La campaña electoral para los comicios del próximo 26 de junio está dando sus primeros coletazos. Uno de los temas candentes es el de las pensiones, una de las cuatro patas de nuestro Estado del Bienestar (junto con la Educación, la Sanidad y la Protección Social de los más desfavorecidos).

Pero esta pata se tambalea debido a la alarmante falta de provisión de fondos para acometer los pagos mensuales de las pensiones. El Sistema es simple: los trabajadores en activo aportan una parte de su sueldo a una hucha ficticia (fondos de reserva), donde se recoge el dinero con el que se pagarán las pensiones (única y exclusivamente las pensiones). Sin embargo, los Gobiernos centrales han “tirado” de esta hucha para afrontar pagos más perentorios. Así, nos encontramos con una alarma: tal y como está concebido, el sistema solo podrá cubrir las pensiones a dos años vista; más allá de 2018… ya se verá.

Pacto de Toledo

El actual sistema de pensiones español es relativamente “joven”, tiene 21 años tan solo. Fue el 6 de abril de 1995 cuando el Congreso de los Diputados aprobó el que se ha denominado como Pacto de Toledo: un acuerdo de todos los grupos parlamentarios del momento. El paulatino envejecimiento de la población, unido al aumento de la esperanza de vida de los españoles, acrecienta el bulbo en las edades más maduras, las que entran en el período de jubilación.

En aquel lejano 1995 el cálculo que se hacía era que dos trabajadores en activo sufragarían la pensión de un jubilado. A día de hoy, con un porcentaje de desempleo por encima del 20% (es decir; no cotizan para engordar esa hucha, entre otras prioridades) y con un número creciente de clase pasiva (personas que perciben una pensión de la Seguridad Social), el Sistema se tambalea.

En aquel lejano 1995 se aprobó un paquete de medidas para reducir la presión a la que estaba sometido el presupuesto de la Seguridad Social. Así, se decidió separar las diferentes fuentes de financiación de las prestaciones, dejando las llamadas prestaciones no contributivas y universales (Sanidad, Servicios Sociales, etc.) a cargo de la imposición general y las pensiones contributivas, a cargo de un sistema de cotizaciones sociales. Con esta división, los pensionistas comenzaron a cobrar en función de lo cotizado (en lo que a prestaciones contributivas se refiere).

Para solucionar las fluctuaciones de las contribuciones, se crean fondos de reserva durante periodos de bonanza destinados a eliminar la necesidad de aumentar las contribuciones para mantener las prestaciones en tiempos de crisis. Estos capitales son títulos públicos adquiridos en los mercados oficiales.

El control político del acuerdo

Las fuerzas políticas firmantes del Pacto (PSOE –en el Gobierno-, PP, IU, CiU, CDS y PNV) acordaron crear una Comisión Permanente No Legislativa del Pacto de Toledo, que se reunirá periódicamente para discutir la evolución del sistema. La próxima reunión se debe celebrar en el presente año, y se ha autoimpuesto como mandato asegurar la sostenibilidad del sistema. Varias fuentes aseguran que el Ejecutivo español (sea el que sea después de las elecciones del 26 de junio) deberá sacar las pensiones viudedad y orfandad de la financiación de la Seguridad Social para hacerse cargo de ellas a cuenta de los impuestos.

Las últimas cifras de la Seguridad Social muestran que en mayo de 2016 en España hay un total de 9.344.513 personas que perciben una pensión del Sistema Público. Por su parte, la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al primer trimestre del presente año, registra 4.791.400 personas en situación de desempleo. Así, nos encontramos con una población de 14.135.913 personas que actualmente no cotizan y que reciben ayudas públicas, financiadas, en parte, por las 22.821.000 personas que actualmente trabajan (datos del INE). Así, nos encontramos que 1,6 trabajadores mantienen con su cotización a través del trabajo las pensiones y las ayudas al desempleo.

Las propuestas políticas

Las distintas fuerzas políticas concurrentes a las Elecciones Generales del 26 de junio proponen sus propias recetas para dar respuesta a esta situación sin que conlleve, con ello, un cambio de sistema. Las situadas más a la derecha no afrontan el problema de frente, mientras que las propuestas de las fuerzas situadas en la izquierda proponen el incremento de los impuestos para solventar el problema.

Así, el Partido Popular muestra una cierta ceguera a la hora de afrontar este problema en su programa electoral, ya que confía en la recuperación económica y en la reactivación del empleo para garantizar la sostenibilidad del Sistema actual.

Por su parte, el PSOE tampoco pretende reformar este modelo; el líder socialista Pedro Sánchez propuso en la precampaña crear una tasa específica para sufragar las pensiones incrementando la cuantía de algunos impuestos que ya están en vigor.

Tampoco las fuerzas emergentes tienen en su programa el cambio del sistema; tan solo plantean reformas puntuales que son un “apaga-fuegos” más que una solución sólida. Unidos Podemos propone en su programa igualar las prestaciones de las clases pasivas, aumentando las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y manteniendo las máximas. La fuerza que lidera Pablo Iglesias pretende tomar de nuevo como referencia el IPC (Índice de Precios al Consumo) y eliminar el tope máximo a las cotizaciones. Para los “podemitas”, el Sistema será sostenible gracias a una financiación progresiva derivada del incremento de los impuestos.

Por último, el programa de Ciudadanos contempla deshacerse de las reformas implementadas en los últimos cinco años. De esta manera decide fijar la revaloración de las pensiones de nuevo al IPC anual y pasar la edad de jubilación de nuevo a los 65 años, aunque permitirá una flexibilidad en la edad de retiro.