A finales de noviembre del 2021, el mundo observó la COP26 en Glasgow, Escocia con esperanza e interés. Aunque no hubo avances dramáticos, algo se avanzó, especialmente en lo referente al artículo 6 del Acuerdo de Paris, que establece vías para la transacción de emisiones de CO2. En mi opinión las secciones 6.2 y 6.4 de ese artículo permitirán electrificar las montañas y las zonas rurales de Latinoamérica. Según datos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) publicados el 24 de septiembre del 2021, en Latinoamérica hay unas 18 millones de personas sin acceso a la electricidad que habitan en unas 4.5 millones de viviendas mayoritariamente rurales.

Hay esperanzas de cerrar la brecha en la próxima década

El reporte de la Agencia International de Energía de Julio del 2021: Net Zero by 2050. A Roadmap for the Global Energy Sector es también esperanzador. El Reporte plantea que debemos y podemos dejar de usar los combustibles fósiles como la principal fuente de energía, y prevé un cambio de rumbo hacia el 2030 y un fin del ciclo de los combustibles fósiles en el 2050.

En síntesis, el Reporte de la AIE prevé una salida rápida del carbón, seguida por los combustibles líquidos y más gradualmente por el gas. Los acuerdos de la COP26 establecen una reducción del uso del carbón y otros combustibles fósiles, aunque con una línea de tiempo más laxa que la sugerida por la AIE, se camina en la misma dirección.

Para las montañas latinoamericanas y otras regiones aun aisladas de los servicios modernos de electricidad, parece que se avecina una hora de interesantes oportunidades de innovación y desarrollo rural, incluyendo la electrificación desconcentrada y autónoma de las redes eléctricas nacionales. Según el Acuerdo de Paris del 2015 y los acuerdos complementarios de la COP26 en Glasgow de 2021, cuando una comunidad desplaza combustibles fósiles y los sustituye por renovales, estamos ante una reducción de CO2, si además esa misma comunidad planta árboles y los utiliza en forma sostenible se habla de una remoción de CO2 de la atmosfera (pues el carbono queda fijado y se transforma en la biomasa de un árbol conforme este crece). Según el artículo 6 del acuerdo de Paris la suma del CO2 reducido y removido se puede comercializar y por tanto esos ingresos pueden cubrir en parte los costos de inversión de los proyectos de electrificación rural.

Energía verde y descentralizada

Millones de latinos se han visto obligados a emigrar hacia el norte para sobrevivir, con EE.UU. como destino principal. No son bienvenidos y muchas veces peligros y riesgos son la norma en sus travesías hacia el sueño americano. Conforme los desastres naturales aumentan su frecuencia e intensidad por el cambio climático en toda la región, la amenaza del hambre incentiva a migrar. Una pequeña luz de esperanza surge en una pequeña comunidad en Choluteca, Honduras.

Con colegas de la Universidad Politécnica de Valencia hemos desarrollado un proyecto, que hará que: «En esta comunidad, una combinación de equipos técnicos y capacitación humana harán posible el suministro fiable y continuo de energía para el desarrollo de su propia agenda. Por un lado, las nuevas tecnologías energéticas, con el apoyo de acumuladores, permiten su instalación en pequeñas islas sin necesidad de recurrir a las soluciones tradicionales de grandes, costosas ampliaciones de la red eléctrica, que además tienen impactos sobre el terreno y paisaje. Esta comunidad demostrará el potencial de la electricidad como palanca sostenible para el acceso al agua potable, la mejora de la seguridad alimentaria y la salida de la pobreza» (proyecto UPV y FAO, 2021).

Ese proyecto se puede replicar muchas veces, casi modularmente, para llevar electricidad a los 18 millones de latinos sin acceso a la electricidad, de los cuales casi 5 millones son centroamericanos y que hoy dependen de fuentes fósiles o de la leña que contribuye con la deforestación que aún sufren muchos países de la región. Existe también un problema de calidad y coste del servicio eléctrico, y se sufre un problema de salud y de contaminación de los hogares que afecta desproporcionadamente a los niños y a los adultos mayores.

A nivel global la situación es más compleja y de mayor escala, unos 785 millones de personas no tienen acceso a energía moderna y además casi 2.6 millardos de personas dependen de la leña para cocinar (AIE, p.17). Dotar de acceso a la electricidad a esas comunidades es uno de los retos y oportunidades que los fondos destinados a la lucha contra el cambio climático pueden ofrecer a los países en vías de desarrollo que decidan ser proactivos en la batalla. No obstante, ello requerirá que los estándares para medir el CO2 sean rigurosos y generalmente aceptados, que los sistemas de monitoreo sean rigurosos y sistematizados y que cada país reporte y lleve un registro de lo que compra y vende para evitar que haya doble contabilidad.

Lo que planteo aquí es que hay una luz al otro lado del túnel para atraer recursos adicionales y electrificar comunidades aisladas de Latinoamérica, que ya tenemos la tecnología y el conocimiento para ello y que después de la COP26 hay la oferta de recursos incrementales para ello. Por supuesto que hay que recorrer el camino y salir del túnel. ¿Y si lo intentamos?