En los últimos tiempos la «crisis climática» ha saltado a la palestra. Se ha constatado que las consecuencias del calentamiento global son irreversibles. Todos nos veremos afectados por el cambio climático. Diversas evidencias respaldan estas aseveraciones. La pérdida de hielo en los polos o el incremento de fenómenos meteorológicos extremos –como olas de calor, sequías o inundaciones– son muestras de ello…

De hecho, estos problemas son denunciados desde el ecologismo, un movimiento que cuenta con un programa muy amplio. Aborda la realidad desde un punto de vista ambiental, político, social e –incluso– económico. Su discurso busca –en definitiva– un equilibrio que permita la supervivencia tanto del ser humano como del conjunto de los ecosistemas.

Por tanto, las mencionadas posturas han llevado a que, en muchas ocasiones, los activistas medioambientales cuestionen multitud de acciones públicas y/o privadas que perjudican al entorno. Entre ellas, la edificación de grandes infraestructuras o el establecimiento de explotaciones –industriales o agrarias– en zonas sensibles…

Por ello, y ante la globalidad de los problemas ambientales, esta filosofía que se ha extendido por todo el mundo. También en México, donde existen diversos frentes abiertos. Los «defensores ambientales» se vienen enfrentando a diferentes problemáticas, como infraestructuras, despojos de tierras, proyectos hidroeléctricos, explotaciones mineras agresivas, complejos turísticos invasivos o talas ilegales.

Sin embargo, esta lucha por la protección del entorno ha tenido consecuencias negativas sobre los activistas. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), desde 2010 se han registrado en el país hasta 440 agresiones a estas personas. Sólo en el año pasado se han producido 49 sucesos de estas características…

En 2018, de los ataques registrados, nueve ocurrieron en el contexto de proyectos de infraestructura. Más concretamente, tres de ellos estuvieron relacionados con un aeropuerto; uno, con la construcción de una carretera; otro, con el impulso de una base militar; uno más, con el proyecto de un gasoducto; y los tres restantes con agresiones debido a la instalación de una línea eléctrica de alta tensión,

confirman desde el CEMDA.

Entre los estados mexicanos más afectados se encuentra el de Puebla, con ocho casos durante 2018. «Este territorio es fuente, desde hace varios años, de un alto número de agresiones a personas defensoras de los derechos humanos ambientales y en el 2018 llegó a ser la entidad federativa donde se han identificado más agresiones», aseguran fuentes oficiales del CEMDA.

«Este estado vive un contexto de violencia generalizada, donde se ha señalado el aumento de la presencia del crimen organizado. Además, se han visibilizado diversos conflictos socioambientales por la implementación de megaproyectos en la región», indican desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Pero, ¿en qué consisten las mencionadas agresiones?

«De los 49 casos registrados en 2018, en 16 de ellos ocurrió el homicidio, representando el 25% del total de los sucesos registrados. De estos 16 casos, se identificó a 21 asesinados, con frecuencia por defender su tierra », aseguran desde el CEMDA.

Pero, por desgracia, éstas no fueron las únicas formas de ataque a los activistas ambientales en México. Durante 2018 también se localizaron otras maneras de acoso. Entre ellas, la criminalización pública, el hostigamiento, las amenazas, las agresiones físicas, las intimidaciones o el allanamiento.

La violencia contra estas personas se ejerce para callar las voces de quienes juegan un papel importante y visible en las luchas medioambientales en México. Y, sin duda, es un ejemplo más de la omisión del Estado de implementar medidas profundas y efectivas que detengan estas amenazas de muerte, las cuales –finalmente– logran su propósito. Es decir, que la gente tenga miedo de defender sus derechos humanos ambientales,

denuncian desde el CEMDA.

Entre los causantes de dichas agresiones se pueden distinguir diversos actores, como los poderes públicos –federales, estatales y municipales–, las grandes compañías o el crimen organizado. «En muchos casos, también es posible que no se determine quién fue el responsable que cometió estos delitos. De los 49 casos observados, en la mayoría de ellos (19 en total) no se identificó al sujeto responsable, lo que representa el 36% del total», confirman desde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

No obstante, de las agresiones en las que se ha hallado al autor, la mayor parte proceden de poderes públicos mexicanos. «Con relación al tipo de instituciones del Estado, el 54% de los agresores son autoridades estatales; el 25%, poderes municipales; mientras que el 21% restante son federales», aseguran fuentes relacionadas con las investigaciones.

Una posición de las administraciones que, lejos de tranquilizar a los afectados, les preocupa enormemente. «Esta situación deja en absoluta desprotección a los ciudadanos y, en particular, a las personas defensoras de derechos humanos, las cuales no sólo realizan una labor de riesgo, sino que han señalado al propio Estado como uno de sus principales agresores», aseguran desde el CEMDA.

Un proceso que viene de lejos

Sin duda, la situación que atraviesa México es complicada. Gustavo Castro es un ejemplo de ello. Se trata de un activista ambiental que ha luchado por la preservación del entorno natural de la región desde hace varias décadas. No obstante, se dio a conocer mundialmente por ser el único testigo del asesinato de Berta Cáceres, una ecologista asesinada en Honduras en 2016.

A pesar del impacto mediático que tuvo la muerte de Cáceres, el proceso judicial por este homicidio aún no ha terminado. Las partes todavía se encuentran a la espera de que un juez hondureño dicte sentencia. Dicho fallo judicial se esperaba para enero de 2019. Sin embargo, nadie ha dado una explicación para justificar este retraso. «Todo es político. Al fin de cuentas, se busca que la opinión pública y la prensa se olvide del asunto», asegura Castro.

Además, durante este tiempo las amenazas en contra del mencionado activista no han decrecido. Todo lo contrario. Gustavo Castro, tras regresar a México procedente de Honduras, tuvo que exiliarse en España, con el fin de preservar su integridad. Todavía no habían atrapado a los sicarios que ejecutaron a Cáceres. En la actualidad, y tras dos años fuera, ya ha podido regresar a su lugar de origen, donde continúa con su compromiso político y social.

De hecho, Castro es consciente que –aún hoy– no se encuentra al 100% seguro. «Estoy alerta por posibles amenazas y venganzas», confirma. Por tanto, continúa bajo el paraguas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que establece una serie de medidas de tutela destinadas a las personas perseguidas por su actividad social, política o profesional.

A pesar de ello, ni él ni muchos de sus compañeros son optimistas ante la situación que está sufriendo el país. «Estamos observando más muertes de defensores ambientales», asegura Gustavo Castro. Además, hace hincapié en la «persecución y criminalización» que están padeciendo «quienes se están oponiendo a la construcción de proyectos mineros» y otras infraestructuras.

En este sentido, Gustavo Castro asegura que «el Gobierno [mexicano] tiene miedo a que haya movilización social», debido a la oposición ciudadana a determinados proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos, la nueva refinería de Dos Bocas –en el estado de Tabasco–, que tendrá un gran impacto ambiental.

Asimismo, ¿el narcotráfico también amenaza a los defensores ambientales?

Por supuesto. Y debido a varias razones –confirma el activista ambiental–. En primer lugar, porque tienen intereses en determinados proyectos en los que están inmiscuidos. En otros casos, lo que quiere impedir es que la protesta social genere la presencia de la Guardia Nacional [en algunos lugares].

Por tanto, la labor de los defensores ambientales en México es digna de ser reconocida y protegida. Gustavo Castro es un ejemplo de ello. A pesar de los peligros que sufre en sus propias carnes, no ha cejado en su empeño. Todo lo contrario. Sigue peleando por sus ideales. Continúa luchando a favor del interés común y por revertir las agresiones que sufre nuestro planeta. Sin duda, tanto Castro como sus compañeros son un ejemplo de compromiso. Se constituyen como la mejor muestra de cómo revertir la crisis climática…