El nuevo gobierno español tiene una serie de retos importantes: reducir el desempleo, luchar contra la precariedad laboral, reducir el déficit público, intentar resolver el problema territorial o la reforma de la Constitución. Previsiblemente, el Gobierno tendrá que pactar con una o con varias fuerzas políticas para tener la estabilidad política que se requiere. La economía se está recuperando, pero las profundas heridas de la crisis siguen sintiéndose entre muchos españoles.

El desempleo sigue en unas cifras elevadas. En España hay 4.850.800 personas en paro, con una tasa de desempleo del 21,18%, según el último dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2015. Por ello, se tendrían que poner en marcha medidas realmente eficaces para reducir el desempleo.

Durante los últimos años se ha precarizado el mercado laboral, debido a la reforma laboral. Han descendido los asalariados con contrato indefinido y han subido los que tienen un contrato temporal. La tasa de temporalidad se sitúa en el 26,1%. Han bajado también los ocupados que tienen una jornada a tiempo completo y han subido los que cuentan con un empleo a jornada parcial. La tasa de parcialidad es del 15,2%. En este último caso, seis de cada diez personas que tienen un trabajo a jornada parcial es por no haber podido encontrar uno a tiempo completo frente al 32% del inicio de la crisis, en 2007, según los datos de la EPA. Se debería impulsar el empleo indefinido en detrimento del empleo temporal. Ahora el PP propone bonificar el empleo indefinido, lo que demuestra el fracaso de su política en esta materia. Otras formaciones, como Ciudadanos, proponen la implantación de un contrato único con indemnización creciente.

El pasado ejecutivo recortó la prestación por desempleo. Modificó y prorrogó el Plan Prepara -los 400 euros o 450 euros para aquellos parados sin ningún tipo de subsidio y cargas familiares- y acordó con los agentes sociales la puesta en marcha de una renta de inserción para los parados de larga duración.

Pendiente queda la gran reforma de las políticas activas de empleo, solicitada insistentemente desde Bruselas, y que tiene que ser acordada con comunidades autónomas y agentes sociales.

Reducción del déficit público y de la deuda pública

El pasado mes de noviembre la Comisión Europea afirmó que el déficit público español se irá al 4,7% este año (frente a un objetivo del 4,2%) y al 3,6% el año próximo. La desviación del déficit obligaría al próximo Gobierno a actualizar los Presupuestos con un recorte de casi 9.000 millones de euros para cumplir las metas de déficit. O a tratar de acudir a Bruselas para solicitar un año más de ampliación –la cuarta en lo que va de crisis- para cumplir con los objetivos. La Comisión le dio a Francia dos años adicionales cuando crecía apenas el 0,4%. España debería solicitar ese año adicional para llegar al 3% de déficit con crecimientos del entorno del 3%, y después de haber rebajado impuestos en año electoral.

La métrica de la crisis española es extraña, salvaje: 3-20-100. Con un crecimiento fuerte del 3% (basado en el consumo privado, la baja inflación, la rebaja del IRPF y la mejora del empleo) apenas consigue rebajar la tasa de paro, que seguirá por encima del 20% durante el próximo año para caer lentamente al 19% en 2017, tasas totalmente desconocidas en el resto de Europa con la única excepción de una Grecia tres veces rescatada. Y a pesar de los esfuerzos por la consolidación fiscal, España sigue sin embridar el déficit (el mayor de Europa este año y el próximo) y registrará una deuda pública superior al 100% del PIB hasta más allá de 2017.

El análisis de Bruselas explica el sólido crecimiento español básicamente por la demanda doméstica, ante el progresivo deterioro de las exportaciones por la crisis en los emergentes. Ese deterioro ya se deja notar, con un tercer trimestre menos robusto que los anteriores. La reactivación perderá fuelle: del 3,1% que pronostica Bruselas para este año pasará al 2,7% en 2016 y al 2,4% en 2017.

La cuestión territorial

El gobierno que salga de las urnas tiene que afrontar este importante problema. El independentismo catalán se ha ampliado entre enormes capas de la sociedad, y ya roza la mitad de la población. El PP no parece dispuesto a moverse ni una coma del guión. Ciudadanos tampoco. Y mucho menos los secesionistas. Otros partidos como el PSOE o IU pretenden una solución federal. Podemos ha ido mucho más lejos. Cree que la solución no es otra que la de hacer un referéndum acordado en la que los catalanes puedan pronunciarse. De la capacidad de acuerdo y de pacto entre las distintas fuerzas políticas dependerá que la tensión entre Cataluña y el resto de España se suavice o por el contrario siga la línea de tensión de los últimos años.

La posible reforma constitucional

La reforma constitucional parece más cerca que nunca. Sigue habiendo, sin embargo, un impedimento aparente. Mariano Rajoy aún se muestra renuente a enzarzarse en un debate que, a buen seguro, consumiría toda la legislatura justo cuando el secesionismo catalán parece inmerso en un camino de no retorno hacia la ruptura absoluta con España. El programa electoral del PP, más allá de la reforma del Senado, nada dice al respecto.

El PSOE, que ha hecho bandera del federalismo como solución, es poco concreto en las propuestas. Ahí, probablemente habrá problemas porque Podemos defiende, como una de las cinco reformas necesarias, una que permita la convocatoria de un referéndum para que los ciudadanos puedan decidir “el tipo de relación territorial” que desean establecer con el resto de España.

Cuestión territorial al margen, hay no pocos puntos en común entre los partidos. PSOE, IU y Podemos abogan por el reconocimiento de una renta mínima vital y también coinciden los tres, y Ciudadanos, en la necesidad de blindar el derecho a la salud y los servicios sociales en la Carta Magna.

El partido de Rivera y el de Sánchez coinciden en que habría que convertir el Senado en un consejo formado por presidentes o consejeros autonómicos y con peso ponderado en función de la población.

Hay otras cuestiones que por el mero enunciado suenan parecidas: la despolitización de la Justicia, el fin de las puertas giratorias, cambios en la ley electoral… Pero, si se baja al detalle, el grado de acuerdo es muy difuso. Ciudadanos se desmarca del resto, además, en la supresión de los regímenes fiscales forales. En cambio, y aunque no lo lleve en su programa, contaría con el apoyo del PP a la derogación de la disposición que contempla una eventual adhesión de Navarra al País Vasco. Y, quizá sumaría también al PSOE, porque lo han defendido en varias ocasiones, para suprimir el artículo 150.2 que permite al Estado delegar competencias a las comunidades.