Por muchos años, Chile se ha presentado al mundo como un icono de estabilidad, desarrollo, progreso, hasta lograr convertirse en un ejemplo para América Latina: ingreso per cápita de aproximadamente 20.000 dólares, superior a los países de la región; crecimiento sostenido, facilidades para la inversión extranjera, baja inflación y un Estado que protege el libre mercado y cumple obedientemente con las reglas del neoliberalismo.

El estallido chileno

Lo que no se dice es que Chile se ha posicionado también como una de las diez economías más desiguales del planeta y no es opinión de «agitadores marxistas», lo señala la ONU y el Banco Mundial, usando el coeficiente de Gini que, resumido, es un número entre 0 y 1, donde cero representaría un reparto totalmente equitativo y el 1 significaría que toda la riqueza está en manos de un solo individuo. Para la ONU, un coeficiente de Gini superior al 0,40 es alarmante porque indica una polarización entre ricos y pobres difíciles de asumir por la sociedad. Chile tiene el coeficiente de 0,47, unas centésimas por encima de Ruanda.

De esto no hablan los Gobiernos chilenos ni la prensa internacional, sino que recitan la imagen país que exhibe vinos, frutas, mariscos, cobre. El sistema pregona la libertad de mercado como un requisito de funcionamiento con la participación de muchos actores económicos. Curioso dogma. En Chile el comercio de alimentos está en manos de tres grupos económicos, las farmacias en tres cadenas, la salud en cinco empresas y las pensiones en seis empresas, con gran participación de inversiones extranjeras. Se llama oligopolio y no libre mercado.

No hay duda que para los grandes capitales es un país ejemplar que los medios internacionales se han dedicado a ensalzar. Sin embargo, esta bella imagen esconde bajo la alfombra un polvorín social que se viene acumulando por años y son las causas del estallido ciudadano que se ha verificado en el país. El 6 de octubre entró en vigor el alza de las tarifas del metro, acompañada de manifestaciones estudiantiles que se prolongaron por dos semanas y cuya consigna era la «evasión masiva», saltando los torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar y destruyendo muchos de ellos. Mucha gente aplaudía mientras esto sucedía y la consigna juvenil se fue apropiando de la población adulta, los jubilados, gremios de la salud, educación y de manera espontánea, se integraban nuevos grupos con demandas.

No son treinta pesos

El 18 de octubre se reunió gran cantidad de personas en la Plaza Italia para protestar contra las injusticias del sistema, fueron dispersados con más dificultad, pero una semana después, el viernes 25 de octubre, el país se levantó espontáneamente en una movilización social de una magnitud mayor a la que se vio en Chile después de la derrota del dictador Pinochet en el referéndum de 1988, también mayor que en el retorno a la democracia en 1990. Y todo comenzó con un alza en las tarifas de la privatizada locomoción colectiva en 30 pesos, es decir de su actual precio de US$ 1,13 a US$ 1,17.

¿Por tan poco? Qué miserables, decían en el Gobierno. Cabe destacar que el precio de la movilización colectiva es una de las más caras del mundo, pero no era el problema central. Las proclamas del movimiento social lo explican en pocas palabras: No son treinta pesos, son treinta años. Efectivamente, después de 30 años, cinco gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría (partidos de centro izquierda), y dos gobiernos de la derecha, incluyendo el actual gobierno de Piñera, no sólo no han resuelto los graves problemas sociales, sino que los ha agudizado de manera escandalosa.

Los dirigentes de la Concertación y Nueva Mayoría le dieron continuidad al modelo instaurado por el régimen de Pinochet y terminaron siendo socios de la derecha a través de políticas de acuerdos. Los gobiernos de Eduardo Frei (democristiano) de 1994 al 2000 y del socialista Ricardo Lagos, del 2000 al 2006, privatizaron íntegramente las sanitarias y agua potable, concesionaron las principales carreteras del país, los servicios telefónicos, energía eléctrica, gas y el petróleo, vendieron nueve islas, privatizaron playas, hospitales y cárceles. Michelle Bachelet privatizó nada menos que el mar austral de Chile, entregando miles de hectáreas de tierra y mar.

Las ventas y privatizaciones se realizaron a valores ridículos y que significó despidos masivos y aumento de precios de los servicios, perfeccionando aquello que comenzó el dictador Pinochet. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz afirmó que «la privatización es en realidad sencilla: todo lo que hay que hacer es regalar los activos a los amigos, y esperar favores a cambio». Estos favores se tradujeron en actos de corrupción, pagos ilegales de campañas políticas, elusión de impuestos y muchas otras anomalías que no han sido sancionadas y flotan en declaraciones demagógicas.

Otro tema concurrente en las protestas son los ingresos monetarios que perciben diputados y senadores. Las dietas parlamentarias, sueldos de ministros y altos funcionarios del Ejecutivo, es otro de los ultrajes que vive el país. El sueldo base de un senador es de 13.000 dólares, pero con las asignaciones que fija la Constitución, llegan a los 46.000 dólares mensuales, además de un viático diario por asistir a las sesiones parlamentarias de 140 dólares. En otras palabras, los parlamentarios ganan en total 120 veces el sueldo con que vive la mayoría del país, en que el 60% de los hogares está endeudado y no llega a fin de mes con sus cuentas, pagando, además, elevados intereses a las instituciones financieras. El 15% del sueldo se va en transporte y el resto en alimentación, arriendo, agua, luz, gas y pago de deudas.

Por lo mismo, en las grandes manifestaciones del país, no se ha visto una sola bandera de los partidos tradicionales de centro izquierda chilena, sólo emblemas nacionales y banderas del pueblo mapuche. La iglesia también desapareció. Esta vez no tuvieron coraje para presentarse como mediadores de los conflictos sociales al enfrentar graves acusaciones de pedofilia y abusos que culminan con el traslado de los culpables a otra parroquia sin enfrentar la justicia ordinaria. Las millonarias estafas realizadas por empresarios son pagadas con «cursos de ética», mientras le dan cinco años a un ladrón de gallinas. La impunidad es uno de los grandes temas de la protesta y así, de un día para otro, el país levantó la alfombra y se convirtió en una república banana, sin gobierno, sin parlamento, sin partidos y sin Dios.

¿Qué quieren los manifestantes?

En pocas palabras, justicia y equidad: mejores pensiones, mayor acceso a la salud, educación gratuita, sueldos dignos, etc., en un país donde las tarifas de los servicios fundamentales se reajustan de manera permanente y automática en base a un modelo de negocios donde la utilidad del negocio sigue siendo el criterio fundamental. Pero la protesta chilena no es sólo reivindicaciones parciales, es también un rechazo rotundo a un modelo económico amparado por la Constitución del país que se ha transformado en una religión, cuya plegaria principal es el crecimiento económico como sublime principio de desarrollo que, mágicamente, llegaría a la población con el «chorreo hacia abajo», factor que no se ha verificado en ningún país subdesarrollado y que la CEPAL advirtió su contradicción hace ya varias décadas.

El resultado de este axioma es que el 65% de la riqueza del país se la lleva el 10% más rico y de ese porcentaje, el 1% acapara el 26,5% del patrimonio y más del 50% de la población vive con un sueldo mensual inferior a los 350 dólares. El precio del agua es tres veces más cara que en México y los medicamentos (concentrados en tres cadenas de farmacias) tienen los precios más altos del mundo. Vivir en Chile es caro y un drama para la mayoría de las familias. La renta mensual habitacional es un 35% más cara que en México, un 73% que Argentina y un 47% que Brasil.

Atado y bien atado

El modelo económico neoliberal se impuso en el país con un golpe militar en 1973 como en muchos países de sur de América Latina, instaurando una Constitución y una praxis que le entregaba a las grandes multinacionales el poder económico del país a través de privatizaciones de los recursos básicos del país a punta de fusil, desmantelando al mismo tiempo las organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y otros actores del mundo social del país, con violación sistemática de los Derechos Humanos. La dictadura duró 17 años y dejó intactas las bases del modelo económico apoyado por Washington y sus instituciones como el FMI y Banco Mundial. La esperanza que se tejió en los gobiernos de centro izquierda luego de la caída de Pinochet, simplemente no resultó, a pesar de que realizaron varias modificaciones de orden social.

Al inicio de la transición, existía el temor razonable a las Fuerzas Armadas (Pinochet entregó el poder, quedando como comandante en jefe del Ejército y senador designado), pero luego vino el acomodo de los partidos de centro izquierda con el sistema predominante, sin tocar el fondo del problema heredado del dictador. Lo principal es que el Estado chileno es un ente subsidiario y tiene una Constitución prácticamente imposible de modificar. Hacer un referéndum democrático para cambiarla es tan engorroso que nadie le quiere meter mano. Se han hecho más de veinte modificaciones constitucionales que no tocan el meollo del problema. Un maquillaje para calmar ánimos.

Ejemplos sangrantes: salud y pensiones

El sistema de salud chileno es un sistema mixto de atención, compuesto por el seguro público, que se denomina Fonasa, Fondo Nacional de Salud, y uno privado denominado Isapre, Instituciones de Salud Previsional. El sistema público Fonasa, atiende al 76% de la población de bajos ingresos y cuenta con 2,2 camas por cada mil habitantes, una modalidad en que los pacientes deben esperar meses para ser atendidos y muchas veces, su viaje al hospital se convierte en una marcha fúnebre hacia el cementerio. En 2016, de acuerdo al Ministerio de Salud, fallecieron 25.000 personas mientras estaban en lista de espera para ser atendidos en hospitales. El sistema de Isapre es controlado por siete empresas, de las cuales seis son capitales extranjeros y operan con un sistema de «integración vertical», es decir, son dueños de clínicas y centros médicos. El año pasado obtuvieron utilidades de 100 millones de dólares. Este sistema reproduce la arbitrariedad social del país, incluso dentro de sus propios afiliados con planes diferenciados de acuerdo al nivel de ingresos. La población con bajos ingresos, ni hablar de ingresar a este sistema. Para entender la rabia de los manifestantes, basta con recorrer los hospitales que atienden con Isapres y los públicos que lo hacen con Fonasa: Kinshasa y Estocolmo.

Otro de los sistemas que los chilenos están cuestionando fuertemente son las AFP o administradoras de fondos de pensiones, creadas por José Piñera, hermano del actual presidente de Chile. Estas empresas están autorizadas legalmente para realizar la función de administrar los ahorros para pensiones de los trabajadores y gestionar el pago de las prestaciones que la Ley establece. Nunca se había visto un negocio más seguro y rentable para la empresa privada que la AFP. Un mercado cautivo y obligatorio para los trabajadores y por lo mismo las utilidades de las seis administradoras (cinco son capitales extranjeros) alcanzan a los 490 millones de dólares, gran parte va a parar a paraísos fiscales. El sueño de un inversionista ya que sus ganancias no dependen del mercado o de una buena o mala gestión, está garantizado por ley. Por cada $ 100 de sueldo, descuentan 13 pesos, de los cuales, 10 pesos van al Fondo de Pensión y los 3 pesos restantes van directamente a las AFP. Y esto viene ocurriendo todos los meses desde 1981 pero cuando deben cumplir con la obligación de pagar las pensiones, éstas sorprendentemente se convierten en una miseria. Personas que cotizaron por 40 años, reciben pensiones equivalentes al 30% del salario que recibían antes de jubilar y gran cantidad de profesores reciben una pensión de menos de US$ 300.

El papel de Piñera

Los primeros días de la protesta masiva, los asesores del presidente Piñera, al ver que las demandas no se detenían con la actuación de Carabineros, le dijeron: Fíjese presidente cómo la han hecho otros mandatarios, Macron en Francia tranquilizó a los «chalecos amarillos», echando pie atrás los impuestos que producían la revuelta social. Lo mismo hizo Lenín Moreno en Ecuador al retirar el decreto 883, que subía los precios del petróleo. Haga eso, pero rápido, le insistieron y Piñera accedió, dejando nulo el alza de los treinta pesos. Asunto resuelto, pensó y organizó una comida para celebrar con pizzas este triunfo político y el cumpleaños de su nieto. Primer error comunicacional.

En pocos minutos aparecieron mil tuits mostrándolo con su familia en un restaurante elegante,mientras nosotros a palos, presidente ladrón, era lo más recatado que le escribían, pero él estaba tranquilo: Si a Macron y Moreno les resultó, por qué no a mí, pensó seriamente, rezó y se fue a acostar. Esa noche soñó con una flor blanca en medio de un lago y cuando quiso tomarla, se dio cuenta que era la punta de iceberg. Afinó la vista y vio, bajo la línea de flotación, un enorme bulto que contenía todas las demandas ciudadanas, estudiantes, profesores, jubilados, salud, transportes, hasta las prostitutas salieron a la calle exhibiendo carteles que señalaban Piñera no es hijo nuestro.

La movilización social, no sólo continuaba, sino que crecía como espuma de un hervidero de demandas, las que se fueron ampliando a las diferentes comunas y regiones del país. En las calles de Santiago apareció nada menos que el 40% de la población de la capital chilena en una manifestación nunca vista, con más de tres millones de manifestantes, incluyendo las comunas de Santiago (el Gobierno reconoce un millón doscientos mil). Imaginemos a Ciudad de México con casi siete millones de personas en la calle o en Buenos Aires con la misma cantidad de manifestantes. Casi simultáneamente, se anexaron a la protesta las regiones, todo el país marchando y tocando cacerolas. Autoridad y decisión, presidente, le recomendó Chadwick, su primo y ministro del Interior, sea fuerte. Piñera, nuevamente en televisión, comete el segundo error, no sólo comunicacional sino político y anuncia, arrebatado: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable», dejando entrever que se trataba de una invasión organizada desde el extranjero.

Primero pensó en los bolcheviques, pero los asesores le señalaron que la Unión Soviética había terminado hace 28 años. Desde Washington le notificaron que acusara a los comunistas cubanos y a los terroristas venezolanos de Maduro. No se atrevió a decirlo porque un mensaje que se reitera y usa para cualquier cosa. «No se lo cree nadie», además las protestas tenían señales tan claras y espontáneas que hacía imposible que lograran atemorizar a la gente con añejas consignas del macartismo. Entonces, sólo habló de la violencia y la coordinación que tenían los perpetradores de actos vandálicos.

Declara Estado de Sitio, toque de queda y saca a la calle 20.000 soldados. La Policía (Carabineros) estaba sobrepasada... ¡¿Qué van a pensar de nosotros?! Se preguntaba trastornado. Calma, presidente, hable con fuerza y humildad. Al día siguiente salió en televisión con cara de cordero pidiendo disculpas, «entendía por lo que pasaba el pueblo chileno, había recogido el mensaje» dijo con los ojos húmedos por las bombas lacrimógenas del centro, pero le sirvió para mostrar algún sentimiento, aunque fuese teatral.

La multitudinaria, alegre y pacífica marcha, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre caminos de futuro y esperanza,

agregó Piñera en Twitter. Y señaló todavía:

Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado. Con unidad y ayuda de Dios, recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos.

Como buen negociador, anunció una serie de medidas que consisten en el aumento del 20% en la jubilación básica, con aporte estatal para las AFP; un seguro para enfermedades y medicamentos para las Isapres; un ingreso mínimo garantizado de 482 dólares, cubriendo el Estado la diferencia en caso que el empleador pague menos de este monto; estabilización del precio de la luz y derogación del aumento en un 9,2% de la tarifa; un impuesto a las personas con ingresos superiores a los 11.000 dólares mensuales y reducción de las dietas de los legisladores. Todas las medidas a cargo del Estado, sin tocar un peso de las utilidades de las empresas administradoras privatizadas. Nuevamente paga Chile.

Pero la gigantesca manifestación realizada el día 25 de octubre deja en claro que la amplia mayoría de la gente estima que los anuncios presidenciales no solucionan la desigualdad ni los otros problemas vinculados a las proclamas de la movilización. Las marchas seguían y ya se escuchaban noticias referidas a un cambio de Gabinete, no solo de los manifestantes, también de los políticos que venían apareciendo poco a poco de sus escondites en los canales de TV. En las marchas no se aparecían porque son parte del problema que no se ha resuelto en todos estos años. El primero que salió fue Andrés Chadwick, ministro del Interior, por la responsabilidad en la violación de Derechos Humanos durante las manifestaciones. Luego hizo malabares e instaló a muchachos jóvenes como ministros, para mostrar que no solamente había cambiado ministros, sino también de generación de los nuevos representantes del Gobierno.

La Imagen internacional es lo que más le importa al Gobierno de Piñera y a los anteriores. Chile iba a ser sede de dos cumbres de gran relevancia internacional en el mes de diciembre: APEC y COP25. La primera, Asia Pacific Economic Cooperation, reúne los países, que representan el 70% de las exportaciones y contaría con la presencia de 21 presidentes, entre los cuales figuraban EEUU, China, Rusia, Canadá. Todo un éxito diplomático. El presidente ruso, Putin, fue el primero en informar oficialmente que no asistiría a la cumbre. Se comenta que Piñera llamó a Trump para implorarle que le diera una mano, al menos con una declaración. Trump confirmó su asistencia a la prensa, a pesar que sabía que no iría. Sus equipos de seguridad ya habían dado su veredicto: por nada del mundo debería viajar a Chile.

El mismo Trump aconsejó al Piñera, sea usted el que anuncie la cancelación de ambos eventos y diga que su pueblo está primero. El presidente chileno, como siempre obediente, declaró que se cancelaban ambos eventos.«Esta ha sido una decisión muy difícil, que nos causa mucho dolor» dijo en cadena nacional. Otro bofetón a la maravillosa imagen de Chile. La COP25 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático también fue cancelada, pero su amigo Pedro Sánchez, presidente español, le dio una mano y le ofreció realizarlo en Madrid.

A la fecha, 9 de noviembre, hay denuncias por homicidios, golpizas, abusos sexuales y lesiones de distinta gravedad, monitoreadas por el Instituto de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights y Amnistía Internacional. Hay muertos, heridos y desaparecidos; estaciones de metro quemadas, supermercados, bancos y otras tienda. ¿Quiénes son los violentistas que atacan en las marchas pacíficas? Las movilizaciones masivas y serenas, con bailes, danza y música, son dispersadas violentamente por las fuerzas del orden con agua, gases lacrimógenos, bastones, escopetas de balines de goma y acero. La respuesta casi inmediata viene de los «encapuchados», jóvenes estudiantes y miembros de organizaciones más radicales que devuelven la agresión con piedras y bombas molotov. Sucede en todas las manifestaciones del mundo. Y así comienza la batalla campal. Luego aparecen los delincuentes comunes -bien organizados- que se lanzan al saqueo y quema de tiendas, supermercados y farmacias. Los asaltantes también queman neumáticos para distraer a la policía y entrar a las grandes tiendas a robarse todo lo que se les aparezca por los pasillos. Sin embargo, también se sospecha de la participación del régimen en estos actos vandálicos, hay videos, y razonando, al único que le interesa transformar las demandas sociales en actos de violencia, es al Gobierno.

Chile no ha cesado las manifestaciones, ahora se acoplan los camioneros, gremio derechista, que ha bloqueado las carreteras con una marcha pacífica por una rebaja del peaje en un 80% y condonación de las deudas que no les permiten sacar el permiso de circulación para realizar su trabajo. Los políticos se han transformado en politólogos de los matinales de la televisión, pero ahora les corresponde sentarse en serio a estudiar las modificaciones que necesita el país.

Para completar este análisis, recomiendo leer al economista chileno Fernando Ayala y así tener una visión sistematizada del proceso chileno, muy especialmente este artículo.