El anuncio del nombramiento por el director general de la OMS, el Dr. Tedros, de Robert Mugabe, el dictador que hace apenas cuatro días se vio forzado a dimitir como presidente de Zimbabue, como «embajador de buena voluntad» para África del programa de lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, trajo como consecuencia, de inmediato, una serie de protestas y quejas por parte de Gobiernos y personalidades, que obligaron al alto funcionario de la OMS a echar para atrás dicha designación.

En efecto, el anuncio del nombramiento se hizo público en una reunión en Montevideo, Uruguay, sobre enfermedades crónicas el 18 de octubre pasado y la retractación del Dr Tedros ocurrió cuatro días después.

La rápida respuesta del funcionario fue bien recibida por los que habían protestado, pero hizo ver el apresuramiento y falta de asesoría que tuvo el director general de la OMS para tomar una decisión a todas luces inoportuna e inconveniente. Mal comienzo para una personalidad que prácticamente se estaba estrenando al mando de una organización de gran impacto mundial.

El escándalo suscitado por la designación de un ofensor de los derechos humanos y represor de su pueblo, hechos denunciados por múltiples organizaciones defensoras de la libertad y dichos derechos, fue reseñada, entre otros, por Richard Horton en la reputada revista médica The Lancet, quién recomienda al Dr Tedros para tener éxito en su tarea, «asesorarse ampliamente, pensar estratégicamente y no temer a la crítica pública».

Lo anterior pone de relieve la conducta de algunas importantes organizaciones internacionales que adoptan medidas inducidas por razones o simpatías políticas, que tienen a la larga, implicaciones muy serias. Como ejemplo destacado tenemos la reciente retirada de los Estados Unidos y de Israel de la UNESCO debido a cuestionamientos eminentemente políticos. Dicha acción debilita al organismo afectado, especialmente por el significativo aporte económico de los Estados Unidos y más que todo, de su importancia como nación a escala global, así como también la de Israel.

El desgano de la OPS

En nuestro ámbito latinoamericano tenemos algunos ejemplos de la influencia política que han ejercido algunos funcionarios de organismos internacionales, que en ocasiones orientan la acción de determinados programas o bien contribuyen a modelar la opinión pública. En el caso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), diversas organizaciones y reputados expertos sanitarios venezolanos han denunciado la tardanza de dicha entidad en hacerse eco de la crisis sanitaria y en general humanitaria por la que atraviesa la patria de Bolívar. La epidemia de difteria, pese a las alarmas emitidas por los epidemiólogos no oficiales en su debida oportunidad, fue notificada tardíamente por la OPS.

Al principio, los casos aparecieron confinados a algunos estados del oriente y del sur del país, pero, en los últimos días, se han notificado enfermos y defunciones por dicha causa en el estado Carabobo, bastante cercano a Caracas. De acuerdo al Dr. José Felix Oletta, exministro de Salud y miembro de la red Defendamos la epidemiología, a fines del 2016 había casos de difteria en cinco estados del país y, ya para abril del 2017, el número había aumentado a 17, es decir el 80 % del territorio nacional. En cuanto a mortalidad, se estima que en el 2016 fallecieron 50 personas. Todas estas no son cifras oficiales ya que el Ministerio de Salud ha optado por una errada política de «silencio epidemiológico», como si esto bastara para resolver los problemas de salud.

Igual está sucediendo con otras enfermedades re-emergentes, como es el caso del sarampión. La enorme epidemia de paludismo que ocurre desde hace varios años en Venezuela no ha sido destacada como debía de haberse hecho. En el inmenso estado Bolívar están confluyendo, en los últimos tiempos, tres peligrosas epidemias: malaria, sarampión y difteria, reflejo del abandono de los programas sanitarios por parte del Gobierno venezolano.

El gremio médico venezolano, así como otras instituciones de salud en Venezuela, reaccionó ante la inacción de la OPS. En una manifestación reciente frente a la sede del organismo en Caracas, protestaron exhibiendo pancartas algunas de la cuales decían «no al silencio cómplice de la OPS, la OPS no puede dejar sola a Venezuela».

Se recuerda también las alabanzas y loas que la OPS prodigó a los costosísimos como ineficaces programas de salud como el llamado Barrio Adentro, que ahora reposan sin pena ni gloria en el baúl de los recuerdos. No se denunció por parte del organismo internacional de salud, como debió haberse hecho, la duplicación de servicios ni el gasto dispendioso en un sistema de salud paralelo al del ministerio del ramo venezolano. Programa paralelo que, como es conocido, era y es dirigido al más alto nivel por funcionarios cubanos.

Omisión de la FAO

En el caso de la alimentación, la FAO, durante el mandato del presidente Chávez y aún en el actual de Maduro, felicitó y concedió premios al Gobierno venezolano por sus logros en dicho campo, inclusive cuando ya era evidente el deterioro nutricional de la población de dicho país. No ha sido sino hasta muy recientemente que esa organización internacional reconoció muy tímidamente el avance de la «subnutrición» y otros problemas nutricionales en Venezuela.

En un informe dado a conocer hace muy poco tiempo, el representante regional de la FAO informó que «Venezuela, sumida en una profunda crisis política y económica, es el país que registró el mayor aumento de desnutridos, pasando de 2,8 millones de personas en el 2015 a 4,2 millones actualmente, con una prevalencia del 13 % de su población afectada».

La situación actual del estado nutricional de la población es de extrema gravedad, lo que ha llevado a Susana Rafalli, representante de Cáritas, una organización de la Iglesia católica, a declarar «la emergencia humanitaria» en Venezuela. También informó que semanalmente fallecen entre cinco y seis niños por desnutrición y que alrededor de 300.000 niños podrían morir por la misma causa.

Es de advertir que, tanto en el caso de la FAO como el de la OPS, científicos, académicos y expertos venezolanos hicieron llegar con anterioridad cartas, documentos y denuncias específicas sobre lo que estaba ocurriendo en su país, obteniendo como respuesta durante mucho tiempo, el silencio de dichos organismos.

Así, por ejemplo, en febrero de este año 2017, un grupo numeroso de distintas organizaciones académicas y privadas, emitieron un documento muy bien elaborado en el cual rechazan el informe de la FAO sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, 2016, «debido a la ausencia de información real y verídica sobre la situación alimentaria en Venezuela». El informe especialmente omite datos correspondientes al trienio 2014-2016, en el cual la salud en general, la alimentación y la nutrición han tenido un deterioro como nunca se había visto en Venezuela.

El documento finaliza advirtiendo que «no alertar acerca de la situación alimentaria y nutricional venezolana actual podría ser considerado como una violación al mandato Derechos Humanos en Primer Lugar», cuando el personal en terreno local de las agencias del Sistema de Naciones Unidas no reporta a sus respectivas sedes la verdadera situación de la población (en este caso, la venezolana).

Es lamentable que organismos internacionales serios y respetados caigan en prácticas o influencias políticas negativas. Es cierto que todas estas instituciones cuentan con personal preparado y experto en diferentes áreas temáticas. Pero también abundan en su seno burócratas que olvidan sus deberes y obligaciones, siendo condescendientes y temerosos a la hora de enfrentarse a sus contrapartes locales. O inclusive hay casos en que simpatías políticas los hacen desviarse del cumplimento de sus funciones. De continuar esta práctica, no cabe duda que se iniciaría un proceso de desgaste y descreimiento que le haría mucho daño a esas instituciones.