El pasado lunes 15 de junio se celebraba en Runnymede, en el condado de Surrey, a las afueras de Londres, el aniversario de la carta magna inglesa. En ese mismo lugar hace 800 años el rey John I se veía obligado a acceder, a punta de espada, a las exigencias de un grupo de nobles rebeldes y firmar un documento que le situaba dentro de la ley y no por encima y declaraba que por primera vez todos los ciudadanos debían responder ante la ley.
En sus 17 años de reinado, el monarca inglés, conocido como Juan sin Tierra, grabó impuestos cada vez más confiscatorios para financiar sus aventuras militares y contaba con poderes absolutos para incautar bienes y encarcelar a sus súbditos. Hartos de esta situación, un grupo de nobles se rebeló y el rey, acorralado, se vio obligado a acordar la que sería una de las primeras constituciones escritas.
La Carta Magna estipuló que el rey no podía establecer impuestos sin el consentimiento de un consejo general, compuesto por arzobispos, condes y barones. El antecedente de nuestros actuales Parlamentos, los que aún guardan en nuestras democracias la prerrogativa sobre la aprobación o no de tributos. Otro de los conceptos fundamentales introducidos por esta Carta Magna fue que nadie puede ser sujeto a prisión, confiscación, destierro o muerte sin que medie un juicio. Además, estableció que toda persona tiene derecho a la justicia.
La Carta Magna, producto de una lucha de poder entre rey y barones, estuvo lejos de ser inclusiva. Dejaba fuera de sus alcances a los siervos, que para entonces constituían la mitad de la población de Inglaterra. Aún así, marcó un importante precedente en la lucha por limitar el poder del soberano. Han hecho falta, sin embargo, siglos de revoluciones y derramamientos de sangre para que los principios pactados en esta Carta Magna se convirtieran en las garantías constitucionales que hoy, formalmente, nos protegen ante el abuso de autoridad.
Historiadores y expertos aseguran que el contenido de esta Carta Magna firmada hace 800 años sirvió de ejemplo e inspiración para la Constitución de Estados Unidos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos. Considerada la piedra angular de la democracia moderna y del sistema jurídico anglosajón, Gran Bretaña carece, sin embargo, hasta el día de hoy de una Constitución escrita. El país si dispone de una Constitución consuetudinaria, que se compone de diversas convenciones, leyes y compromisos contractuales. De las 53 cláusulas originales de la Carta Magna, solo tres están vigentes en Inglaterra y Gales: el derecho a la justicia y a un juicio justo; la libertad de confesión y las libertades históricas de la ciudad de Londres.
La Carta Magna cuyo aniversario se conmemora ahora tuvo una vida corta en su tiempo. El papa la anuló nueve semanas después de su aprobación, alegando que el rey se había visto forzado a firmarla. Se redactaría de nuevo tres veces -en 1216, 1217 y 1225- y se incorporaría al final a la legislación inglesa en 1297, 81 años después de la muerte de Juan sin Tierra. Existen cuatro copias de esta Carta Magna, dos en la British Library, una en la catedral de Lincoln y otra en la de Salisbury.
El pasado lunes 15 de junio, mandatarios de todo el mundo, encabezados por la reina Isabel II, se reunieron en el mismo lugar donde se firmara hace 800 años este histórico documento. Se ha inaugurado una instalación del artista Hew Locke formada por doce sillas de bronce que simbolizan la celebración de un juicio justo y las celebraciones han incluido también actuaciones musicales y una ceremonia formal con una réplica de la Carta Magna bajando el Támesis a bordo de una barcaza que encabezaba una flotilla de 200 embarcaciones.