América Latina ha sido durante décadas sinónimo de conflicto. El siglo XX estuvo marcado por las dictaduras que, ayudadas por los diversos gobiernos de los Estados Unidos, controlaron la zona y mantuvieron las revueltas sociales. Desde finales del siglo XX, la zona comenzó a profundizar en su democracia. Ya no existe ninguna dictadura en el territorio de América del Sur y la mayoría de los países se han sumado a las posturas que dominan el panorama internacional. La ciudadanía comienza a respirar porque puede decir lo que piensa y hacer lo que quiere sin miedo a un secuestro o a un ataque. El único factor hereditario de las tiranías del siglo XX que continúa campando a sus anchas es el de la corrupción.

Sociológicamente, la situación comienza a tener una influencia cada vez más punzante en la sociedad latinoamericana. Son muchos los pueblos que se han levantado contra la corrupción de sus políticos. El revocatorio que sufrió la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha abierto la caja de pandora. Durante dos años, la sociedad brasileña salió a la calle para pedir la dimisión o la expulsión de la líder del Partido de los Trabajadores. Finalmente, Rousseff tuvo que abandonar su cargo, debido a un asunto legislativo y técnico. Sin embargo, las sospechas sobre la culpabilidad de su partido en el escándalo del gigante constructor de Brasil, la compañía Odebrecht, fue el verdadero telón de fondo de la maniobra política que acabó con un nuevo presidente del país, Michel Temer.

El escándalo de Odebrecht comenzó a contagiarse en varios países del continente latino. Perú, Panamá y Colombia han sido algunas de las naciones que se han visto salpicadas por un desfalco a las arcas públicas, que se producía gracias a los sobornos que los dirigentes recibían para otorgar un contrato con dinero púbico al gigante brasileño. La corrupción no es una sorpresa en países con una democracia algo inestable, como acontece en América Latina. En lo que realmente se ha vislumbrado un cambio es en la respuesta de la sociedad civil. En lugar de esperar a propuestas políticas por parte de la oposición, son varias las plataformas ciudadanas que han elegido la calle y los mecanismos democráticos para tratar de levantar la voz frente a lo que consideran un expolio.

En Colombia, país en el que se celebran elecciones presidenciales en 2018 y para las cuales ya se están posicionando los candidatos de los diferentes partidos, se ha comprobado cómo la ciudadanía ha conseguido introducir en el debate público la necesidad de acabar o, al menos, señalar la corrupción como el gran problema del país. La desmovilización del grupo guerrillero de las FARC, ha dejado espacio a otros grandes problemas que, quizá, anteriormente no se destacaban por la evidencia de un conflicto armado que atacaba con fuerza los derechos fundamentales de los ciudadanos del país. Pero el hecho de que el proceso de paz parece que se desarrolla, a pesar de sus innumerables problemas, ha dejado al descubierto muchas otras amenazas a la democracia insertadas dentro de los poderes públicos.

En las últimas semanas, ha sido habitual observar en las calles de las capitales colombianas, varios voluntarios que pedían a los ciudadanos que firmaran la llamada Consultar Popular Anticorrupción. El objetivo de esta es recoger 5 millones de firmas por todo el país para convocar una consulta popular anticorrupción, mediante la cual se cree un programa de obligatorio cumplimiento para el próximo Gobierno, en el que se incluirían 7 medidas anticorrupción. En esas actuaciones, se castigaría duramente a los políticos y contratistas corruptos, además de elaborar una hoja de ruta para prevenir los posibles casos indecorosos en la política colombiana.

Esta medida popular se produce debido a que la misma plataforma ya intentó colocar estas 7 medidas en el Congreso, teniendo como respuesta el caso omiso y el silencio de los partidos mayoritarios. Lo cierto es que, desde hace unos meses, el caso Odebrecht y otros más han salpicado las portadas de las grandes cabeceras del país. Es evidente, que el hecho de que un cambio de poder gubernamental esté próximo, puede estar ayudando a que haya algunos dirigentes políticos y líderes de la opinión pública, que están tratando de acomodarse frente al posible relevo en el futuro.

El presidente Juan Manuel Santos no se puede presentar a la reelección, puesto que ya habrá cumplido los 8 años de Gobierno que la Constitución colombiana permite. La llegada de nuevos actores políticos provenientes de la izquierda, que está sosteniendo una lucha pacífica y radical contra la corrupción, y que está teniendo influencia en la sociedad del país, ha provocado el cambio de tono de los grandes dirigentes. La corrupción se ha convertido, en definitiva, en el próximo problema a batir por parte de la gestión pública.

Las medidas concretas que se exigirán serán: reducir de 40 a 25 salarios mínimos legales el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estados, las personas que sean condenadas por corrupción deberán pagar su pena en la cárcel sin posibilidad de beneficios, todas las entidades estarán obligadas a usar pliegos en los concursos públicos, se obligará a desglosar el presupuesto de inversión en alcaldías y gobernación nacional, los congresistas deberán rendir cuentas sobre su gestión y tendrán que presentar sus declaraciones de renta para posesionarse y ejercer su cargo y, por último, limitará a 3 periodos la permanencia en cargos públicos.

No se debe caer en la ingenuidad de pensar que esto se produce por un cambio de pensamiento por parte de quienes han gobernado durante las últimas décadas. Si de algo sirvió el plebiscito convocado por Santos en octubre pasado, para preguntar al pueblo si aceptaba los acuerdos de paz provisionales, fue para que el propio pueblo se diera cuenta de la influencia creciente que tiene en la gestión de los políticos. Los medios de comunicación alternativos ganan fuerza y el desarrollo educativo del país tiene como consecuencia que la sociedad comience a preguntarse sobre su papel activo dentro de la gestión política.

Por tanto, parece que existe un nuevo panorama en el horizonte de Colombia. Sus buenos resultados económicos, la posibilidad de crecer gracias a sectores productivos como el turismo y la atracción por parte de inversores extranjeros, tienen que tener como acompañante una creciente transparencia política y económica. Los ciudadanos del país latinoamericano comienzan a darse cuenta de ello y los líderes políticos reconocen que no controlan la sociedad de opinión tanto como antes.

Para evidenciar la tragedia de la corrupción en el país, existe un chiste que circula por Colombia en cuanto a la relación con España. Se dice que el político español invita al político colombiano a su casa, y en ella hay una piscina, un gran salón y varias obras de arte. Pregunta el político colombiano: “¿Cómo conseguiste todo esto, si el salario no es muy alto?” Responde el español: “¿Ves aquella carretera? Pues el 3% para mi bolsillo”. En respuesta a la invitación el colombiano hace lo mismo y le ofrece al español ir a su casa. Cuando llega el político español se queda atónito con la enorme casa, los lujos de esta, el gran parque y los innumerables coches de alta gama. Pregunta el español sorprendido: ¿Cómo conseguiste todo esto? Y responde el colombiano señalando con su dedo: “¿Ves aquella carretera?” El político español no ve nada y dice: “¿Dónde está?” “Yo tampoco la veo – responde el colombiano – porque todo el dinero está en mi bolsillo”.

Esa es la triste diferencia en el nivel de corrupción entre los países. Hay algunos en los que además de robar, los proyectos no se llevan a cabo, y la ciudadanía colombiana comienza a despertar frente a este robo.