Los domingos vuelven a ser de los toros en Bogotá. La ciudad se vacía en sus arterias más importantes a la vez que las avenidas que dejaron lugar a la ciclovía, evento semanal en el que se corta el tráfico a los vehículos, vuelven a la normalidad. Pero la gente apenas sale de sus casas en la tarde del domingo. Bogotá se vuelve familiar, justo antes de que comience el caos del lunes. Sus calles parecen necesitar respirar. La calma las inunda, por fin.
Pero desde que el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, del Partido Cambio Radical, acató la vuelta de las corridas de toros, impuesta por la Corte Constitucional, que el anterior alcalde, Gustavo Petro, del Movimiento Progresista, había prohibido, las calles de Bogotá tuvieron un ajetreo inexistente hasta entonces durante los domingos del último lustro. La zona aledaña a la plaza de toros, la Santa María, una construcción de estilo mudéjar, al igual que la plaza de toros de Las Ventas y que se sitúa en el centro de la capital, ha sido el epicentro de varias peleas entre los asistentes a los toros y los animalistas. Estos conflictos llevaron a la alcaldía a movilizar miles de agentes en torno al recinto de toros, para evitar que se vuelvan a producir los graves incidentes que se dieron en el primer día de toros.
En los últimos cinco años, los bogotanos aficionados a los toros han salido de la ciudad para disfrutar de su actividad. Realizaban corridas de toros clandestinas en pueblos al norte de la provincia de Cundinamarca, donde se ubica Bogotá, o en plazas privadas. En estos eventos apenas se alcanzaban los 2.000 asistentes. Por esa causa, la reapertura de la plaza de Santa María congregó la atención de todos los aficionados, quienes compraron pocas horas después de su puesta en venta, las 15.000 localidades del recinto. Unas entradas que costaban por encima de los 200 dólares, que son unos 550.000 pesos colombianos. El salario mínimo en Colombia es de 737.000 pesos.
La situación ha traspasado la sociedad en la capital de Colombia. Todos tienen una opinión y el gran damnificado está siendo el actual alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa. Peñalosa se apresuró a asegurar que debía aceptar el veredicto de la Corte Constitucional, aunque él mismo se declaraba antitaurino. Pero las organizaciones animalistas del país y de la ciudad le reprochan que no haya hecho nada por tratar de continuar la prohibición que impulsó su antecesor, Gustavo Petro. Además, la reacción de la alcaldía de cerrar varias de las calles que se encuentran alrededor de la ciudad para que los aficionados puedan acudir a la plaza Santa María sin que los manifestantes en contra de las corridas puedan protestar, ha encendido todavía más las críticas.
La tensión se pudo comprobar el pasado 22 de enero cuando se reabrió la plaza de toros. Esa tarde, desde tres horas antes de la corrida, comenzaron las protestas por parte de los antitaurinos. Aunque en la mayoría de los casos las reivindicaciones fueron pacíficas, algunas personas dentro de los grupos de animalistas y contrarios al festejo comenzaron a reprochar a los aficionados que entraban en la plaza su asistencia a la corrida. Los insultos fueron aumentando su tono hasta llegar a la agresión. Fue entonces cuando los integrantes del grupo antidisturbios de la policía colombiana (ESMAD), dieron un paso adelante en contra de los manifestantes y comenzaron a tratar de disuadirlos. Primero, a través de sus porras hasta acabar lanzando gases lacrimógenos que acabaron por disolver la manifestación. El alcalde Peñalosa, tomó buena cuenta de este día de inauguración y desde entonces prohibió las manifestaciones frente a la plaza de toros, y cortó las avenidas más céntricas de la capital colombiana.
Frente a los antitaurinos, los aficionados de los toros han visto en esta reinauguración de la plaza Santa María un símbolo de la libertad. De hecho, la organización del festejo pidió a los asistentes que portaran un clavel blanco en su solapa, como símbolo de la libertad. Pero parece que esa libertad de la que presumen puede tener los días contados. Porque el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, ha tomado partido a favor de las personas contrarias a la celebración de corridas de toros. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció el pasado 26 de enero que el próximo 20 de marzo, el Gobierno llevará al Congreso una ley que prohíba los festejos taurinos en todo el país. Esta decisión enlaza con la anterior de la Corte Constitucional en la que se consideró que no existía una norma legal que pudiera imponer la prohibición general de los espectáculos taurinos. Parece que el Gobierno está dispuesto a instaurar esa norma legal.
El conflicto en torno a la tortura que sufren los toros ha tomado, desde hace varios años, las calles y los periódicos de los países donde se celebran las corridas de toros. La amenaza mayor para los aficionados a las corridas, sin embargo, no son las protestas ni las leyes gubernamentales. Tan solo hay que observar el tendido de las plazas para comprobar que no existe un relevo generacional entre los aficionados a los toros.