El 17 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, sin embargo, este año más que conmemorar, hay mucho que denunciar. Desde el establecimiento de esta fecha, en 2004, son pocos los avances alcanzados a nivel mundial, principalmente en materia de prevención, atención y sanción a las formas de discriminación por la identidad de género y la preferencia sexo-afectiva. Por el contrario, en algunos países es posible evidenciar un significativo retroceso en lo que refiere a al reconocimiento y garantía de los derechos de la población LGBTI, así como un sistemático proceso de recrudecimiento y profundización de formas de discriminación, violencia y violación de derechos humanos.

En Rusia el carácter abiertamente homofóbico del gobierno de Vladímir Putin ha quedado claro desde 2013 cuando se implementó la ley contra la propaganda homosexual, la cual condena lo que han denominado «la normalización de las relaciones sexuales no tradicionales», por lo cual se rechazan, invisibilizan, restringen y sancionan categóricamente las expresiones públicas de la comunidad LGBTI. No obstante, esta región nuevamente vuelve a ser el epicentro de polémica al denunciarse la existencia de campos de concentración para gais en la República rusa de Chechenia.

El primero de abril de 2017 Chechenia se convirtió en noticia cuando la periodista Elena Milashina del diario ruso Novaya Gazeta denuncio la vulneración de derechos de la población LGBTI, principalmente los hombres gais, quienes están siendo detenidos en redadas, llevados a campos de concentración por su preferencia sexual y obligados a revelar el nombre de otros hombres homosexuales para capturarlos. «Conocemos cuatro prisiones secretas. Dos se encuentran en Grozny, la capital chechena, y hay una en Argún -que fue la primera que identificamos- donde tenían detenidas a personas LGBT, donde las golpeaban, torturaban y asesinaban» afirmó la periodista en una entrevista a la BBC.

La tradicional y conservadora sociedad de Chechenia ya no solo busca el aniquilamiento simbólico de la homosexualidad considerada un estigma, sino que pretende su aniquilamiento físico mediante la puesta en práctica del repudio y la violencia en los espacios públicos, la persecución, el secuestro y la detención por parte de los cuerpos de seguridad de todo aquel considerado sospechoso de ser homosexual para ser confinado en campos de concentración donde se afirma están siendo sometidos a confinamiento, tortura con electricidad, violaciones con botellas, desapariciones y asesinatos extrajudiciales.

Ante tales acusaciones la respuesta de las autoridades ha sido la negación de tales prácticas, pero, sobre todo, de la existencia misma de la población LGBTI; así lo ha puesto de manifiesto en unas declaraciones Alvi Karimov, portavoz del presidente de Chechenia, quien expresó: «No se puede arrestar o reprimir a personas que simplemente no existen en la república. Si existieran la policía no tendría que preocuparse por ellos, ya que sus propios familiares los habrían enviado a un lugar del cual no habrían podido regresar». Este hecho confirma lo denunciado por Amnistía Internacional, la existencia de crímenes de honor dirigidos a la población homosexual en la sociedad chechena donde los hombres de los que pueda pensarse que han “manchado” el “honor” de su familia por ser gais o sospecharse que lo son, se enfrentan al peligro real de ser asesinados por sus propios familiares. De acuerdo con la ONG Russian LGBTI Network, algunos de los detenidos son devueltos a sus familias en espera de que ellas mismas los maten, escenario en el cual los victimarios son tratados con “comprensión” por parte de «la totalidad del sistema de justicia» según palabras de Kheda Saratova del Consejo de Derechos Humanos, organismo supeditado al jefe de la República Chechena.

Quienes han denunciado, protestado e intentado generar conciencia sobre la persecución a los homosexuales y la existencia de dichos campos de concentración han sido detenidos y fuertemente reprimidos por las autoridades; pero también victimizados por grupos LGBTI-fóbicos que han encontrado en la política gubernamental un espacio y apoyo institucional para la puesta en práctica de la discriminación y la violencia.

Ahora bien, la homofobia no se ha recrudecido solo en Chechenia: durante el mes de abril 15 hombres le propinaron una brutal golpiza a ocho mujeres por ser lesbianas en el Reino Unido. A este terrible hecho podemos sumar las denuncias difundidas durante este año sobre las prácticas de persecución del ejército de Corea del Sur a sus soldados. Se está investigando, juzgando y expulsando a todos aquellos sospechosos o identificados como homosexuales y que según las autoridades pueden hacer «proliferar la sodomía»; algunos han sido «descubiertos» mediante el uso de aplicaciones para citas y se enfrentan a penas de hasta dos años de cárcel.

Pero esta sociopatía no es solo un fenómeno de las sociedades orientales y europeas, América Latina también se enfrenta día a día a la homofobia. Pese a que entre 2009 y 2016 se contabilizaron 230 casos de violencia física y 157 homicidios contra personas LGBTI en Perú, el pasado 4 de abril la Comisión de Constitución del Congreso de la República eliminó el Decreto Legislativo 1323 (recientemente promulgado) que reconocía el derecho de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales a no ser discriminadas.

Estos hechos en su conjunto ponen en evidencia que la población LGBTI se encuentra desprotegida y vulnerada en cualquier parte del mundo; pero también -hoy más que nunca-, convocan a la toma de conciencia, a profundizar los esfuerzos en materia de sensibilización respecto a la discriminación a la que se encuentran expuestos y de la que son víctimas la población LGBTI, pero, sobre todo, a exigir a los Estados el impostergable reconocimiento y garantía de derechos de las identidades de género y preferencias sexo-afectivas disidentes.