Con gran desconocimiento por parte de la ciudadanía española y omisión de sus deberes por parte de la clase política de España, se lleva manteniendo un conflicto en la región conocida como el Sáhara Occidental desde 1975, sin que se vea una clara salida a este enfrentamiento que muchos parecen haber olvidado. Sin embargo, conviene recordar las claves de este problema para entender las reclamaciones de los habitantes de la zona y la responsabilidad de España en esta situación.

Este conflicto en el Sáhara Occidental, que actualmente se encuentra dentro del territorio de Marruecos, es una de las disputas a nivel internacional que se han mantenido por más tiempo hasta la actualidad. El enfrentamiento se produjo a raíz de la invasión de Marruecos de la antigua colonia española del Sáhara en 1975 a través de la llamada “Marcha Verde”. Aprovechando los momentos de incertidumbre previos a la muerte del dictador español Francisco Franco, Marruecos organizó este movimiento pacífico que recorrió todo el país hasta adentrarse en la colonia del Sáhara Occidental, argumentando que en el Estado pre-colonial este territorio perteneció a ellos. Esta cuestión de las fronteras de lo que se ha llegado a denominar como Gran Marruecos, y dónde se reclama que el Estado original abarcaba partes de Argelia, norte de Mali y prácticamente toda Mauritania, es una cuestión ampliamente aceptada por la mayor parte de la población marroquí, y supone una parte importante del sentimiento de identidad nacional. Sin embargo, apenas un mes antes de la Marcha Verde, la Corte Internacional de Justicia había fallado en contra de estas reclamaciones de Marruecos, específicamente sobre Sáhara Occidental.

A pesar de ello, España decidió mirar a otro lado y desentenderse de lo que había sido en toda regla una invasión de parte de su territorio legítimo, adquirido en la Conferencia de Berlín de 1885, y ha desoído desde entonces las peticiones de ayuda de unos saharauis que por muchos años fueron ciudadanos españoles igual que los habitantes de Madrid, Barcelona o Valencia, por ejemplo.

Por ello, los ciudadanos del Sáhara, que a su vez también demandaban una independencia de España, tomaron las armas para pelear por este territorio, reunidos en torno a la organización conocida como Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Polisario). Atacando desde sus bases en Tindouf (Algeria), el Frente Polisario, que había perfeccionado sus técnicas de insurgencia por la lucha llevada a cabo durante años contra la ocupación española, consiguió mantener la guerra hasta mediados de los años 80, pero finalmente tuvieron que deponer las armas. Marruecos, a pesar de sus limitaciones tácticas en combate y las grandes bajas sufridas, se benefició de su alianza económica y militar con Estados Unidos, Francia y Arabia Saudí, que apostaron por mantener a este país como un aliado y una salvaguarda contra posibles derivas comunistas o de inestabilidad en una región estratégica como el Magreb.

Desde entonces, los esfuerzos por parte de los saharauis de conseguir la independencia mediante la democracia no han conseguido sus frutos, debido al desencuentro de posiciones entre Marruecos y el Polisario, principal representante de los ciudadanos de Sáhara Occidental. Tal vez la única batalla ganada por este movimiento independentista haya sido la diplomática, ya que su anuncio en 1976 de la creación de una República Árabe Saharaui Democrática (SADR) fue reconocida por cerca de 70 Estados, mientras que ningún Estado reconoció la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos como legítima.

En 1988, tanto el Frente Polisario como Marruecos acordaron la propuesta de la ONU de un alto el fuego, incluyendo el intercambio de prisioneros, la repatriación de los refugiados y la retirada de las tropas marroquíes del territorio, además de la concesión de un referéndum de autodeterminación que tuviera las opciones de independencia o integración en Marruecos. Sin embargo, este llamado “Settlement Plan” no llegó a completarse, y al cese de las hostilidades le siguieron años de negociaciones infructuosas en las que Marruecos trataba de tomar ventaja en caso de que finalmente se produjera un referéndum. Por ello, en 1999 y en 2005 se produjeron dos levantamientos, conocidos como intifadas, cuya dura represión por parte de Marruecos no hizo sino avivar el sentimiento anti marroquí en la población saharaui.

Durante todo el proceso, la ONU ha jugado un papel importante en las negociaciones, creando una misión al respecto (MINURSO) y designando sucesivos intermediarios para hallar soluciones al conflicto. El que más cerca estuvo de lograr algún resultado fue James Baker, con los Acuerdos de Houston en 1997, pero finalmente acabó topando con negativas bien por parte de Marruecos, del Frente Polisario, de Argelia (afín a la causa por su lucha de poder regional con Marruecos) o incluso del Consejo de Seguridad de la ONU. Una de las críticas principales que se han hecho del papel de la ONU es que, al utilizar un framework exclusivamente centrado en “garantizar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui” y no tomar en consideración otras salidas, ha frenado el debate y ha provocado que los principales actores hicieran propuestas y declaraciones dirigidas al público internacional para ganarse el reconocimiento y la legitimidad, pero sin buscar una salida real y comúnmente acordada a este conflicto.

Los últimos movimientos siguen sin ofrecer mayor luz, puesto que ambos contendientes permanecen en sus intenciones: el Frente Polisario sigue sin aceptar nada que no sea el permiso de Marruecos para organizar un referéndum donde esté provista la posibilidad de independencia, y Marruecos permanece reticente a conceder esta opción. No obstante, gracias en parte a la actuación del nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, se ha conseguido que los dos actores principales consideren otras alternativas como la autonomía de la región dentro de Marruecos, y que se rompa así esta serie de desencuentros y claras oposiciones entre ambas partes, aunque de momento no se haya pasado de las palabras a las acciones.

Por el momento, en un intento de mejorar la vida de estos ciudadanos del Sáhara Occidental que se encuentran en esta posición de desatención, Marruecos ha contribuido, en términos económicos, con considerables inversiones y ha recogido al menos algunos beneficios económicos por sus esfuerzos, especialmente en el panorama pesquero. Aun así, muchos saharauis se quejan de que han ganado poco con estas inversiones, que benefician principalmente a los ocupantes marroquíes y a las personas con buenas conexiones políticas. Esto, unido al nepotismo, la corrupción y la desgobernanza confluyen para que los saharauis no lleguen a una creencia genuina en la legitimidad de Marruecos en la zona, ni una vana esperanza de que su situación vaya a mejorar.

Esta situación obliga a los países occidentales, con especial importancia de Estados Unidos y España, a tratar de -sin amenazar la estabilidad de la monarquía marroquí- animar a este país a desarrollar e implementar un programa de verdadera autonomía para el Sáhara Occidental, con mejoras tangibles en democratización y derechos humanos. Cada vez queda más patente que todas las partes del conflicto habrán de ceder para poder dar por solucionado el conflicto: la fórmula de “el ganador se lo lleva todo” es cada vez más utópica, y cuanto antes sea asumida por las partes, antes se llegará a una resolución satisfactoria. Pero hace falta actuar ya.