El conflicto argentino

La democracia es el único régimen que cree estar obligado por sus principios a no defenderse de sus enemigos.

(Raymond Aron, Introducción a la filosofía política)

Un conflicto estructural no nombrado

Es difícil, por no decir imposible, entender las problemáticas profundas de Argentina sin abordar sus dinámicas conflictivas y abordarlas desde una mirada renovada. El país no enfrenta meramente el cuadro general de cualquier integrante del Sur global, teniendo que sortear las distorsiones centro-periferia como lo recordaba Raúl Prebisch, la puja de sus facciones antagonistas internas o las fragilidades heredadas de las democracias parlamentarias tal como lo describiría un observador liberal como Martin Wolf¹. Si bien todos estos criterios pueden ser válidos, es central focalizarse sobre la conflictividad estructural, susceptible de contener conflictos derivados, pero jerarquizando a toda la sociedad con la particularidad de ser paradojalmente menos detectable desde los marcos generales de percepción y además menos mitigable desde las funciones reguladoras heredadas del sistema político democrático-liberal.

En definitiva, es precisamente por una falta de percepción y de determinación para enfrentar a esta conflictividad que el país transita una situación de multiplicación de conflictos latentes y ramificados, desembocando en lo que varios comentaristas suelen retratar de “decadencia” o de “Estado fallido”.

Una guerra social encubierta, no convencional y no armada

En efecto, la Argentina se encuentra subsumida en un estado de guerra social de larga duración, ni declarada y ni armada, pero animada de fines estratégicos y políticos como lo es cualquier guerra contemporánea. Aplicando las reflexiones polemológicas de Aron y Clausewitz, cabría entonces designar cuáles son las entidades expresando una voluntad de enfrentamiento y cuáles son los medios violentos explícitamente movilizados en el marco del conflicto. Ahí aparece un primer problema con la segunda pregunta porque si bien podemos presenciar episodios puntuales de violencia física, es evidente que no estamos ante una confrontación violenta o una guerra civil armada de alta intensidad, semejante a otras fases bélicas de la historia nacional. No se trata de una guerra convencional, sino una guerra combinada de otro tipo, de menor intensidad, disimulada en cuanto a sus fines, ejecutada en el ámbito social y político mediante otro tipo de fisionomía y medios.

Principales actores estratégicos

La primera pregunta enunciada en el párrafo anterior es más solventable. La dialéctica de voluntades ofensivas que estructura a Argentina pone en presencia a tres actores principales: las formaciones neomarxistas, con niveles de coordinación a nivel regional, procedentes de la tradición castro-revolucionaria y reconfiguradas después de cuatro fases previas de evolución como lo recalca Pablo Anzaldi²; el nacionalismo estadounidense, con su imperium continental (doctrina Monroe) y global, expresado en dos vertientes (capitalismo globalista pos-crecimiento y nacional-capitalismo liberal conservador); el nacionalismo inglés, aliado al anterior y fuente del conflicto militar en la Guerra del Atlántico Sur y de la disputa de las islas Malvinas.

Otros actores, como Venezuela, Israel, Irán o China, completan este panorama. Del mismo modo, convendría mencionar a otros actores locales, como por ejemplo las familias partidarias tradicionales de Argentina (justicialismo, republicanismo liberal, socialismo, etc.) o los sectores productivos estructurados. Sin dejar de tenerlos en cuenta, los consideraremos en este análisis en un plano más segundario.

Etapa previa: lucha armada, guerra del Atlántico Sur y political warfare posterior

La lucha armada, iniciada a partir del año 1959 con el respaldo del bloque soviético, abrió el camino para la represión militar en toda la región, avalada por Washington. En 1983, agotada la violencia tanto en los grupos civiles armados que en el régimen militar, el gobierno de Ricardo Alfonsín sentó las bases de una dependencia judicial y cognitiva decisiva para trasladar el conflicto anterior a otro escenario. Asumió la propuesta, diseñada desde la inteligencia británica y traída localmente por el jurista argentino Carlos Nino, de judicializar, en el marco del derecho civil, la pacificación posterior al enfrentamiento armado. Este proceso creó un frente de disputa interna y dio viabilidad a una ofensiva judicial y cognitiva apuntando el debilitamiento de dos núcleos del Estado nacional: la justicia y las fuerzas armadas.

Londres y Washington, doble artífices de una guerra insidiosa

Londres fue el primer artífice de esta modalidad de guerra (conceptualizada en 1948 por el norteamericano George Kennan), pero cuyos fundamentos están presentes en varias culturas estratégicas. Supo entender que la fase posterior a la victoria militar en el Atlántico Sur trasladaba nuevos antagonismos al tablero sociopolítico, con el riesgo potencial de que se reconstruya un nacionalismo argentino. Incentivó el prototipo de una guerra por el ámbito social (political warfare en inglés), basada en un conjunto de acciones combinadas e implementadas esta vez en tiempo de paz: difusión de conocimiento en universidades, presencia en los medios de comunicación, “entrismo cultural”, activismo judicial, sostén de formaciones políticas colusivas (campo marxista-leninista), apoyos financieros a organizaciones locales (el Centro de Estudios Legales y Sociales en particular). Sus metas fueron debilitar la unidad estratégica del Estado nacional y modelar el entorno cultural y perceptivo de la sociedad, siempre de manera furtiva a fin de no despertar respuestas defensivas.

En paralelo, otro modelaje ofensivo se fue reforzando desde los Estados Unidos en los años 1990, a través de la generación de dependencia económica y de la jerarquización del conocimiento en materia de economía, ciencias de gestión, geopolítica y polemología. En 1993, el secretario de Estado Christopher Warren sellaba una política de seguridad económica elevada como prioridad de política exterior que Carla Hills, delegada al comercio de 1989 a 1993, resumía con la siguiente fórmula: “abriremos los mercados extranjeros con una barra de acero cuando sea necesario, pero con un apretón de manos siempre cuando sea posible”. El alcance de este modelaje, aplicado al interior de la OTAN y en otras latitudes, es de no divulgar las herramientas conceptuales para librar estas modalidades furtivas de guerra y de focalizar la atención en otras.

Conquista del poder e ingeniería social dual

En Argentina, el año 2003 marca el punto de retorno y llegada al poder de las formaciones afiliadas a la base neomarxista latinoamericana. Los coletazos político-económicos de fines de los años 1990 fueron aprovechados para facilitar su ascensión, de modo democrático o pseudo-arbitrario. Luiz Lula da Silva y Hugo Chávez llegan por las urnas en Brasil (2002) y Venezuela (1998), el segundo habiendo ensayado un golpe de estado (1992). Evo Morales en Bolivia y Eduardo Duhalde en Argentina llegan luego de procesos de enfrentamiento territorial que terminan desbordando a los gobiernos establecidos (renuncia de Fernando De la Rúa en Argentina, renuncia de Carlos Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en Bolivia como consecuencia de la Guerra del gas).

De entrada, el gobierno de Néstor Kirchner pone en marcha una ingeniería social dual (negativa y positiva), apuntando a conquistar la confianza de una parte de la sociedad a costa de la activación de conflictos triangulados y la designación de enemigos internos. Los movimientos sociales, los sectores sindicales, los partidos de izquierda y centro-izquierda, junto con las masas informales son aliados y se ven movilizados en un proceso de rearticulación transversal. Una vez estabilizado, el poder ejecutivo anula rápidamente la Ley de obediencia debida y reabre el juicio a las cúpulas militares en continuidad con la etapa previa mencionada. Los derechos humanos son elevados al rango de secretaria de Estado y sirven de escudo informacional para atacar a poderes constituidos (medios de comunicación, justicia, fuerzas armadas, inteligencia, empresariado industrial). En el plano económico, la demanda global en commodities abrió un ciclo de prosperidad fiscal hasta el año 2010.

En el campo psicosocial, cada línea de tensión o cada adversario designado viene acoplado con un grado de desautorización que apunta a instalar un margen de rechazo en la sociedad (“los militares son genocidas”, “Clarín miente”, “la derecha es reaccionaria”). Los medios de comunicación opositores o el campo liberal-republicano abona a la misma lógica inversa, activando así una suerte de triángulo de Karpman (círculo vicioso de persecución, victimización, salvación), participando de una mayor polarización e histerización de la sociedad. En 2008, la Resolución 125 que cuestiona a la renta agraria, constituye uno de los conflictos más agudos obligando al sector agroindustrial a definir su límite mediante un conjunto de medidas de fuerza.

Subversión y guerra informacional

En el telón de fondo, el cuestionamiento épocal de la visión positiva del desarrollo heredada de las revoluciones industriales y de la falsa pacificación asociada a la globalización, abona al diseño de una política de relativismo y de revisionismo. Bajo el paraguas del progresismo, varios puntos débiles del liberalismo son atacados (desigualdades, crecimiento por derrame, concentración de riqueza, etc.) para legitimar un “Estado presente” a la par de los derechos sociales. En la realidad profunda, este manejo de las percepciones no impide la práctica de un capitalismo tradicional y su subversión con el propósito de captar poder y recursos. Es un hecho que la mayoría de las experiencias progresistas a nivel regional demuestran un nivel inusual de predación de recursos y de maniobras concentradoras de poder.

Los derechos humanos, al igual que el indigenismo o el ecologismo, están instrumentalizados como un factor cultural e identitario de segmentación y de complejización de la sociedad, coincidiendo ahí con la vertiente globalista del nacionalismo norteamericano. Ya practicadas en otros contextos (África del Sur, Europa del Este, Medio Oriente), estas estrategias buscan cultivar un mayor grado de entropía social favorable a la desarticulación del tejido nacional. En este punto precisamente se cristaliza una colusión de objetivos entre los sistemas de influencia anglosajona y el proyecto neomarxista latinoamericano.

En el terreno del conocimiento, la veintena de universidades creadas en el conurbano bonaerense (por citar un ejemplo) extienden la búsqueda de acomodar una matriz de conocimiento compatible con la cosmovisión de estos proyectos. Es acompañado por un entrismo en las estructuras académicas existentes. A partir de 2009, se buscó desconcentrar a los grandes medios de comunicación (Ley de servicios de comunicación audiovisual) encarnados por el grupo Clarín. Fue resistida en la justicia por medidas cautelares (demandadas por el mismo grupo Clarín) y finalmente modificada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.

De forma general, la arquitectura de guerra informacional desplegada abona a mantener un cerco cognitivo en la sociedad y al interior de los grupos sociopolíticos afines. Es necesario limitar los elementos de unidad nacional o distanciarse del mito liberal fundacional frustrado de haber sido una “gran nación argentina”. La realidad es sistemáticamente abordada con percepciones alteradas o desviadas, y según los casos envueltas en ofensivas informacionales de fuerte intensidad (Botnia, expropiación de REPSOL-YPF, caso Alberto Nisman, causa Correo, endeudamiento con el FMI, Santiago Maldonado, ARA San Juan). El triple registro de la victimización, combinado con el del coaccionar y del rescate (formalizado por Stephen Karpman), han potenciado los alcances de la ingeniería social.

Escasez de voluntad y de ideología

Frente a esta doble iniciativa de demolición interna de la sociedad argentina y de captura de poder desde arriba, ha sido notable la escasez de ideologías, de voluntad y de métodos de parte de sus contrincantes. No es propio a Argentina, sino a cualquier régimen político dejando de ser inquieto y atento a descifrar la gramática ofensiva del siglo XXI. En este sentido, el campo neomarxista ha tenido un mayor espesor estratégico en el campo subversivo e informacional. No es una casualidad que la acción judicial sobre los hechos de corrupción haya constituido el movimiento más contraofensivo para frenar estos proyectos. En Brasil, la mega-investigación judicial Lava Jato logró rebatir varias cartas políticas con el apoyo remoto del ala del nacionalismo estadounidense quien, de paso, no dudó en hacerse de las grietas vacantes para posicionar sus peones en la economía brasileña.

Hoy, una multitud de países incentivan este tipo de guerra subterránea en el tejido interno de sus adversarios, entre ellos los Estados Unidos, Reino Unido, Irán, Israel, Rusia, Alemania y China. Si el año 2023 aparece como un año de despertar en Argentina, esta matriz conflictiva seguirá su curso. Es imperativo radiografiarla con mayor precisión, armarse mentalmente y dotar la democracia de nuevas herramientas compatibles con su vocación liberal y abierta.