El primero de diciembre celebramos en Costa Rica un acontecimiento especial de la Historia Nacional, la llamada abolición del Ejército institucional, acto realizado simbólicamente el 1 de diciembre de 1948.

El elemento militar ha sido un componente del desarrollo histórico costarricense, desde la colonia hasta hoy.

Lo militar de la nación o del Estado costarricense no es sólo lo referente al Ejército, su organización y los militares, como tales. También abarca aspectos relacionados con la legislación militar cuando existió, la legislación de policía de villas y pueblos, así como las regulaciones y reglamentos de los distintos cuerpos militares cuando existieron o de las distintas policías cuando fue eliminado el Ejército, lo relacionado con los sistemas militar y policial represivos, los distintos conflictos político-militares que se dieron especialmente en el siglo XIX, los golpes de Estado, las rebeliones de los cuarteles, la suspensión de las garantías individuales o de la Constitución misma, cuando con motivo de actos militares se produjeron, el papel social, económico y político que los militares desempeñaron en la vida social e institucional costarricense hasta avanzado el siglo XX.

Todavía en la década de 1960 y 1970 cuando se anunciaban bodas en los periódicos, acompañados esos anuncios de los padrinos, en ocasiones se mencionaban personas con el rango militar que ostentaban.

Tiene que ver también con la preparación militar que recibieron miembros del Ejército, y de los cuerpos policiales, después de 1948, en academias militares, especialmente norteamericanas, de Alemania Occidental, de Chile, de Israel, de China Taiwán y Corea del sur, entre otros países.

Los primeros pasos tras la independencia

En Costa Rica, el último gobernador colonial tenía grado de coronel.

No hubo en ese final de la colonia un ejército colonial que derrotar y por ello tampoco se articuló una fuerza militar para enfrentarlo, y por ello tampoco destacaron militares en el origen de las instituciones republicanas de la estructuración del Poder y del Estado que empezaron a forjarse. No casualmente el primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, 1824-1832, fue un educador, y los miembros de las Juntas de Gobierno entre 1821 y 1823, no fueron militares.

Sin embargo, el componente militar empezó a asomarse cuando desde la integración en la República Federal Centroamericana, se constituyó el ejército federal, para el que teníamos que contribuir con los gastos, como con el resto de las instituciones y órganos estatales federales.

De las luchas internas, en los primeros pasos de desarrollo institucional y estatal, aun cuando hubo conflictos militares, no brotó de ellas, con fuerza dominante el elemento militar ni los militares. En esos días de la Independencia, y en los posteriores, en los intentos de los movimientos anexionistas a Colombia o a México no hubo manifestaciones militares que las impulsaran, aunque llegaran ha haber conflictos con las armas en las manos. Las milicias ciudadanas de esos días fueron los contingentes militares embrionarios. Costa Rica participó con 213 milicianos en el ejército Federal.

La anexión del Partido de Nicoya no provocó un enfrentamiento militar con Nicaragua aunque sí llegó a movilizar tropas posteriormente cuando Nicaragua amenazaba con recuperar esos territorios. Las guerras civiles internas que hubo antes de 1850 movilizaron contingentes militares de las distintas fuerzas en disputa. Cuando Colombia nos arrebató Bocas del Toro en 1836 no tuvimos capacidad militar de defender ese territorio, ni la Federación Centroamericana nos pudo ayudar.

El Ejército se había estructurado prácticamente desde la época de Braulio Carrillo, y fue refortalecido con la llegada de Francisco Morazán.

Braulio Carrillo disolvió las milicias ciudadanas y reorganizó el cuerpo militar nacional, debilitó las municipalidades, creó las Juntas de Orden Público y creó dos Batallones integrados con cuatro compañías militares, y le dio privilegios a los militares. Con él se estableció la ronda policial de las ciudades.

Desde las Juntas de Gobierno se establecieron Secciones Militares o Comisiones Militares, y en 1844 se creó el Ministerio de Hacienda y Guerra. Con la Constitución de 1847 se creó el Ministerio de Hacienda, Educación Pública, Guerra y Marina, con un Jefe de Sección a cargo de cada rama. Esta secretaría se mantuvo en la constitución de 1859 y con la Constitución de 1869 se creó la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación, Guerra, Justicia, Fomento y Marina.

En 1846 ya estaban las guarniciones militares de San José, Cartago, Alajuela y Heredia. En 1848 existían en el Ejército 500 militares, con su respectiva oficialidad y aproximadamente 5.000 milicianos. En 1850, el 15 de abril, el presidente Juan Rafael Mora Porras estableció un nuevo cuartel en San José que se denominó La Artillería, y reorganizó el Ejército, incluso impulsando el establecimiento de una Academia Militar, para la cual se trajo a un polaco, en 1852-53, a Fernando von Salisch. Al mismo tiempo empezó a controlar la estructura militar desde el punto civil cuando estableció en el Congreso de la República la facultad de otorgar los grados militares superiores, reservándose en el Poder Ejecutivo los grados militares inferiores.

La guerra nacional contra los filibusteros

Fue durante el período de la guerra nacional contra los filibusteros norteamericanos, 1856-1857, que el Ejército alcanzó su mayor dimensión. En 1855, el presupuesto del Ejército era equivalente casi al 20% del presupuesto nacional y, el armamento de las tropas para la guerra se gestionó en Europa, principalmente en Inglaterra. Hacia 1856, el ejército que se constituyó para la gran guerra nacional se compuso de 9.000 hombres debidamente armados. La constitución del Ejército durante esta guerra, por su masividad popular, le imprimió un carácter nacional, popular y libertador, con un alto grado moral.

Como resultado de la guerra de 1856-1857 la institución del ejército se robusteció, no solo en su organización interior sino también en su inserción institucional dentro del aparato del Estado, debidamente regulada, y surgieron, en la conciencia popular y nacional, héroes de batallas y héroes nacionales.

De algunos mártires, sus gestas y batallas se inmortalizaron y se reconocieron ampliamente, no sólo en el territorio costarricense sino también en el centroamericano. Así, especialmente se reconoció al Presidente Juan Rafael Mora, al General José María Cañas y al soldado Juan Santamaría.

Cuando el 14 de agosto de 1859, los generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, desconocieron el Gobierno de Juan Rafael Mora, obligándolo a su exilio, y poco después en 1860, junto con el Presidente José María Montealegre, fusilándolo junto al general José María Cañas, iniciaron una década de importante papel de estos militares en la vida política nacional.

El 10 de diciembre de 1868 el ministro de Guerra, Dr. Eusebio Figueroa, dispuso que en todas las tropas y cuarteles quedaban adscritos a ese Ministerio, siendo el Secretario del Despacho el Comandante General, lo que obligó a la renuncia de Lorenzo Salazar y a la de Máximo Blanco. A partir de este momento se dispuso igualmente el control civil del Ejército, lo que se confirmó luego, en el Gobierno del general Tomás Guardia, con el Código Militar de 1871.

En abril de 1869 Máximo Blanco presentó también su renuncia. A su caída se reorganizaron las comandancias del Cuartel Principal, del Cuartel de Artillería, y las Comandancias de Alajuela y de Cartago. La conducción del Ministerio de Guerra en manos de don Eusebio Figueroa, en cierto modo, restituyó el control del poder militar por el poder político y más expresamente el control de lo militar por lo civil.

En 1869, por su parte el presidente Jesús Jiménez Zamora había decretado la enseñanza primaria como gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, apostando desde ese momento, con visión futura, por un desarrollo institucional más democrático y con menos gastos militares.

El período institucional desde 1821 hasta 1870 estuvo cargado de conflictos políticos militares en el país, sin que los militares como tales llegaran a gobernar y a incrustarse como una casta dominante en el Poder.

Las fuerzas armadas reflejaron la naturaleza de los gobiernos civiles de estos años, proceso que más se acentuó durante la Guerra Nacional. Paradójicamente su papel en esta guerra no sobrevaloró la institución militar en el sistema del poder político, más que circunstancialmente durante los años 1859-1869, de presencia hegemónica de los generales Blanco y Salazar en la esfera política.

El general Tomás Guardia Gutiérrez, en 1870, frena la plena incorporación al control de la vida política por parte de los militares, y elimina cualquier eventual competencia por controlar la institución militar desde fuera de lo político institucional.

En su gobierno, Guardia inaplica la pena de muerte, en 1878, y luego declara, en 1882, la inviolabilidad de la vida, aboliendo dicha pena constitucionalmente.

El reformismo civil que se instaurará a partir de este momento termina liquidando un potencial papel reformista atribuible al Ejército como institución. Por otra parte, la fortaleza política de los grupos sociales en el poder también le liquida, a los militares, el papel de sustituirlos como clase social dirigente, la cual se había venido formando aceleradamente.

Con el desarrollo del período liberal, 1870 1890 y proyectado hasta 1948, las institución militar se fue debilitando en tanto se fue fortaleciendo la educación. A principio del siglo XX incluso se le eliminó al Escudo nacional los símbolos militares que tenía.

Durante el Gobierno de Alfredo González Flores, 1914-1917, se frenó un intento de modernizar, bajo influencia norteamericana, el viejo Ejército para instituir una Guardia Nacional, como las que se desarrollaron en varios países del Caribe y Centroamérica.

Desde Guardia el Ejército era elemento importante en el sostenimiento del Poder pero no decisivo en el origen del Poder.

Durante el período liberal hubo conflictos militares. Con Guardia creció la institución militar, que empezó a debilitarse en la década siguiente bajo los gobierno de Próspero Fernández y Bernardo Soto, y por las reformas educativas que se impulsan a partir de 1885, aunque en sus programas educativos se comprendía la enseñanza básica de ejercicios militares.

Con el Código Militar de 1898 se estableció una jurisdicción militar.

Al caer la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919, los militares se desprestigiaron y debilitaron, y desde el Poder Político se tendió a fortalecer la institución policial, y empezó a reducirse el presupuesto del Ejército, creciendo más el de educación que el de Seguridad, tendencia desde 1927 hasta 1947.

En la década de 1940 la estructura del Ejército era débil. Los sucesos políticos de estos años aunque tensos no condujeron a fortalecer la institución militar.

La guerra civil y José Figueres

Cuando con motivo de las elecciones de 1948, y el desconocimiento que se hace del resultado electoral a favor de Otilio Ulate blanco, se desarrolla la llamada Guerra Civil de 1948, el Ejército Nacional no tenía la capacidad de derrotar la fuerza insurgente que había organizado José Figueres, bajo el nombre Ejército de Liberación Nacional.

La guerra civil le dio a Figueres los elementos suficientes para que el 11 de octubre de 1948, bajo la Resolución No. 749, de la Junta de Gobierno que él presidía, dispusiera «suprimir el ejército como institución permanente, confiándole la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, hoy denominada Guardia Civil».

El primero de diciembre de ese año en una ceremonia en el Cuartel Bella Vista dio a conocer esta decisión, que es la fecha que se recuerda de abolición del Ejército Nacional. De hecho también disolvió su fuerza militar, con la que había combatido y ganado la guerra de marzo y abril de 1948.

En la Asamblea Constituyente convocada por la Junta de Gobierno de Figueres, al aprobarse la nueva y actual Constitución Política, se elevó a rango constitucional, en el artículo 12, la proscripción del Ejército como institución permanente. En la Asamblea Constituyente se aprobó el 31 de octubre de 1949, en la sesión 178.

En los años siguientes, bajo los distintos gobiernos, oficiales de los cuerpos policiales se entrenaron en academias militares norteamericanas establecidas en el Canal de Panamá, con criterios militares, y no policiales, y en las de otros países. Los grupos gobernantes apostaban por tener la oficialidad de los cuerpos policiales entrenados y formados como militares. La Misión Militar norteamericana, establecida en el país, llegó a tener oficina propia en la Casa Presidencial hasta el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández.

Los rangos de organización de los cuerpos policiales se establecían de conformidad con los rangos militares de un ejército. En el primer Gobierno de Oscar Arias Sánchez, con su Ministro de Gobernación y Policía, se cambió esta denominación de rangos militares y se pasó a la de Comisionados Policiales. Luego en el Gobierno de Rafael Angel Calderón Fournier se regresó a la nominación militar de los cargos y puestos policiales.

En el Gobierno de Francisco Orlich, 1962-1966 se impulsó la creación de la Academia Nacional de Policía, sin dejar de enviar a prepararse oficiales a academias en el extranjero, hoy refortalecida con colaboración del gobierno de la República Popular China.

Como política de Estado se ha impulsado internacionalmente, bajo el segundo gobierno de Óscar Arias, 2006-2010, la lucha internacional para la desmilitarización global y el control de producción de armamento.

La ausencia de Ejército fue puesta a prueba en dos situaciones coyunturales, diciembre de 1948 y en 1955, cuando desde Nicaragua, se fraguaron acciones militares de costarricenses contra los gobiernos de Figueres, de 1948-1949, y de 1953-1958, en los cuales el Gobierno invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en 1948, que impidió las acciones militares con la complicidad del Gobierno de Anastasio Somoza.

Militarmente el Gobierno de Francisco Orlich comprometió la imagen internacional del país, cuando avaló la intervención militar de Estados Unidos en 1965, colaborando con un contingente de 25 guardias que envió con las tropas invasoras. De la misma manera, el Gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, se comprometió internacionalmente con la invasión a Irak, en el 2003, acto que fue sancionado por la Sala Constitucional de la República llamando la atención de que Costa Rica no puede apoyar actos bélicos, ni suscribirlos como hizo el gobierno de Abel Pacheco.

En las Naciones Unidas hay 194 países miembros de la Organización. Costa Rica forma parte de un pequeño núcleo de 24 países, también pequeños, que no tienen Ejército o Fuerzas Armadas. No teniendo ejército tenemos una fuerza policial de características militares limitada, controlada civilmente. Incluso en los procesos electorales, desde el acto mismo de la convocatoria oficial de cada proceso electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, asume la dirección total de las fuerzas policiales del país, como un rasgo distinto y único en el mundo, donde incluso, en los procesos electorales se prohíbe a los mismos miembros de la fuerza pública policial que se presenten al reciento electoral con armas.

Celebrando 70 años sin Ejército

Al recordar el 70 aniversario de la abolición del Ejército de Costa Rica, festejamos hoy que ningún niño ni joven costarricense está obligado a hacer un servicio militar, ni está obligado a ir a combatir a tierras extrañas, celebramos que ningún costarricense por participar de un Ejército pueda quedar mutilado en actos o acciones bélicas, ni que ninguna madre, ni familia, llore y lamente la pérdida de un ser querido por formar parte de un Ejército o participar en guerras ajenas.

La ausencia del Ejército ha permitido, desde 1949, apostar mas por la educación, la salud, la seguridad social, por el desarrollo del Estado del bienestar, por el desarrollo de políticas sociales que han llevado al país al formar su Estado Social y Democrático de Derecho, y a abrir y fomentar oportunidades de movilidad social a través del proceso educativo principalmente.

El destinar dineros públicos a estas necesidades ha elevado también la calidad y la expectativa de vida de los costarricense, casi en un 50% más de que si hubiéramos tenido que disponer dineros para gastos en un ejército institucionalmente establecido.

Hay que reconocer sin lugar a dudas, y sin mezquindad, que en el acto de abolición del Ejército Nacional, el del gobierno, también se abolió la fuerza militar, del Ejército privado, que se organizó para asegurar el triunfo de Otilio Ulate por parte de Figueres y los grupos militares de extranjeros, de la Legión Caribe, que le apoyaron con las armas en la mano, en suelo nacional.

Si hay un rasgo civilista en el desarrollo institucional y democrático nacional en mucho se debe a la mayor presencia de educadores, y especialmente de abogados, en las estructuras y en la toma de decisiones políticas nacionales, de la institucionalidad democrática estatal, desde 1821, por parte de civiles, con mínima presencia de militares en las mismas. Incluso desde la década de 1880 se empezó a formar en la enseñanza con valores ciudadanos y de cívica nacional. Y ese rasgo civilista se fortaleció, en el desarrollo histórico, con el desenvolvimiento de la Corte Suprema de Justicia, como Poder Judicial, desde 1824, garantizando un Estado Derecho y un ejercicio de libertades y derechos ciudadanos, pocas veces limitado en la Historia Nacional.