Mirando atrás y repasando todos los eventos sucedidos en Cataluña a lo largo de las últimas semanas hasta la reciente detención de casi todo el Gobierno catalán, me impacta una cosa; cierto es que se ha escrito y dicho mucho de los lamentables actos en Cataluña del 1 de octubre en los que la policía se excedió contra gente que quería votar en una votación declarada ilegal y todo lo que ha seguido después, y también es cierto que no hacía falta llegar a esos extremos si el resultado no iba a ser vinculante igualmente, y no pretendo posicionarme por ningún bando con esto. De todos modos, lo que me impacta es que hay un elemento que se ha obviado deliberadamente por parte de los medios de comunicación nacionales y tan sólo ha sido tocado de refilón en las redes sociales y en las manifestaciones que tuvieron lugar en Barcelona y otras ciudades catalanas en los días posteriores; ese elemento es la autoridad moral.

El principal argumento del Estado para frenar y contratacar a los independentistas ha sido la Constitución y la legalidad. Sin nada más, ni ninguna propuesta alternativa. Y eso es insuficiente; algunas de las grandes atrocidades de la historia fueron legales, por eso se pudieron cometer, tres ejemplos que rápidamente vienen a la mente son la esclavitud, el apartheid y el Holocausto, cuyo juicio y merecido castigo nunca tuvo que ver con la legalidad de los territorios en los que se aplicó.

Pero igualmente grave que la falta de soluciones es la falta de autoridad moral de quien exige el cumplimiento ciego de las leyes; no sólo se trata de un partido heredero directo de una dictadura, sino que además sus líderes visibles, con Mariano Rajoy a la cabeza, arrastran un elevado número de causas judiciales por corrupción, malversación de fondos, blanqueo de dinero, financiación ilegal y otros muchos delitos, con el punto álgido en la embarazosa declaración de Rajoy como testigo en un juicio en julio pasado, cuando mintió descaradamente.

Pues bien, hay que preguntarse lo siguiente; con qué cara, con qué autoridad pueden exigir que otros cumplan las leyes. Eso fue un argumento recurrente en las mencionadas manifestaciones, en las que se tildaba al Gobierno de antidemocrático y corrupto entre muchas otras lindezas. Similar a lo que se podía leer en un gran número de cuentas en las redes sociales. Todas esas causas han provocado que el Gobierno español, un Gobierno elegido democráticamente dos veces en un año, carezca de autoridad moral entre un sector importante de sus ciudadanos que siente, como mínimo, desapego hacía quienes dirigen el país. Y eso teniendo en cuenta que en la antigua CIU, partido principal de la plataforma que gobernaba en Cataluña, también tienen mucho que contar sobre corrupción.

Cuesta imaginar que la Generalitat hubiera ignorado y desafiado de esta manera a una Moncloa impoluta con un Gobierno intachable, aunque de ser ambos Gobiernos, el catalán y el español, intachables la gestión de esta crisis hubiera sido muy distinta.