La saga de capítulos del independentismo catalán haría las delicias de Tolkien. Magos inmunes a las sentencias del TC y, sin embargo, de obligado cumplimiento para los demás habitantes de la tierra; duendes que se llevan el tesoro público; y, como en toda buena ficción catalana, no puede faltar el referéndum. ¿Qué harían ellos si no pudiesen convocar un referéndum cada año? Es como el anillo mágico, un referéndum para gobernarlos a todos.
En mi mundo, una Comunidad Autónoma no tiene competencias para convocar referendos, sobre todo si se pone en cuestión el orden constitucional. Aunque Artur Mas le llamase en 2014 consulta general o no referendaria, el 9N fue eso, un referéndum para debatir la secesión de Cataluña.
Para aquellos catalanes que piensan que el Tribunal Constitucional es un ente sobrenatural y flota en el aire, siento decepcionarles, pero no, es real y dicta sentencias: “No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional”.
Colau, Forcadell, Mas, Junqueras, Boya, Reguant, Lloveras, Puigdemont… ¡innumerables!, claman por la liberación de “su Estado”, están secuestrados en la peor prisión del planeta, España. CUP, Junts pel Sí, CDC, ERC, Podemos, Equo, CiU… hay siglas como para matarse entre ellos. No importa, mientras vivan del sueldo público. Me preocupa seriamente, digo más, me quita el sueño, que el parlamento catalán no tenga sillones para tantos.
Propongo una solución a los independentistas, les invito a trasladarse a la isla Perejil, pueden hacer una nación “pequeña” y maravillosa. Otra opción plausible es copiar a la Orden de Malta, ellos constituyen un Estado sin territorio. Ah, claro, que esto no es parte de su ideario. Ellos no quieren ser españoles, pero consideran que la tierra que pisan es suya, por derecho y por tradición.
Sí, claro, desde el reparto autonómico que estableció la Constitución de 1978, el Gobierno central ha mantenido la tradición de beneficiar más a los que ahora queman la Carta Magna el 6 de diciembre. Cataluña es la autonomía que acumula mayor inversión en infraestructuras públicas, la más beneficiada por las inversiones estatales de Fomento. Una inversión que representa más del 14% del total nacional, siendo los catalanes un agravio comparativo contra otras CCAA.
El puerto de Barcelona tiene las mejores infraestructuras del Mediterráneo. La conexión ferroviaria internacional de Cataluña es, junto con Madrid, la mejor de España. Se puede circular en AVE desde Barcelona a París. Su red de carreteras y autopistas es posiblemente la mejor de todo el país. Dispone de seis aeropuertos, el de Barcelona-El Prat es el segundo de España y la puerta aérea para el comercio del Mediterráneo, Europa del Este, Oriente Medio y Asia. Una plataforma logística única en toda Europa.
A cambio, con el paso de los años y el fin político de Jordi Pujol, los que amamos nuestro país sentimos que Cataluña nos ha engañado. Es mejor llamarse independentista que estafadores, mucho más elegante. No solo nos han sacado hasta el hígado sino que a día de hoy no podemos llamar a su puerta para estudiar o trabajar en puestos públicos porque no hablamos catalán. Y esa puerta la hemos pagado todos los que hablamos castellano.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la vestal encargada de formar un hogar entrañable entre los separatistas encabezados por Carles Puigdemont y el Gobierno español. El pasado 7 de diciembre se reunió con los líderes de Ciudadanos y del PSC, así como con destacados representantes del ámbito empresarial y social de Cataluña para acercar posturas. Se está enfrentando a una sinrazón. Aunque fíjate… sospecho que la independencia catalana tiene más grande el bolsillo que la ideología.
En respuesta, y como no podía ser de otra forma -ya resulta hasta aburrido-, el presidente de la Generalitat ha convocado para el próximo 23 de diciembre una cumbre para preparar el referéndum sobre la independencia que se prevé celebrar en septiembre de 2017.
Qué mal lo sigue haciendo el Gobierno central que, después de treinta y ocho años, incluido el escándalo de la familia de un presidente autonómico, pretende hablar con los nacionalistas orgullosos de estar fuera de la ley. A Puigdemont no hay que darle más privilegios, hay que dejarle con la CUP y la coalición Junts pel Sí, y que entre navajeros se saquen los ojos.
Yo por tradición ponía el caganer en mi portal de Belén aun no siendo catalana, porque parte de mi familia vive en Barcelona, pero no quiero ofender a Ada Colau. Y de paso no sea que el caganer pida un referéndum a los pastores para aprobar el nacimiento del niño Jesús.
Cuánta arrogancia y... ¿cuántos catalanes piensan como vosotros?