Advertencia importante: el presente artículo ha de considerarse como la continuación y complementación del que se desarrolló anteriormente respecto a este tema.

Lo que se presenta en estos artículos son «ideas base» para llegar a un mejor país, entendiendo que representan en buena medida lo que la enorme mayoría de los chilenos esperamos que la nueva Constitución ayude a que se concrete. Por otra parte, no tengo duda de que este tipo de inquietudes no son solo un tema de interés para Chile y los chilenos, sino para todos los ciudadanos de este planeta.

Respecto a la última sección del presente texto, «Acerca de algunos temas fundamentales que la nueva Constitución debería considerar», quedarán varios a ser tratados en uno o más artículos futuros.

La Constitución como un faro que asegure el cumplimiento de lo que señala

Acerca de lo que se entiende por «Constitución de la República»

La Constitución es una institución jurídica que limita el ejercicio del poder por medio del Derecho, que reconoce y consagra derechos fundamentales estableciendo los mecanismos de tutela y protección de estos. La Constitución no es más que el reflejo del acuerdo social en un momento histórico determinado sobre un mínimo o básico; un acuerdo sobre lo fundamental.

Si bien la Constitución es una norma jurídica, del ordenamiento jurídico de cualquier Estado, es la principal y se diferencia del resto del sistema del que forma parte en cuanto a su contenido y generación. Todas las demás normas deben su validez a la Constitución. Esto es la llamada supremacía constitucional, de manera que cualquier ley que contradiga uno de sus preceptos es inaplicable para un caso concreto, e inclusive, puede llegar a expulsarse del ordenamiento jurídico si el Tribunal Constitucional no encuentra una interpretación conforme a través de la inconstitucionalidad de las normas.

El Tribunal Constitucional ha de estar compuesto por ciudadanos que tengan claras las prioridades de la Constitución y lo que se deriva de las ellas, de manera que eviten tanto que se emitan leyes que no estén dentro de esas prioridades y sus consecuencias, como la errada aplicación de la legislación por parte de quienes actúan de ese modo.

La Constitución ha de ser un «faro» que oriente toda la institucionalidad y las leyes y normas de un país. De allí, la enorme importancia del proceso constituyente y de que su redacción manifieste claramente lo que la enorme mayoría ciudadana reclama.

Momento histórico actual

Si bien nos referimos a la experiencia chilena, no hay duda de que es un importante referente para las necesidades de casi todo el resto del mundo. Pocos son los países que pueden señalar que tienen una democracia que funciona con instituciones confiables.

El momento histórico actual de Chile está marcado por la voluntad ciudadana de tener un país distinto al actual: se clama por desarrollar un país donde las diversas instituciones funcionen, que estén validadas por los ciudadanos de manera que sean confiables; por un país donde efectivamente haya igualdad ante las leyes y donde los privilegios por «cuna», por contactos sociales o familiares, por cargos que se ocupan, o por el poder social y económico que se tiene, no existan.

Se clama por un país donde la inequidad no sea grosera, de modo que un importante porcentaje de la ciudadanía viva angustiada por lo limitado de sus ingresos, por no poder alcanzar una adecuada educación para sus hijos, por no tener un sistema de salud que ampare a la ciudadanía más allá de los niveles de ingresos que tenga, por no tener que pasar angustias en una vejez con bajos ingresos previsionales, entre tantos aspectos fundamentales.

Se clama por un país donde los delitos no queden en la impunidad y donde la ciudadanía tenga la sensación de que la justicia, como sistema institucional, funciona de igual modo para cualquiera; un país donde los delitos denominados «de cuello y corbata» sean castigados efectivamente, de manera que no sea «un buen negocio» estafar de manera masiva a los ciudadanos gracias al poder que detentan algunos sectores de la ciudadanía.

Se clama por un país donde las regiones puedan tener la autonomía política, administrativa, de gestión, financiera y tributaria, superando así el «cáncer del centralismo» que agobia a todo el país y que concentra la población, las inversiones y el poder político, social y económico en la zona metropolitana de Santiago.

Se clama por un nuevo «modelo económico, social, relacional, político y cultural» basado en priorizar el bien común de los ciudadanos, en lugar de amparar los diversos intereses corporativos de ciertos sectores de la ciudadanía que, finalmente, significan acumulación del poder en algunos sectores determinados, con una total falta de vinculación social entre estos y la gran masa de los ciudadanos y una cultura de discriminación de hecho y de indiferencia respecto a la angustia existencial y psicológica que afecta a la enorme mayoría ciudadana.

Se clama por una sociedad humana, inclusiva, respetuosa de las minorías, dialogante, creativa, solidaria; una sociedad de bienestar. Tenemos recursos. Somos un país poco poblado, de baja densidad poblacional, con enormes riquezas naturales que no se aprovechan adecuadamente en beneficio del país, de sus ciudadanos.

La denominada protesta social del 18 octubre de 2019 fue un «estallido» donde millones de personas en el país salieron a exigir un país distinto al actual: un país donde todo lo anterior se cumpla, donde exista armonía, convivencia y paz social.

Todo lo anterior es parte de lo que espera la enorme mayoría ciudadana chilena que otorgó el 80% de los sufragios en el reciente plebiscito al «apruebo» de que se redacte una nueva Constitución. Se espera que esta asegure procesos claramente definidos e ineludibles para el futuro inmediato, de medio y largo plazo sobre la base de etapas claras y precisas, con la finalidad de lograr un cambio fundamental en la institucionalidad y el modo de funcionamiento y de relacionarnos de la sociedad chilena.

No bastan garantías constitucionales que quedan incumplidas. No basta con fijar normas y conductas ciudadanas que si no se cumplen no tengan efecto alguno. A eso ya estamos acostumbrados.

El nivel de creatividad de los constituyentes que se elijan ha de ser muy alto. No pueden repetirse los mismos conceptos políticos con sus ideologías polarizadas y opuestas, ya desgastadas, que solo conducen a defensas corporativas y a generar futuras «martingalas leguleyas» que signifiquen que todo este esfuerzo de generar una nueva Constitución se desperdicie.

Habrá que evitar un sentido de frustración ciudadano que, en estas circunstancias, no sabemos a qué conducirá en sus efectos.

Prioridades fundamentales y conceptos básicos

Una Constitución que priorice explícitamente el bien común ciudadano

Es necesaria una Constitución que oriente hacia un proceso de desarrollo de una sociedad equilibrada, armónica en sus relaciones, integrada en lo social, respetuosa de las minorías y de la diversidad; una sociedad que no funcione sobre la base de privilegios que protegen supuestos intereses de determinados sectores de la sociedad, que hasta ahora tienen el poder político, económico y social de Chile. A esos sectores también «les conviene» una sociedad que priorice el bien común, dado que no tendrán que vivir «a la defensiva» en un proceso mentalmente alienante, desgastador, que no genera felicidad a nadie. Para cualquier persona que razone lo señalado es evidente. El significado del bien común es de un bien para todos.

El bien común para una sociedad no implica «polarizar» o «luchar en contra» de quienes tienen determinadas ideologías (que suelen plantearse como opuestas entre sí), dado que finalmente lo que se busca es el «bien» para todos, sin excepción. Tampoco implica luchar en contra de quienes tienen poder, dado que a estos también les conviene vivir en paz en una sociedad pacífica y armónica. Una sociedad con base en relaciones respetuosas, integrada, dialogante, equilibrada, es claramente preferible a una sociedad donde el 85% de los ciudadanos viven angustiados y el otro 15% ocupado en defender sus privilegios. Esto último no es bueno para nadie: es muy dañino y nunca termina bien. El bien común «es conveniente para todos».

La principal prioridad de la nueva Constitución que ha de quedar explícita es la de tener un modelo de sociedad orientada al bien común. (En este artículo se ha desarrollado respecto a esta temática).

De los derechos y responsabilidades humanas

Los derechos humanos no son solo para determinados sectores ideológicos, o sociales, sino para todos los seres humanos sin excepción. Están basados en los valores humanistas y éticos fundamentales.

Se trata de un concepto que es de ida y vuelta. Si uno revisa la «Carta de los derechos humanos» todo lo que allí se menciona implica «derechos que van de la mano con responsabilidades». Nace del amor a los semejantes. Se vincula con el bien común para los ciudadanos del país y del planeta.

El derecho humano funciona como «anillos concéntricos cuyos radios se van ampliando»: se trata de incluir, de «darme cuenta» de lo que me trasciende. Lo primero, es que cada uno «esté bien»: centrado, equilibrado, emocionalmente controlado, con un sentido existencial que nace del servir, del dar, del amar. (El «amor» no es solo un concepto romántico, sino de afecto por quienes me rodean, desde mi familia cercana, hasta la naturaleza que forma parte del entorno planetario); de allí que el primer anillo es mi entorno más cercano, mi familia. Luego se amplía a los demás, a los amigos, a los vecinos, al barrio, a quienes colaboran en el trabajo, a nuestra comuna, ciudad, región, país, a la naturaleza que me rodea, a mi planeta y a su enorme diversidad, al universo, que en su misterio me vincula a lo trascendente.

Solemos ser muy exigentes para defender «nuestros derechos» pero no somos exigentes con nosotros mismos para pensar en los derechos de quienes nos rodean. Eso necesita cambiarse.

El respeto a los derechos humanos así concebidos, con sus responsabilidades de la mano, lo hemos de enseñar y practicar a través de nuestros programas nacionales y regionales de educación. Ese enfoque conduce a valores, relaciones y visiones humanistas, éticas, amorosas; un profundo cambio cultural, valórico y mental. Ha de ser una obligación constitucional que el país tendrá que incorporar perentoriamente.

De los credos, religiones y creencias

Una sociedad que prioriza el bien común se basa en respetar la libertad de todo tipo para sus ciudadanos, entendiendo por la misma todas sus manifestaciones dentro de lo que se señala en el punto anterior como respeto a los derechos humanos. Libertad, no libertinaje.

Chile, por lo anterior, ha de tener total libertad en el ámbito de las diversas creencias y doctrinas, definiendo claramente en la Constitución que las mismas son temas del ámbito individual o familiar.

Tendrá que determinarse una total separación de los poderes del Estado entre sí (ejecutivo, legislativo y judicial), y también respecto de las diversas creencias o doctrinas institucionalizadas. Las leyes del país han de respetar el libre albedrío de cada persona, el que siempre funcionará dentro del respeto al prójimo. Cada ciudadano tendrá el derecho a elegir de acuerdo con sus convicciones, pensamientos o creencias.

El sistema judicial tendrá fuertes penas para quienes inciten odiosidades o diversas acciones de discriminación, o peor aún, que ejerzan violencia respecto a determinadas minorías. Las diversas acciones de terror serán fuertemente castigadas. Esto abarca las diversas opciones de cada persona, no solo en lo religioso, sino en la opción de género, de familia, o de cualquier tipo. Este tema ha de estar enmarcado en el respeto a los derechos humanos.

Acerca de algunos temas fundamentales que la nueva Constitución debería considerar

El concepto de bien común se traduce en un modelo económico social cultural armónico

La priorización del bien común implica centrar el modelo de funcionamiento de la sociedad en diversas bases o pisos que aseguren la satisfacción de las necesidades fundamentales como ser humano y social de los ciudadanos. Esto ha de estar no solo garantizado en la nueva Constitución, sino que tendrán que fijarse ciertos indicadores básicos y ciertos procesos, con la tarea para el Estado de Chile de procurar el adecuado financiamiento estructural como país para que eso sea posible. Se registrará como un proceso obligado del Estado chileno, generando un gran pacto social ciudadano.

A modo de ilustración: No ha de haber preeminencias entre sector público y privado, tratándose de un enfoque de sociedad donde se prioriza el bien común. Es decir, se requiere que ambos sectores de la sociedad se alineen dentro de los conceptos fundamentales del bien común complementándose mutuamente. Se requiere un sector privado dinámico, innovador y creativo, con plena libertad de ejercer sus diferentes actividades junto con un Estado activo, apoyador del sector privado, controlador a fin de que todo funcione según la prioridad social determinada, con posibilidad de generar empresas mixtas con el sector privado cuando, por las características de la actividad, sea necesario, o directamente empresas autónomas del Estado, cuando esas actividades requieren de visión de país o tengan fuerte predominio en el mercado interno. Todo ello en un funcionamiento armónico. Al ciudadano le interesa que todo el sistema institucional funcione adecuadamente. Los poderes del Estado y los sectores de actividad serán complementarios a fin de que la institucionalidad sea eficiente, eficaz y confiable.

Es interesante conocer algunas experiencias por parte de algunas empresas que trabajan por propia iniciativa orientadas hacia el bien común. Si, paralelamente, el Estado actúa en consonancia, se lograría una gran armonía y equilibrio en la sociedad.

El fundamento es no confundir medios con objetivos. El crecimiento económico, la inversión, el dinero son medios para determinados objetivos. Son los objetivos los que interesan al país. (Ingreso familiar digno; pensiones mínimas dignas; vivienda digna; urbanización de las ciudades y que sean amigables, inclusivas y respetuosas; acceso a la cultura; respeto al medio ambiente etc.).

Ya existen enfoques prácticos que funcionan, a modo de ilustración.

Procesos plebiscitarios como parte de las herramientas de participación ciudadana

La nueva Constitución ha de generar la posibilidad de que el ejecutivo o el legislativo o grupos organizados de la ciudadanía, con base en un sistema que se diseñe, puedan llamar a procesos plebiscitarios acerca de temas importantes. Estos procesos han de tener fases de información, paneles de conversación, reflexión y diálogo. Ha de haber participación ciudadana en plantear dudas, aportes, o lo que les parezca de interés. Finalmente, el proceso mismo de sufragio ciudadano.

Estos procesos plebiscitarios han de ser posibles en temas tanto de interés nacional como regional y en las diversas divisiones administrativas que pudiesen existir: ciudades o comunas, conjunto de ciudades, o lo que exista como descentralización del país. El plebiscito ha de ser una herramienta importante en la participación ciudadana. No solo un acto de sufragio. El sufragio ha de ser la culminación de todo un proceso participativo.

Participación ciudadana como base de una nueva democracia. Nuevos modos de nominar candidaturas a cargos de elección popular

Los partidos políticos representan ideologías que defienden determinados intereses corporativos; con ideologías limitadas, cerradas frente a ciertos temas; polarizadas frente a quienes defienden otro tipo de posturas. Las mismas ideologías tradicionales, ante el concepto del bien común simplemente no tienen aplicación: están obsoletas. El bien común es integrador, incluyente, no polarizado. Se basa en acuerdos ciudadanos.

Para ir consolidando, en la práctica, una sociedad democrática con un modelo de funcionamiento que priorice el bien común, la base es la participación ciudadana activa. Las necesidades prioritarias y la manera de irlas satisfaciendo se apoyan en la reflexión y en el diálogo ciudadano, en los consensos, con apoyo científico y tecnológico ante los proyectos y acciones sociales en temáticas que se decidan priorizar.

  • El enfoque de la política de país ha tener como base «Proyectos o acciones específicas de tipo nacional, regional o comunal» (de ciudades o conjunto de estas). En lo nacional, se definirán las materias de ley que preocupan a la población. Las comunas tendrán apoyos a los barrios en proyectos específicos de mejora de estos, tal cual se hace actualmente a través de las unidades vecinales. Los proyectos de ciudad (por ejemplo, sistemas de trasporte público integrado) serán concebidos como proyecto regional según corresponda.

  • La base de la fijación de prioridades ha de originarse en el sistema activo de participación ciudadana, posiblemente sobre la base de Asambleas comunales divididas por barrio de ciudades y pueblos, que permita fijar temáticas de proyectos o acciones determinadas que, una vez procesadas por los organismos pertinentes, se han de someter a plebiscito. Esos proyectos y temas deberán ser motivo de análisis técnico, social, económico, ambiental, urbanístico, a fin de darles un contexto adecuado antes del plebiscito.

De los candidatos a cargos de elección popular y sus requisitos

Para ser candidato a cualquier cargo de representación ciudadana se exigirán un mínimo de requisitos en cuanto a capacidad, conocimientos, experiencia, ética, probidad, referencias testimoniales, todo ello sintetizado en antecedentes curriculares publicitados. Tanto el tipo de requisitos, como el sistema de inscripción serán diseñados de manera que las personas que tengan vocación y competencias para los diversos cargos se puedan presentar. Según los cargos, habrá primarias a nivel de país, a nivel de regiones o de comunas para elegir a los candidatos que terminarán compitiendo entre sí en votaciones populares definitivas.

Los antecedentes de cada candidato para los diversos cargos serán transparentes y públicos. No habrá «campañas» para la elección de los cargos sino un sistema de interacción que los ciudadanos tendrán para elegir el o los candidatos de su preferencia.

Habrá votaciones primarias para determinar la cantidad fijada de candidatos para la elección final. Todo el sistema tendrá que diseñarse de manera creativa.

La elección será sobre la base de los antecedentes de las personas y sus competencias, las cuales serán de público conocimiento.

Nominación de candidatos para elección de cargos de representación ciudadana

La Nueva Constitución modificará la manera como se nominan los candidatos a cargos de elección popular. No serán partidos políticos los encargados de ello como lo es actualmente.

Los actuales partidos y sus políticos tienen personas capacitadas y con experiencia en materias legislativas y de gobierno. Hay antecedentes públicos a través de internet acerca del trabajo legislativo que han tenido. Sin duda, podrán postular como personas a los cargos a los que estimen que tienen condiciones como un candidato más dentro de un conjunto que se postula a dichos cargos. Todo ello dividido según los distritos que correspondan.

La nueva Constitución ha de reconocer que el bien común no tiene ideología tradicional alguna, sino que se basa en desarrollar una sociedad de bienestar para todo el conjunto de los ciudadanos sobre la base de satisfacer sus necesidades fundamentales de manera digna. Dicha tarea es un proceso creativo, dinámico y permanente.

La nueva Constitución ha de crear un sistema de postulación de candidatos para los cargos de nivel nacional (al poder legislativo o para la presidencia de la República) sobre la base de un listado único, clasificado según las características fundamentales de competencia de cada candidato para los cargos. A su vez, habrá información curricular anexa. Lo mismo para los cargos relacionados con los gobiernos regionales.

La elección se hará sobre la base de primarias para generar listados acotados para la elección definitiva de cargos con los postulantes que se hayan elegido para ello. La Constitución ordenará que se legisle respecto a este tema, en determinados plazos, de manera que se genere un proceso que permita hacer la transición entre el «actual país» y el que la nueva Constitución habrá de generar.