Venezuela no es un eslabón más de la larga historia de dictaduras en América Latina, es un episodio único y muy complejo, donde la democracia se juega una página fundamental de nuestra historia.

Tiene características particulares que influyen en muchos aspectos en la política, en la institucionalidad y en el futuro del continente. Comenzó con elecciones ganadas en 1998 y reelegido en el año 2000 en pleno derecho y totalmente limpias por Hugo Chávez, un militar que en 1992 había dado un golpe de estado que fracasó y por el que estuvo preso.

Ahora, su sucesor, Nicolás Maduro, no solo incorporó rasgos ridículos a su forma de gobernar sino que anuló, en el año 2015 y a través del control de la Comisión Nacional Electoral (controlada totalmente por el gobierno), las elecciones parlamentarias en las que el régimen fue totalmente derrotado.

En esa oportunidad, la oposición (Mesa de la Unidad Democrática) obtuvo el 45.3% de los votos y 112 escaños parlamentarios y el oficialismo (Gran Polo Patriótico Simón Bolívar) tuvo 40.92% de los votos y 55 escaños, con una caída de 47 puestos en el parlamento en relación con la elección anterior. Una derrota que marcó el inicio de la total degradación institucional y de la dictadura. Le habían ganado por más de 2 millones de votos sobre 14 millones de votantes.

Ahora, nueve años después, Nicolás Maduro (que ya ha copado todas las instituciones del Estado, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, de manera desembozada y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de policía y seguridad) convocó unas elecciones presidenciales que se han transformado en el mayor fraude en la historia electoral de América Latina. Esto de acuerdo a las únicas actas disponibles hasta ahora, correspondientes a las 24.532 mesas de votación (81,7% del total) publicadas en Internet por la oposición y fácilmente controlables, pues se trata de documentos impresos y firmados por las autoridades presentes en las mesas.

La oposición ganó en los 23 estados de Venezuela donde obtuvo el 67%, con 7.119.768 votos, frente al 30% con 3.225.819 votos de Nicolás Maduro.

Han pasado casi dos meses, se ha violado lo que establece la Ley Electoral de difundir las actas a los 30 días y se ha proclamado a Maduro como nuevo presidente. Se aduce que sufrieron un ataque cibernético, pero es una razón totalmente ridícula. Las actas están en poder de la CNE, de lo contrario ¿de dónde obtuvo los datos para proclamar a Maduro como ganador? La respuesta: no pueden publicitarlos porque sería más que evidente la derrota del oficialismo.

Es un fraude escandaloso, no reconocido por la gran mayoría de los países del mundo, aunque hay algunas naciones y fuerzas políticas que se resisten a reconocer un atropello tan evidente, seguido de una represión sangrienta y de persecución a la oposición.

Venezuela ha obtenido el título pleno y dramático de dictadura. El régimen cayó del 2015 al 2024 casi un 30% del total de los votos. Y es fácilmente explicable y por ello se preparó para el fraude. Entonces, ¿quién apoya a Maduro?

Su régimen se basa fundamentalmente en las Fuerzas Armadas (FANB) y de seguridad que manejan la gran mayoría de las empresas del país y han acumulado a través del fraude, del manejo de PDVESA y del cambio en las principales operaciones comerciales fortunas enormes.

La corrupción es uno de los pilares fundamentales del régimen militar-cívico.

Lo único que funciona es la apropiación organizada de los principales bienes de producción, cambio y consumo de la estructura militar y la ocupación a través del PSV, de su cúpula de todas las estructuras del Estado. El poder ejecutivo en pleno, el poder legislativo, usurpado, y a través del Supremo Tribunal de Justicia, de toda la estructura del poder judicial.

Durante cuatro años, la FANB no detuvo los esfuerzos para ampliar su dominio: petroleras, constructoras, firmas agrícolas, seguros, bancos y fábricas de ropa y vehículos forman parte del grupo de empresas en manos de los militares.

Entre 2013 y 2017 se crearon 14 nuevas compañías militares en áreas clave, con lo cual el poderío económico de la FANB ascendió a un total de 20 industrias. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, afirmó este año que es necesario impulsar el motor militar y ordenó a las empresas “aumentar su productividad y eficiencia”.

Además de la fabricación de diversos rubros militares, obviamente los más básicos pues el resto se importa, por parte de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), creada en 1975.

El régimen de Maduro formó Emiltra para controlar la distribución de rubros básicos, especialmente de los alimentos. Autoridades anunciaron en 2013 que la compañía apoyaría a los ministerios. Los registros de Defensa y el Sistema de Contratistas muestran que ha llegado a prestar servicios a las distribuidoras Pdval, Mercal, Abastos Bicentenarios, Lácteos Los Andes y a agroindustrias privadas.

La Constructora Ipsfa se creó en 2012 para el desarrollo de obras públicas y viviendas: remodeló hospitales e instalaciones militares como el Fuerte Mara y el Fuerte Paramacay.

Constructora FANB se armó en 2013 y tiene a Juan García Toussaint, el actual ministro de Transporte, en la dirección general. Su misión también es hacer obras y casas, y, al igual que Ipsfa, reformó construcciones militares y proyectos de entes oficiales.

Agrofanb, creada en agosto de 2013, es clave en el conglomerado de la FANB. De acuerdo con el plan de siembra notificado por el Gobierno a junio de este año, tiene como meta sembrar 720.000 hectáreas de arroz, maíz, café y sorgo.

A fines de 2013, la cadena TVFanb comenzó sus transmisiones y opera como el resto de los medios públicos. “Esta televisión tiene que ser para el país, para que se entere y puedan ver la hermosa obra que el Comandante Chávez logró al resucitar la doctrina de Bolívar en la FANB”, expresó Maduro cuando la aprobó.

Ahora pasemos al sector clave, el petróleo. La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) se formó en 2016 y es dirigida por la vicepresidenta de PDVSA, Maribel Parra, y el ahora jefe del gobierno del Distrito Capital, José Benavides Torres, entre otros oficiales.

Se encarga de la rehabilitación y mantenimiento de pozos, administración de taladros, apoyo logístico en las instalaciones petroleras, importación y distribución de productos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera. Tiene un presupuesto de 270.000 millones de bolívares y una meta: obtener 250.000 barriles diarios cuando la industria petrolera está en crisis.

La producción de petróleo de Venezuela, el país con la mayor reserva de hidrocarburos de todo el mundo, era en el año 2008 de 2.600.000 barriles diarios, mientras que en el 2024 alcanza los 902.000 barriles diarios.

El resumen de la situación lo hizo un dirigente sindical: “Vemos una política de destrucción de la industria petrolera”, dijo José Bodas, secretario general de la Federación de Trabajadores del Petróleo, un sindicato nacional de trabajadores. “Los militares no escuchan a los trabajadores. Pretenden dar órdenes, con el agravante de que desconocen la naturaleza de un trabajo tan complejo”.

El PBI de Venezuela perdió en 10 años el 51% lo que lo coloca en la última posición de todo el continente.

Los atropellos prosiguen a nivel de las relaciones internacionales, con todos los países que reclaman los verdaderos resultados de las elecciones y las actas siguen sin aparecer en una confesión inequívoca de que hubo un fraude escandaloso.

Hay un último aspecto que hay que señalar: Chávez, primero, y luego Maduro, a lo bruto, introdujeron el dinero, surgido en general de la corrupción, como un arma política y de apoyo a fuerzas políticas en América Latina, incluso en Europa, una deformación cancerosa de la política y de la ideología que pretendió bautizar como el socialismo del siglo XXI.

La peor decadencia de las ideas de izquierda, de toda su historia.

¿Cómo vamos a salir de ese pantano, que no es solo venezolano? No tengo la menor idea, pero no será ni fácil ni indoloro.