El fenómeno se da en Colombia, y podría ser caso único porque la información que se consigue en Google es que en el resto del mundo los médicos-residentes no pagan matrícula y son remunerados. Aquí, al contrario: se les cobra matrícula (excepto en la Universidad de Antioquia), que en algunos casos alanzan los $40 millones al año (unos 13.000 USD) bajo la excusa de que se trata de una condición educativa de un joven médico en formación especializada; su trabajo no es remunerado y el apoyo que reciben del Estado solo es un préstamo-beca.

«¿En qué momento llegamos a concebir que esto era normal? ¡Pagar por trabajar, por Dios! Eso es una inmensa demostración de atraso social», dice la médica-psiquiatra, Carolina Corcho, quien lidera en el Congreso un proyecto de ley que reconoce al médico-residente como trabajador con remuneración, y elimina el costo de la matrícula en las universidades.

Y he aquí otra sorpresa «para más decepción nuestra», agrega la psiquiatra: el principal opositor al proyecto legislativo es el senador, Jorge Iván Ospina, del Partido Verde (de tendencia socialdemócrata), médico-cirujano formado en la Universidad de La Habana, Cuba, exdirector del Hospital Universitario de Cali, hijo de Iván Marino Ospina, militante guerrillero del extinto M-19 (de tendencia izquierdista).

Este híbrido político lo tiene trancado porque «le compró el cuento a las universidades privadas» que derivan de este abuso laboral pingües ganancias, según la denuncia de la vocera de los médicos-residentes.

La psiquiatra, en reciente conferencia ante el 29º Congreso Nacional de Medicina General y Social, llevada a cabo en Medellín (octubre 19, 20 y 21), con el auspicio de Asmedas (Asociación Médica Sindical), dice:

«Hay un estudio clarísimo del hospital Universitario San Ignacio (asociado a la Javeriana) en el que se revela que anualmente el hospital obtiene utilidades por $1.500 millones de pesos (unos 500.000 dólares) derivadas del médico-residente que trabaja, quien, además, tiene que pagar $35 millones de matrícula, por lo que recauda otros $2.500 millones al año.

»Teniendo en cuenta lo anterior, considérese también la rotación de residentes entre clínicas y hospitales de la que se derivan ingresos a costa del trabajo gratis de estos médicos. Entonces, es un carrusel de todo el mundo explotando laboralmente al médico-residente [...]. Es más: hay universidades que fungen de prestamistas y les financian a los estudiantes, a tasas del mercado, la matrícula. Es una explotación extrema que uno se pregunta ¿en qué momento llegamos a esto? ¿En qué momento llegamos a concebir que esto era normal? ¡Pagar por trabajar, por Dios!»

Con honrosas excepciones vocacionales, todos los jóvenes que emprenden estudios superiores lo hacen pensando en su futuro económico, pero en Colombia, bueno es decirles a estos prospectos médicos que si lo hacen pensando en el dinero honrado, están equivocados.

Ni siquiera si logran destrabar el proyecto de ley en el Senado por medio del cual se les reconocería una remuneración de 3 salarios mínimos mensuales ($2,2 millones equivalentes a unos 737 dólares); y eso, si el presidente Santos, en un momento de ajuste económico, no objeta el proyecto de ley por inconveniencia presupuestal.

Panorama oscuro

Cuando en Colombia se habla de salud, la gente está predispuesta a escuchar la enésima diatriba contra el sistema sanitario diseñado en la ley 100 de 1993. Un largo debate en este campo lleva años y, aunque la amplia gama de la sociedad civil lo percibe y combate por mercantilizado, el Gobierno insiste, persiste y no desiste del sistema.

La gente, en general, se queja de la manera en que está organizada la provisión de los servicios sanitarios; de la calidad y acceso a los mismos, la ineficiencia, escasez o el manejo corrupto de los recursos; el diseño de los planes de atención en los regímenes vigentes, la crisis financiera de los hospitales y clínicas como resultado de la gestión de las EPS (Entidades Promotoras de Salud) que no les pagan oportunamente los servicios prestados.

Y en todo este largo debate aparece en el fondo –casi escondido—el problema de los recursos humanos y, concretamente, este problema de los médicos. Aunque la gente no lo perciba tan cercano a toda la problemática, el drama laboral de los médicos-residentes afecta directamente su estado de salud y su bolsillo, pues, esa práctica educativa ha llevado el país a una progresión deficitaria de médicos especialistas indispensables para atender las necesidades del sistema general de seguridad social en salud. Las citas con especialistas en las EPS son difíciles de conseguir, y a toda hora los pacientes se topan con avisos manuscritos en cualquier papel: «No hay agenda», lo que indica que ni siquiera hay esperanzas.

O sí las hay, pero para aquellos «clientes» con buena capacidad de pago de especialistas particulares que, por el mismo hecho de ser escasos, tienen tarifas elevadas y recetan medicamentos de marca encarecidos por el cartel de los laboratorios y transnacionales de la salud.

Y otro aspecto que se desprende directamente de esta insólita norma educativa es que cuando la educación es privada y cara, a los claustros no llegan los estudiantes de más mérito sino los hijos de las familias más pudientes. Eso también, en alguna forma, tiene que afectar la calidad profesional de los escasos especialistas, con perdón de los que se puedan sentir ofendidos con este concepto.

La tormenta perfecta

Un modelo de salud mercantilizado, en que la prioridad es la eficiencia financiera por encima del derecho humano e inclusive de la ética médica, unido a una explotación laboral de los recursos humanos de la salud, mezclado a los altos costos de la educación en este campo, no puede arrojar otra combinación distinta que una crisis permanente, dentro de la cual, los escándalos de EPS quebradas, hospitales y clínicas cerradas, víctimas fatales de lo que en Colombia se conoce como «el paseo de la muerte», y pacientes en permanente agonía, es lo lógico.

Y aunque la tenaz psiquiatra de nuestra fuente inicial se siga preguntando «¿en qué momento llegamos a concebir que esto era normal?», no queda más que responderle que esto es normal dentro del estado de cosas al que llegamos en el que, para terminar, una sociedad civil logra sacar adelante una ley estatutaria sobre el derecho a la salud, y un año después, el Gobierno se «pasa por la faja» esa norma cuasi-constitucional a través de una simple resolución… Y el hecho amerita un resumen final.

Ley Estatutaria

El jueves 20 de junio del 2013, el Congreso expide la ley estatutaria 1751 que declara la salud como «Derecho Fundamental» y pasa a revisión de constitucionalidad. La Corte se toma año y medio para expedir su sentencia C-313 del 02 de diciembre del 2014 para declarar exequible la norma. Y el presidente Santos se toma otros tres meses para sancionarla el 16 de febrero del 2015.

Por supuesto que una ley estatutaria tiene muchas arandelas, y más si se trata del tema de la salud pública. Pero vale la pena destacar el punto que toca con el tema central de esta nota: el médico. Bajo este marco constitucional (considerado el más progresista del mundo), se consagra como elemento central la autonomía médica para adoptar las decisiones sobre el diagnóstico y el tratamiento a los pacientes bajo los fundamentos que milenariamente ha desarrollado la medicina: la evidencia científica, la ética y la racionalidad, bajo un esquema de autorregulación, es decir, ninguna institución por fuera del cuerpo médico y de los profesionales de la salud pueden intervenir en decisiones que competen a un conocimiento que solo puede ser ejercido en el acto médico que implica la relación médico-paciente, y en caso de discrepancia, en el diálogo científico con los pares, por lo que la ley prohíbe todo constreñimiento y presión sobre este ejercicio, que debe ser protegido de intereses económicos, corporativos, de lucro, ajenos a la ética que implica ocuparse del cuidado de la vida humana.

Entonces, lo que se esperaba del Gobierno, en atención a la nueva norma constitucional, era que desmontara los Comités Técnico-Científicos que, a instancias de las EPS decidían sobre la autorización y prescripción de los tratamientos que no estaban contenidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

¡Oh, sorpresa!: el 15 de abril del 2016 (año y dos meses después de sancionada la ley), el Ministerio de Salud y Protección Social expide la resolución 1328 que desconoce los alcances de la ley estatutaria, pues, vulnera la autonomía médica y su ejercicio profesional, manteniendo el poder hegemónico de las EPS y consolidando el factor rentístico del negocio de la salud a consta de postrar la profesión médica y, en consecuencia, la salud de los colombianos.

Tres puntos cruciales pueden destacarse de esta resolución:

  1. Restringe la prescripción médica, supeditándola a las guías y protocolos que establezcan las instituciones de salud.

  2. Vulnera la autonomía porque es claro que una guía sobre patología es imposible que compendie el vasto conocimiento médico.

  3. Delega el gobierno en esa forma al sector privado la obligación que tiene el Estado de garantizar el Derecho a la Salud.

Epílogo

Si los colombianos todos daban por ganada la batalla con la expedición de la ley estatutaria sobre el derecho fundamental a la salud, es hora que se notifiquen de que el gobierno sigue en connivencia con lo más asocial del sector privado que ha postrado y vulnerado en estos últimos 25 años los derechos de la población a una salud preventiva, curativa, asequible y eficaz.