Las sociedades democráticas están experimentando una evolución hacia un nuevo sistema de participación y colaboración entre los gobiernos y los ciudadanos. En este aspecto, casos como el movimiento 15-M español, las revoluciones árabes en Oriente Próximo e, incluso, la reciente “Revolución de los Paraguas” en Hong Kong, demuestran este cambio de tendencia en los ciudadanos de la actualidad.
Si a comienzos del nuevo milenio se criticaba a los jóvenes por su pasividad política y estar poco interesados en los asuntos públicos, la segunda década del siglo XXI pasará a la historia por las exigencias de una juventud reivindicativa con sus sistemas democráticos. Estas exigencias de un mejor sistema de participación, donde la voz ciudadana tenga voz y voto en las decisiones que le concierne, no han caído en saco roto. La presión de muchas organizaciones de la sociedad civil ha hecho mella en los gobierno de todo el mundo que, poco a poco, están tomando conciencia de los cambios que necesitan hacer dentro de las instituciones democráticas para adaptarse a los nuevos tiempos.
En este panorama cambiante y a veces convulso, nace la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership). Esta organización es una plataforma internacional que desde 2011 intenta ser el punto de encuentro entre responsables públicos, políticos y de la sociedad civil. En su objetivo de mejorar la sociedad democrática, esta plataforma pretende que los gobiernos de todo el mundo sean más transparentes, rindan cuentas a la sociedad, mejoren sus mecanismos de gobierno abierto y establezcan sistemas de participación ciudadana. En un principio, la Alianza para el Gobierno Abierto solo estaba formada por ocho países. Tres años después, 54 países han firmado su Declaración de Gobierno Abierto, lo que implica que cada país está adoptando las medidas necesarias para garantizar los siguientes compromisos:
1- Aumentar la disponibilidad de la información relativa a las actividades gubernamentales.
2- Apoyar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
3- Garantizar la aplicación de códigos éticos para que los responsables públicos y políticos actúen con integridad en el desempeño de sus funciones.
4- Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para que las instituciones públicas rindan cuentas ante la sociedad.
5- Ser ejemplo de buenas prácticas y experiencias en la evolución hacia el gobierno abierto.
Actualmente, la mayoría de los países suscritos a esta Declaración están en la segunda fase del Plan de Acción para implementar estas medidas de gobierno abierto. En el caso de España, tras aprobar su Ley 9/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se encuentra en esa fase avanzada del Plan de Acción y, además, el Gobierno español tiene previsto en el siguiente año aprobar más normas para garantizar la integridad de sus representantes públicos y políticos. En este sentido, aunque España llegó tarde a la carrera de la transparencia, está intentado avanzar rápidamente por el atajo de la legislación.
Sin embargo, los expertos y representantes de la sociedad civil que se han seguido atentamente la aprobación de las diferentes normas para garantizar la transparencia, se muestran escépticos con los resultados de estas medidas, afirmando que la imposición de leyes no garantiza la honestidad y la integridad de los responsables públicos. Las normas aprobadas deben estar respaldadas por el sentimiento y la cultura de hacer las cosas bien y no por el miedo al castigo. En este sentido, una de las principales críticas que se han hecho a la Ley de transparencia española es su carácter sancionador, en lugar de incentivar las buenas prácticas y comportamientos. En este aspecto, todavía queda mucho camino por recorrer y promete no ser fácil, pero el hecho de que la responsabilidad de ser transparentes y garantizar la rendición de cuentas se haya instaurado en las agendas políticas internacionales, ya se puede considerar como un avance importante sin vuelta atrás. A partir de aquí, solo se puede ir a mejor.
Enlaces:
OGP
http://www.opengovpartnership.org/
Mapa de implantación del Plan de Acción
http://www.opengovpartnership.org/es/countries
Plan de acción español
http://www.opengovpartnership.org/es/node/261/action-plan