzas Armadas, enormes sumas de dinero aún desconocidas en su total magnitud.
  • De personajes de la clase política, cierto número de parlamentarios, en acciones ilegales y corruptas coludiéndose con empresas corporativas del sector privado, recibiendo financiamiento de las mismas y muchas veces amparando leyes que estaban lejos de favorecer el bien común, término aparentemente desconocido en la práctica para el modelo vigente.

El resultado de todo este funcionamiento de las Instituciones en este modelo crea una enorme desconfianza y descrédito por parte de la gran mayoría de la ciudadanía ante la institucionalidad de una sociedad cuyo modelo prioriza en los hechos la acción descontrolada que les otorga el derecho de propiedad a quienes son dueños del 85% de la riqueza del país por encima del Bien Común o del bienestar de los ciudadanos.

3. ¿Crisis humana o crisis del modelo de sociedad que existe en Chile?

Una importante Fundación de Valparaíso, en un inserto reciente en El Mercurio de Valparaiso, afirmaba que «el conflicto que sacude el país es una Crisis Humana y no una crisis del modelo como algunos ideologizados políticos nos quieren hacer creer».

Pienso que no tiene sentido real el vincular el fracaso del modelo neoliberal a ultranza chileno con alguna ideologización. Tal cual lo reflejan las diversas encuestas de opinión y como ya lo hemos dicho, las ideologías y los partidos están obsoletos, absolutamente desprestigiados y deslegitimados por la ciudadanía. En Chile tampoco hay un «conflicto que sacuda el país». No hay luchas ideológicas, sino un contundente acuerdo nacional de hecho que hasta el presidente Piñera ha terminado por aceptar. Personeros de todo el espectro político han reconocido que no se puede seguir igual: que el modelo debe cambiar. Se trata de un reconocimiento público generado por el actual estallido social que sin duda agrupa a casi toda la población chilena, que la estructura institucional del sistema socio económico chileno, del modelo que se ha estado aplicando, no da para más. Existe una enorme indignación acumulada sin canales de participación efectivos para la expresión ciudadana.

Respecto a una crisis humana, término que usaba dicha Fundación, es parte de lo que ha generado la aplicación del actual modelo chileno, pero no es la que genera el estallido social. El modelo aplicado en Chile es el que termina generando dicho estallido al priorizar una sociedad egoísta e indiferente sin conexión alguna entre quienes detentan el poder y el resto de la población.

La falta de educación pública de calidad que ha auspiciado el modelo, priorizando más a fondo la educación privada, debilitando la pública, protege de hecho la corrupción al no educar en torno a valores humanistas y éticos, y no genera una determinada cultura de país. La mencionada crisis humana es también producto del fracaso del modelo socio económico que instauró la dictadura. Es necesaria una visión menos economicista, más humana, más emocional, sin tratar de ponerle tintes ideológicos a este fenómeno social como lo trata de hacer esta Fundación, para llegar a la evidente conclusión de que es el modelo imperante en Chile el que ha fracasado.

4. Una ilustración práctica real de cómo funciona este modelo

Al dejar prácticamente toda la actividad económica en manos de privados y del mercado, cuando algunos privados logran poder manipular el mercado lo hacen sin rubor, sin complejos. Es lo que ocurre con el oligopolio formado por las cadenas de farmacias a lo largo de Chile; pueden cobrar precios usureros, pero eso es legal ya que el sistema del mercado lo permite. Así está diseñado el sistema neoliberal a ultranza que tenemos en Chile.

Como el Estado chileno, de acuerdo a la Constitución política actual, es subsidiario debe inhibirse a actuar de manera activa para regularlo. Nada de acciones directas estatales: todo debe estar en manos de los privados siendo el control del Estado débil o inexistente. Este tema no es ideológico: es un tema valórico fundamental.

Un país civilizado ha de apuntar hacia el Bien Común, hacia el bienestar de sus habitantes y la acción del sector privado siendo fundamental e insustituible, ha de estar siempre dentro de una acción sustentable con el bienestar ciudadano, tal como se traduce el bien común.

Lo que ocurre en Chile con los medicamentos ilustra la perversidad del modelo actual. El sector farmacéutico si bien tiene algunas empresas independientes pequeñas, esta manejado por un oligopolio de tres grandes cadenas farmacéuticas que han manipulado el mercado durante años cobrando por los medicamentos los precios más caros del mundo. En varias comunas del país, a fin de compensar este problema para los más vulnerables, las alcaldías han generado farmacias comunales que expenden medicamentos a sus vecinos a precios muy módicos. Pero su oferta necesariamente es limitada y la cantidad de farmacias también lo es.

Una de las ideas que a consecuencia del estallido social pensó el Gobierno era de subsidiar a las cadenas de farmacias con el 50% de sus precios financiando esa subvención con el erario fiscal.

Está claro que esa medida si bien baja a la mitad los precios a público, mantiene la rentabilidad de las cadenas farmacéuticas. Es muy injusto, dado que todo el país pagaría esa subvención y las farmacias del oligopolio seguirían con su altísima rentabilidad. Los precios que se cobran en Chile por parte de este oligopolio es algo grotesco.

El actual ministro de Salud Jaime Mañalich poco antes del estallido social apareció en la televisión denunciando de manera indignada el alto precio de los medicamentos en Chile aun cuando no propuso solución alguna, reconociendo que esta situación lleva ya muchos años.

En este tema, el alcalde de Quillota, Luis Mella, que además es médico y ejerce en sus tiempos disponibles, nos ilustra y denuncia este fenómeno muy bien:

El Eutebrol es el nombre de fantasía de la memantina, que se usa para el alzhéimer, en la farmacia comunal de Quillota vale $6.430 y en las cadenas $59.400; si se subsidia en 50% queda en unos $30.000 y el estado debería devolver a las farmacias los 30.000 descontados, a costa de todos los chilenos asegurando así la usura de las cadenas.

El Prolopa se usa para la enfermedad de Parkinson ; en la farmacia comunal de Quillota vale $4.200. El mismo medicamento en las cadenas de farmacias vale $ 28.200. No tiene justificación alguna, salvo la situación privilegiada de mercado de las grandes cadenas.

Si se va a una unidad de emergencia y le diagnostican neumonía lo envían a su casa con tratamiento basado en el medicamento llamado Ceftriaxona; en las cadenas farmacéuticas se vende con el nombre de marca Acantex a $30.300 cada frasco y no disponen del genérico. El tratamiento de una neumonía por 10 días sale $300.000 en las cadenas dado que no venden el genérico. Este último en la farmacia comunal en Quillota está a $220 el frasco y el tratamiento total para la neumonía resulta por $2.200. Este medicamento se usa tanto para neumonía como para infecciones urinarias graves.

La solución lógica a este tema sería, de parte del Estado, reforzar las farmacias comunales, privilegiar el abastecer los hospitales a precios adecuados y a farmacias independientes, generando así un papel activo del estado al regular el oligopólico mercado actual controlado por las cadenas farmacéuticas. También potenciar farmacias en las diversas comunas y pueblos que ayuden a regular el mercado haciéndolo más competitivo. Dentro del papel subsidiario del estado en el modelo neoliberal actual eso no está permitido. Se requeriría de una ley especial con el peligro de que las cadenas de farmacias recurran al Tribunal Constitucional reclamando que una ley así donde el Estado intervenga en el mercado sería inconstitucional. Sin embargo, dado el actual estallido social, no creo que se atrevieran.

5. Conclusiones

El estallido social chileno refleja que no se trata de temas ideológicos los que están en juego.

Se trata de un modelo que no apunta al bien común ciudadano. Las ideologías de izquierdas y de derechas han mostrado sus extremas debilidades, al igual que los partidos que pretenden representarlas. Han aceptado transversalmente, un modelo inhumano y cruel, han desarrollado un contubernio para «adaptarse» a usufructuar de un modelo donde cada cual saca su tajada en un acuerdo de hecho con los dueños del país y sus fuerzas armadas.

Lo ilustrado en base a los precios de los medicamentos nos muestra que el mercado no siempre asigna de manera «justa» los recursos especialmente si la riqueza del país está muy concentrada lo que facilita que ciertos grupos lo manipulen aumentando aún más las desigualdades y la concentración de la riqueza.

Los privados no tienen la visión ni la misión que debe tener el Estado en un país civilizado en pleno siglo XXI de priorizar el Bien Común, el bienestar de sus ciudadanos. El sector privado busca la máxima rentabilidad posible al mínimo costo y ese es su rol natural y más común. El Estado, en cambio, en un país civilizado, tiene la misión de estimular y proteger el bienestar de los ciudadanos a través de organismos técnicos y profesionales autónomos, estimulando la accion privada y controlándola en su acción, orientar la economía y la organización social, proteger a los más desvalidos, generar las bases de calidad en educación, salud, previsión, seguridad y demás variables, para que la sociedad tenga las competencias para generar productos y servicios de alto valor agregado, con igualdad de oportunidades funcionando de manera armónica, solidaria, respetuosa e incluyente.

Por todo lo señalado, en la actual situación chilena, más que enfrentando una «crisis» de cualquier tipo, estamos ante el fracaso del actual modelo neoliberal a ultranza y frente al desafío de crear una sociedad más justa y armónica priorizando los valores humanistas en lugar de los egoísmos alienantes tan propios del economicismo a ultranza.