En general, hoy el mundo, se ve conformado por mayoría de países cuyos sistemas políticos son o se consideran democráticos. El caso de Costa Rica, como país, como nación, como Estado, como régimen político, destaca en su condición de país democrático. Se le considera en muchos aspectos el país de más larga tradición democrática en América Latina. Su condición de longeva democracia se asocia a la estabilidad política que ha tenido, la alternabilidad electoral que ha existido, la ausencia de gobiernos militares, dictatoriales, autoritarios o despóticos. Esta condición democrática se ve enfatizada por el hecho de que el país no posea ejército institucional desde hace ya 75 años.

Desde 1942, el 7 de noviembre de cada año se celebra el Día de la Democracia Costarricense. El origen de esta fecha se remonta a 1889, cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones. El sistema electoral establecía el voto indirecto y público, solo permitido a varones mayores de edad que debían ser alfabetos y poseer cierta capacidad económica. Los votantes elegían “electores”, quienes, en segunda ronda, definirían al triunfador electoral. De esta manera, a medida que se iban nombrando los electores, se iba conociendo, por sus manifestaciones, la tendencia electoral ganadora. El número de electores de esa primera elección fue de 912, sobre una población de 340.000 habitantes, lo que significaba que el número real de votantes equivalía al 0.3% de la población.

La pregunta inmediata que surge ante este dato es si aquellas elecciones fueron verdaderamente democráticas. Comparada con las de la actualidad, en las que votan más de 3 millones de ciudadanos mayores de 18 años, no parecieran haberlo sido. Sin embargo, ese era el sistema electoral existente y válido. Ese era el sistema electoral de representación política que validaba el proceso histórico nacional hasta ese momento. Ese era el sistema democrático nacional que funcionaba en el campo electoral. Años más tarde, en 1913, se estableció el voto directo, por el cual todos los electores ejercían su voluntad, y no la delegaban en los “electores”. En 1924, se estableció el voto secreto, que facilitó el voto en conciencia, evitando que los votantes pudieran sufrir presiones. En 1935 se estableció que los procesos electorales se definirían con un 40% de votos y no con el 50% de votos que hasta entonces se precisaba. Con este sistema, los resultados electorales siempre se sometían a la validación del Congreso de la República. Si se obtenía más del 50% o del 40%, el resultado imponía el ganador al Congreso, que siempre tenía la facultad de validar el resultado.

De manera directa, hasta 1948, el candidato a la Presidencia de la República era el que se definía en procesos electorales. Había 3 vicepresidentes, entonces denominados Designados a la Presidencia, que eran nombrados por el Congreso. Así, por ejemplo, en las elecciones de 1913, ninguno de los tres candidatos a la presidencia, Carlos Durán Cartín, Rafael Iglesias Castro y Máximo Fernández, obtuvo el 50% de los votos, y entonces el Congreso debía resolver el resultado por negociación política de los congresistas. A pesar de la renuncia de uno de los candidatos, no se llegó a ninguna decisión. En uso de sus facultades, el Congreso nombró a los tres Designados a la Presidencia y procedió a llamar a uno de ellos a ejercer la Presidencia de la República. Así llegó al solio presidencial Alfredo González Flores.

En las elecciones de 1948 se dio una situación similar. Las elecciones dieron como ganador a Otilio Ulate Blanco frente a Rafael Angel Calderón Guardia. El resultado del proceso electoral se pasó al Congreso, como correspondía, para que fuera validado, pero el Congreso no pudo hacerlo porque en el informe electoral había un voto salvado que señalaba irregularidades electorales. El Congreso Nacional, dominado por fuerzas políticas favorables al Dr. Calderón Guardia, anuló las elecciones.

Lo que correspondía hacer, entonces, era nombrar Designados, pero esto tampoco pudo hacerse porque, para garantizar el resultado ganador de Otilio Ulate, un movimiento armado terminó por imponer un Gobierno de Facto que gobernó por entre los años 1948 y 1949. Recogiendo y ampliando las Reformas Sociales de 1943, aprobadas en el Gobierno de Calderón Guardia (1940-1944), este gobierno estableció una nueva Constitución Política, la actual, que fue sancionada el 7 de noviembre de 1949. Desde entonces, en esa fecha del año, se celebra el Día de la Democracia Costarricense.

El resultado electoral de 1889 fue respaldado por movilización ciudadana armada, que incluía mujeres a pesar de que ellas no tenían derecho al voto. Así terminó imponiéndose José Joaquín Rodríguez para el período presidencia 1890-1894. Aquello dio pie para que el presidente electo hablara de la necesidad de reconocer el voto de la mujer. Dijo “reconocer”, lo que significaba que se entendía que ese derecho lo tenían las mujeres, pero simplemente no se les reconocía.

En la primera mitad del siglo XX se dieron varios movimientos sufragistas que lucharon por ese reconocimiento de voto femenino.

El derecho de voto de la mujer se alcanzó en Costa Rica en 1949, cuando la Asamblea Constituyente de ese año lo estableció en la actual Constitución Política. Empezó a ejercerse en unas elecciones municipales de 1951, y desde 1953 en elecciones nacionales presidenciales y de diputados.

La celebración del 7 de noviembre de 1889 también se asocia al surgimiento de los partidos políticos, que por primera vez participaban en elecciones. Desde entonces, en Costa Rica solo se puede participar en procesos electorales por medio de partidos políticos.

El sistema electoral se fortaleció en 1946, con el establecimiento del Tribunal Nacional Electoral, que la Junta de Gobierno denominó Tribunal Supremo de elecciones. Fue incorporado en la Constitución Política de 1949 con el rango de Poder de Estado. Al igual que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene funciones propias, específicas, indelegables, y cuenta con capacidad plena para declarar los resultados electorales de manera inapelable. Desde 1949 ha venido funcionado sin que ningún proceso electoral haya sido cuestionado de forma alguna.

Así, la fecha debería plantearse como la celebración de la democracia electoral costarricense, que señala el nacimiento público y político los partidos políticos como las únicas organizaciones capaces de hacer valer la representación popular.

La democracia nacional costarricense descansa en otros factores históricos, como el hecho de que la mayoría de sus gobernantes hayan sido civiles, y no militares. Desde que fuera declarada la Independencia de España, el 29 de octubre de 1821, funcionaron órganos colegiados de poder denominados Juntas de Gobierno (1821-1823). Varias estuvieron integradas por civiles y sacerdotes.

En el proceso de Independencia no hubo militares que se destacaran, porque no hubo necesidad de desarrollar un ejército libertador contra autoridades o ejércitos coloniales.

El primer Jefe de Estado fue un civil que gobernó al amparo de la República Federal de Centroamérica desde finales de 1823 hasta 1833. Desde entonces, educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general han gobernado el país. Excepcionalmente, ha habido militares de carrera al frente del Poder Ejecutivo: Francisco Morazán Quesada, abril-setiembre de 1842; Tomás Guardia Gutiérrez, 1870-1876 y 1877-1882; Próspero Fernández Oreamuno, 1882-1885; Federico Tinoco Granados, 1917-1919.

Tomás Guardia Gutiérrez abolió la pena de muerte en 1882. Además, los presidentes Tomás Guardia Gutiérrez y Próspero Fernández Oreamuno fueron en esos años líderes del movimiento liberal costarricense que modernizó jurídica e institucionalmente el país, y ambos pertenecieron también a la Masonería nacional.

El factor educativo fue importante. Ya el primer Jefe de Estado estimuló la educación primaria. Los sectores dominantes apostaron por la educación como un factor de progreso, de oportunidades y ascensos sociales. En 1869 se declaró que la enseñanza primaria sería gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. En el gobierno de José María Castro Madriz (1846-1848) se fortaleció la educación, especialmente de mujeres. Durante su gobierno, el 31 de agosto de 1848, se declaró la República de Costa Rica. En 1885 y 1886 se fortaleció el proceso escolar mediante grandes reformas educativas que fueron impulsadas por el Secretario de Instrucción Mauro Fernández, y por otros que lo sucedieron, como Miguel Obregón Lizano.

La Universidad de Santo Tomás funcionó entre 1843 y 1888, cuando fue cerrada por decisión del movimiento liberal. Solo algunas carreras siguieron abiertas, entre ellas la de Derecho. El siguiente gran paso fue la creación de la Escuela Normal, en 1914, dedicada a la formación de maestros y profesores, que funcionó hasta la creación de la Universidad de Costa Rica, el 26 de agosto de 1940. Creada como Universidad autónoma, formó mayoritariamente a la clases dominantes y gobernantes desde 1940 hasta 1975, cuando empezaron a surgir otras universidades públicas y se abrieron las primeras universidades privadas.

Otro factor importante fue el debilitamiento del sector militar, que comenzó ya en el siglo XIX. El ejército había desempeñado un papel importante en la lucha nacional y centroamericana contra los filibusteros, pero a partir de 1869 se empezaron a dar políticas que lo fueron debilitando.

La primera de ellas tuvo lugar durante el gobierno de Jesús Jiménez Zamora (1868-1869), que fortaleció el aparato educativo y, al mismo tiempo, impuso el control político civil sobre la estructura del ejército . Durante el gobierno de Tomás Guardia, con la aprobación del Código Militar de 1871, se mantuvo el control civil y político sobre el mando militar del ejército, y en el gobierno de Ascensión Esquivel (1902-1906) se eliminaron dos cañones, que descansaban en la base del Escudo Nacional. Ese gesto simbólico se dio a la par de medidas más concretas, como la reducción de presupuesto militar y el fortalecimiento del presupuesto de educación.

En el gobierno de la dictadura de Federico Tinoco (1917-1919), el presupuesto militar se vio temporalmente fortalecido, pero luego cayó junto con la dictadura.

En los años que precedieron a la guerra civil de 1948, el Ejército ya no era una institución fuerte. En 1946 ya se levantaron voces en el Congreso que buscaban abolirlo. Bajo la Junta de Gobierno (1948-1949), el 1 de diciembre de 1948, se acordó la abolición del ejército, lo que se llevó a la sanción de la Constitución Política de 1949, todavía vigente. Desde entonces, Costa Rica no tiene Ejército.

Otro elemento importante en el desarrollo democrático ha sido la estabilidad política y electoral del país. De hecho, con excepción de algunos breves períodos, desde 1847 han alternado gobiernos elegidos mediante elecciones democráticas, que gobernaron durante períodos de cuatro años. Desde 1949 esta situación ha sido altamente estable.

El amarre de todo este proceso democrático nacional fue el desarrollo del Estado de Derecho, a partir de 1824, cuando se crearon los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientes entre sí, con funciones propias, exclusivas e indelegables.

Estas son las raíces importantes de la democracia nacional, que hoy están severamente amenazadas por el actual presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien se empeña en debilitar las relaciones independientes de los poderes públicos y de los organismos constitucionales e institucionales encargados del control político público.

Para el actual gobernante, que se hace llamar el Jaguar, animal que trata de imitar con gruñidos en sus alocuciones oficiales, el debilitamiento de los poderes públicos es una tarea esencial. Constantemente los ataca, presentándolos como los mecanismos que no le permiten gobernar autoritariamente como él desea.

Sus políticas, acciones y discursos o peroratas que frecuentemente realiza los miércoles con mesas de prensa amañadas, controladas desde la misma Casa Presidencial, buscan debilitar los poderes públicos, los partidos políticos, los líderes políticos de la oposición, los gestores de opinión pública y los medios informativos, a los que constantemente ataca y amenaza por su ejercicio de la libertad de prensa y de opinión. Así estimula un clima de inseguridad ciudadana y política que le facilite el establecimiento de un estado de fuerza, un estado de excepción, un estado incluso militarizado, como pareciera estar montando.

El desarrollo democrático nacional, acompañado de las políticas sociales y educativas que han permitido grandes avances sociales, está hoy amenazado por el gobierno. Al debilitarlo, favorece la expulsión de jóvenes del proceso escolar, convirtiéndolos en presa fácil de las redes del narcotráfico que galopan por el escenario de la geografía nacional, con apoyo tácito desde las propias estructuras de gobierno. Todo esto ha hecho que a Costa Rica se le considere hoy una de las bodegas más importantes de cocaína en el continente. Internacionalmente, el país empieza a ser visto como un narco estado, con personajes que desde el gobierno facilitan este estado de cosas.

El presidente ha dejado insinuar que podría no haber elecciones nacionales en 2026. Su objetivo electoral es ejercer el control mayoritario de la Asamblea Legislativa durante período 2026-2030, e influir en los partidos actuales imponiendo candidatos que responden al gobierno, como caballos de Troya infiltrados en los partidos existentes, especialmente en los que ostentan asientos parlamentarios.

En el actual estado de cosas, el desarrollo democrático nacional está gravemente amenazado por el gobierno actualmente en el poder.