Ante esta trascendental votación para el futuro de Chile, tenemos la obligación de analizar con rigor los argumentos a favor y en contra de una y otra opción.
Lamentablemente, la Convención falló en su principal propósito: presentar un proyecto que convocara a la gran mayoría de los chilenos que votamos Apruebo en 2021. En consecuencia, el escenario más probable es de un triunfo estrecho de cualquiera opción. Enfrentado a este hecho, mi decisión será votar por lo que considero el camino más eficaz para conseguir una nueva Constitución, de aceptación amplia, y declarar al mismo tiempo la disposición a concordar, después del 5 de septiembre, una fórmula política que destrabe el impasse.
Reconozco que el texto propuesto por la Convención contiene aspectos riesgosos. El régimen político amerita correcciones, asegurar la autonomía y equilibrio entre los poderes, garantizar la independencia del poder judicial, corregir ambigüedades del sistema electoral y de los partidos políticos, limitar la facultad de proponer gastos por los parlamentarios, despejar confusiones sobre la plurinacionalidad y las autonomías territoriales y judiciales. Todo esto debe corregirse. Sin embargo, no detecto riesgos de daño irremediable a la democracia, que no se puedan reformar.
Me he esforzado por serenar el espíritu, no dejarme llevar por la indignación ni por rumores, y estudiar con cuidado los textos. Lo hago además con mi historia y las lecciones de más de 50 años de mi vida pública, la prisión y el exilio, bregando por cambios sociales en democracia, compartiendo las posiciones de la izquierda democrática, la social democracia y del liberalismo igualitario. Y también he intentado discernir los futuros posibles, y cómo acercarnos al que considero mejor.
Cinco razones
Teniendo conciencia de las deficiencias e imperfecciones, considero preferible votar Apruebo y reformar, por cinco razones.
Primero, el texto nuevo contiene avances imprescindibles, un Estado social de derecho, la participación democrática y el afianzamiento de los derechos ciudadanos, la paridad y el empoderamiento de las mujeres, la descentralización, el reconocimiento de los pueblos indígenas, la defensa de la naturaleza.
Segundo, el Apruebo tiene mayor legitimidad nacida de un proceso democrático único en la historia de Chile, condición indispensable para la gobernabilidad futura. Un grupo importante de ciudadanos, especialmente jóvenes, han depositado su esperanza y verían en el rechazo la frustración de sus aspiraciones por igualdad de derechos y participación. Y esa convicción de nuevas generaciones puede durar décadas.
Tercero, los riesgos e insuficiencias se pueden subsanar mediante la dictación de decenas de leyes por el actual Parlamento para transitar a la nueva, y también mediante reformas constitucionales. Estas leyes serían aprobadas por el actual Congreso que representa mejor que la Convención las distintas visiones de la sociedad. Y es posible lograr los quórums necesarios con los votos del Apruebo abierto a corregir y de los que rechazando son partidarios de reformas.
Agrego dos argumentos adicionales a favor de un Apruebo abierto a las reformas:
Cuarto, el rechazo nos dejaría a merced de sectores partidarios del statu quo. La experiencia de la transición democrática nos advierte que después de triunfar habrá un sector refractario a hacer cambios de magnitud. Cinco senadores de la Concertación propusimos en 1995 la primera gran reforma constitucional. Nos tomó hasta 2005, 15 años de transición, para terminar con senadores designados y comandantes inamovibles de las fuerzas armadas y Carabineros, y 25 años para reformar el sistema binominal. Esos tiempos son imposibles hoy.
Quinto, ¿Qué salidas pueden ofrecer los partidarios del Rechazo? ¿Otra convención, o el Parlamento, o un grupo de expertos? Ninguna poseería una base de legitimidad comparable a la de Apruebo y luego corregir.
Prepararse para un nuevo ciclo después del 5 de septiembre
De todas maneras, hay que anticipar en los distintos escenarios. El 5 de septiembre puede triunfar el Apruebo o el Rechazo y ambos por márgenes estrechos, ninguno aseguraría la unidad y la convivencia futura. Pero Chile ya cambió y la actual Constitución está obsoleta. Urgirá transitar a una nueva, compartida por una amplia mayoría.
Los grandes retos de Chile requieren una organización de la sociedad que sea más solidaria y colaborativa, una institucionalidad capaz de enfrentar los desafíos de la desigualdad, la fragmentación social, la destrucción de la vida en el planeta, la digitalización y los temas éticos que surgen también de los avances de la biología genética. Una institucionalidad que proteja del autoritarismo y de la parálisis.
El gran desafío de Chile es la gobernabilidad democrática, y ella requiere legitimidad y acuerdos sociales y políticos para sostener las transformaciones, con respeto al Estado de derecho y en orden público. Para cumplir ese propósito, el entendimiento debe involucrar a la izquierda democrática, a la centroizquierda y a la centroderecha. Todos los que así pensamos debemos tenerlo presente y no polarizar durante la campaña, y comprometernos con una Constitución que nos abrigue y abrace a todos y todas.