El caso Calcatreu en el sur de Río Negro, Argentina

¡Noticias de ayer, extra, extra! Patagonia Gold es una empresa que busca instalar un megaproyecto minero en Calcatreu, en la línea sur de Río Negro. Ya desde en tiempos de pandemia, en el año 2020, la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci, o Huahuel Niyeo, en lengua originaria mapuzungún, localidad de unos 10.000 habitantes ubicada en la región sur de Río Negro (Argentina), vienen denunciando las maniobras empresariales de la minera y de las administraciones provinciales para instalar un consenso social para la extracción de oro y plata en la zona.

En 2017, Patagonia Gold le compró el 100% del Depósito Calcatreu a otra multinacional, Pan American Silver, por unos 15 millones de dólares, y adquirió todas las propiedades del complejo minero, entre ellas la operadora del Proyecto Calcatreu, la subsidiaria Minera Aquiline Argentina SA. La empresa declara en su web que “el Depósito Calcatreu es un sistema de oro de alta ley (2.325 g/t AuEq) de baja sulfuración con el afloramiento de mineralización en la superficie” y que “tiene más de 90.000 hectáreas de terreno escasamente explorado”, que según la empresa podrían convertirse en una categoría superior, “a través de perforaciones y estudios adicionales”. esto elevaría el valor del recurso, y junto con la inversión se expandirán sus estragos.

El depósito de oro queda a tan solo unos 60 km de la localidad de Ingeniero Jacobacci. Se trata de un yacimiento de oro y plata de unos 8 kilómetros de longitud que la empresa quiere explotar con la técnica de lixiviación, mediante el uso de una solución de agua cianurada. El yacimiento fue descubierto en 1997 y se explotó hasta el 2005, cuando se aprobó la «Ley Anticianuro» en toda la provincia de Río Negro. Sin embargo, la empresa que explotaba el yacimiento, en ese entonces, Pan American Silver hizo un fuerte lobby, y en el 2011 el gobernador Carlos Soria anuló dicha ley que prohibía una de las técnicas más contaminantes que existen en la industria minera.

Por ese entonces, la complicidad de la Secretarías de Minería y de Ambiente (ahora, por rebranding le cambiaron el nombre a Secretaría de Ambiente y Cambio Climático) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA), radicaba en impulsar acuerdos con Patagonia Gold, con la finalidad de conseguir la licencia social bajo la promesa de respeto ambiental y crecimiento económico, debido a la sequía que atraviesa la región y que repercute en la actividad ganadera que desarrollan comunidades campesinas e indígenas.

Desde diciembre del 2018 la empresa viene realizando proyectos de exploración geofísica y mapeo en diferentes campos de la zona para la extracción de agua de subsuelo, tratando de convencer mediante diferentes estrategias de persuasión a los principales referentes de la sociedad de Jacobacci, con el objetivo de comenzar la extracción de oro y plata en los codiciados yacimientos de la región.

El agua del Huawei Niyeo

Ingeniero Jacobacci o Huahuel Niyeo, en lengua originaria mapuzungún, está ubicada en la región sur de la provincia patagónica de Río Negro, en una geografía de estepa, de clima frío, seco y ventoso. Se trata del conglomerado urbano más importante de la región, que abarca más del 50 % del territorio provincial, donde la cría de ovinos para consumo de carne y para venta de lana es la principal actividad económica.

La actividad ganadera creció a partir de las campañas militares de conquista territorial que se dieron a fines del siglo XIX. Por aquellos años latifundistas en su mayoría de capital inglés ocuparon las mejores tierras, dejando un sistema productivo monopólico, con destino a la exportación, a la vez que consolidaron un proceso de marginación social y económica la población originaria y sus descendientes.

Hacia mediados del siglo XX, la fibra sintética fue desplazando a la lana del mercado internacional, los precios bajaron y las grandes campañas se fueron marchando una tras otra, sin dejar renta en los municipios de la región sur. En el territorio hay pocas evidencias de infraestructura promovida en aquellos años. Ahora, son las pequeñas unidades familiares minifundistas las que continúan con la actividad, productores y productoras campesinas, arraigados a su tierra que enfrentan crisis recurrentes debido a la baja productividad de lana, por varios años de sobrepastoreo.

Desde el 2022 Jacobacci fue declarada en emergencia hídrica. Al igual que en otras zonas de la Patagonia, el área presenta un complejo proceso de desertificación, con un promedio histórico de precipitaciones de 200 mm al año, según datos del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación¹. Esto agrava la situación de pobreza rural, resultado de la interacción de diferentes factores, tanto biofísicos como socioeconómicos. Entre los primeros se destacan las restricciones climáticas, propias de un clima árido, que limitan el desarrollo vegetal del suelo, dejándolo a merced de los fuertes vientos patagónicos. Estas restricciones se ven agravadas por recurrentes ciclos de sequía.

La minería es sin duda el gran dilema que atraviesa las miradas de la sociedad, esperanzada por trabajo, aunque haya una estimación de un total de 463 de puestos de trabajo también interacciona como factor socioeconómico en la cuestión hídrica, ya que tensiona posiciones a favor y en contra a raíz del megaproyecto minero de la empresa Patagonia Gold.

La ciudadanía, donde las comunidades mapuches representan gran parte de la población se unió en asambleas vecinales articularon un proyecto que protege el agua, mediante la creación de la Unidad de Gestión Integrada de la Cuenca Huahuel Niyeo, en agosto del 2023. Participan cooperativas, familias productoras locales, instituciones educativas y otros espacios comunitarios que comparten la búsqueda de soluciones para la comunidad y llevan una fuerte campaña contra la minería a cielo abierto que amenaza aún más el déficit hídrico.

Compostando la tierra

En el año 2019 asume como gobernadora Arabela Carreras, parte de la fuerza política que administra la provincia desde el 2012, Juntos Somos Río Negro (JSRN). En sus cuatro años de mandato se modificaron leyes y códigos relacionados a la actividad minera e hidrocarburífera. Citamos algunos casos resonantes que pusieron en alerta permanente a organizaciones ambientales y comunidades originarias.

Un hecho que demuestra el desplazamiento económico hacia una matriz productiva neo extractivista es la cesión de tierras fiscales para la producción de hidrógeno verde, un vector energético que sirve para almacenar energía eléctrica producida mediante el proceso químico de electrólisis del agua, que se convirtió en un potencial de “progreso”, según los modelos energéticos dominantes. Por ello la provincia le concedió alrededor de 400.000 hectáreas de la Meseta Somuncura a la empresa australiana, Fortescue Fortune Industries, líder en la minería del hierro a nivel global, esto fue en el año 2021. Los únicos sectores que reclaman un debate social amplio, con información pública sobre los alcances del decreto fueron las comunidades indígenas y las asambleas ambientalistas. Las plantas de la empresa prevén asentarse en Punta Colorada, en la localidad de Sierra Grande, frente al Golfo San Matías. Los planes se encuentran en una etapa de “evaluación socio productiva, física, ambiental y urbana”, según fuentes oficiales.

El 25 de agosto del año pasado, la Legislatura de Río Negro, con solo un voto en contra, vetó la ley provincial 3308, que prohibía la exploración y explotación de hidrocarburos, y la instalación de oleoductos y gasoductos en el Golfo de San Matías. La ley protegía al ecosistema marino que alberga una gran diversidad de vida marina, en donde se destaca la ballena franca austral, que elige la zona para reproducirse. El turismo sustentable y la pesca son tradicionalmente los impulsores de la vida económica de la región. Aquí no se respetó el Acuerdo De Escazú, el primer acuerdo regional ambiental del continente, al que el Estado argentino adhirió mediante la Ley 27.566 en el año 2020.

El Acuerdo de Escazú obliga a los gobiernos que impulsan proyectos que afectan el ambiente, a promover: “el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Nada de esto sucedió con la “ley de hidrógeno verde” y tampoco con la ley 3308. Las denuncias se expresaron con movilizaciones al parlamento rionegrino.

Unos meses más tarde, en diciembre del 2023, el Gobierno Provincial, y el gran abanico político que persigue una visión instrumental sobre los bienes naturales, reformó leyes que regulan la minería. Según el ejecutivo se basaron en adaptar las prácticas mineras a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “priorizando la sostenibilidad y la participación ciudadana”. Además las regalías aumentaron porcentualmente, y ahora se transfieren directamente hacia las comisiones de fomento aledaños a las zonas de explotación minera. Estos cambios lo hicieron luego de modificar la ley 3308 y de prorrogar mediante decreto cientos de miles de hectáreas fiscales a la multinacional australiana.

El 13 de febrero del 2023 la ahora ex gobernadora firmó un contrato de cooperación técnica con Mekorot (la Agencia Nacional de Agua de Israel) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El acuerdo crea un Plan Maestro que contempla “los desafíos del cambio climático y la puesta en marcha de plantas desalinizadoras” para el saneamiento y manejo de los recursos hídricos.

Las cláusulas confidenciales del contrato detallan el traspaso de funciones soberanas a la empresa Mekorot, como la concesión de la propiedad intelectual de la información que recaben sobre el agua (esto incluye a los estudios hidrológicos de los acuíferos). Una de estas cláusulas prevé que, en caso de controversias no solucionadas entre el cliente y contratante, éstas se resolverán bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional y las leyes de Inglaterra. La historia de la empresa estatal israelí, acusada del apartheid hídrico al pueblo palestino supone sospechas sobre la ética de cooperación establecida por los gobiernos, no solo de Río Negro, sino de once provincias de Argentina, pero además de varios países de América Latina. Preparar el terreno lo llaman en el rubro de construcción, y en la política rionegrina, Arabela lo hizo muy bien.

“Dime con quién andas y te diré quién eres” (proverbio argentino)

Una vez finalizado el mandato de Arabela Carreras, su jefe político, el ex gobernador y senador nacional, Alberto Weretilneck volvió de nuevo a manejar los estribos de la provincia, como lo hace desde el 2012. Con holgado porcentaje se impuso en primera vuelta en las elecciones del 16 de abril del 2023. Ocho meses después nadie de la casta política creía que el economista libertario, Javier Milei se impondría con 10 puntos de diferencia a su adversario, Sergio Massa, ex ministro de Economía del Gobierno Nacional saliente, quien obtuvo el 44,30 % en el ballotage del 19 de noviembre.

Pero sucedió, y “el brujo” Alberto (así le dicen las malas lenguas) rápidamente se alineó, con algunos reproches de por medio, al lugar digitado desde el centralismo porteño para las provincias patagónicas: disponer de sus recursos naturales para la exportación en bruto de hidrocarburos y minerales, basados en el imaginario nostálgico del “granero del mundo” de finales del siglo XIX. El norte global busca de nuevos mercados energéticos sin control estatal y Argentina aparece para competir por el primer puesto de proveedores “de la minería metalífera y de litio, como en relación a otras figuras extremas del extractivismo como el agronegocio o el avance hidrocarburífero”, tal como afirman la socióloga Maristella Svampa y el abogado ambientalista Enrique Viale en su nota, “Extractivismo libertario y nuevo ciclo de luchas”².

En Río Negro, lo más relevante que atiende a este contexto es la decisión del directorio de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en disponer la inversión más grande de su historia, que supera los 30.000 millones de dólares para la construcción de una gigantesca planta de Gas Natural Licuado (GNL) de exportación, en conjunto con su homóloga malaya, Petronas. El complejo industrial del megaproyecto denominado Vaca Muerta Sur, o “Argentina LNG” para los compradores malayos del gas licuado se asentaría en la zona portuaria de Punta Colorada, en la costa atlántica de Río Negro (sí, en la zona del Golfo San Matías).

El uso del condicional se explica porque hasta ahora solo existe un Memorando de Entendimiento entre ambas compañías, que no involucra ningún compromiso de inversión. De hecho trascendió en la prensa nacional que Petronas habría desistido de invertir los US $180 millones requeridos para iniciar los trabajos de ingeniería. La explicación radica en la tensión política y social que se vive en el país, y que no propicia el mejor clima de negocios. A su vez, la interna del Gobierno se tramita en el sector energético, la renuncia de Eduardo Rodríguez Chirillo en la Secretaría de Energía lo demuestra. La firma de Malasia tiene tiempo hasta diciembre para decidir qué hacer, según el medio especializado Eco Journal³. Por su parte, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín contó que “si Petronas no continúa, YPF va a seguir adelante. Es un proyecto que tiene mucho interés. El proyecto no depende exclusivamente de Petronas. Pueden ingresar otras compañías”.

Si bien, desde una perspectiva desarrollista podríamos decir que es bueno para la provincia, las alarmas ambientales suenan cada vez más fuertes, sobre todo por el contexto de desregulación extrema que ofrece la Ley Bases y en particular, el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) opera como nuevo marco regulatorio nacional en el sector primario y exportador, donde dominan la industria petrolera, minera y agrícola, a la vez que operan las principales multinacionales presentes en el país. Esta es la matriz productiva por la que apuesta Río Negro, por eso ocupa el primer puesto nacional, superando a San Juan, con 53 proyectos mineros en fases de exploración, Calcatreu es el más avanzado.

Volviendo a la Ley Bases, fue aprobada junto al RIGI, en junio del 2023. Un mes antes la vieja Ley 24.196 de Inversiones Mineras (LIM), promulgada en 1993 cumplió treinta años de vigencia, al igual que las concesiones a las 829 empresas que invirtieron bajo aquel marco regulatorio. Fueron treinta años de beneficios que dejaron muy poco de regalías, ya que bajo el régimen de inversiones, hoy subsumido por el RIGI, no se permitía cobrar “un porcentaje superior al tres por ciento (3 %) sobre el valor 'boca mina' del mineral extraído” (artículo 22), entre otras cortesías.

Los análisis de organizaciones especializadas, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)⁴ y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia⁵coinciden en que los regímenes de promoción a la actividad minera, que fueron recibiendo en los años siguientes tratos fiscales diferenciados para incentivar la llegada de capitales, como por ejemplo “la exención general impositiva para las empresas mineras por los primeros cinco años desde la concesión”, entre otros beneficios aduaneros, cambiarios e impositivos, no lograron cumplir con las expectativas de generación de empleo y desarrollo económico, es más se generaron grandes pérdidas en el fisco de las provincias y municipios, a través de los gastos tributarios dispuestos para cumplimentar tales regímenes.

Sumemos a esta situación varios problemas: los conflictos socio ambientales. Las violaciones a los derechos humanos a comunidades indígenas. La salud de los pueblos sacrificados que se multiplicaron desde los años 90´. Una actualidad marcada por el impacto del cambio climático en los territorios donde se asienta la actividad minera. Polarización política dentro de las poblaciones, impulsada por intereses foráneos. La falta de información pública en formatos abiertos sobre aspectos jurídicos y económicos de las actividades extractivas. La demostrada ineficacia en los controles y prevención de riesgos ambientales por parte de los Estados, cómplices sin duda de los desastres ambientales. El RIGI.

¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

En el plexo normativo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones no está explícita la palabra ambiental, las provincias no pueden legislar sus propias leyes mineras, sólo adherirse al régimen con cambios que no susciten controversias con lo dispuesto en su espíritu liberal. La conexión con el entramado productivo local es ínfima, y luego de cuatro años de inversión, las utilidades que giren al exterior las empresas tendrán 0% de impuestos, entre otros retrocesos.

Los intentos de avanzar con el proyecto de Calcatreu cobran dimensión por la posición negacionista de las crisis climática/ecológica del Estado nacional y la desmesura violencia con la que gestiona el conflicto social. De hecho la audiencia pública convocada por el gobierno de Río Negro, realizada 30 de agosto pasado en Ingeniero Jacobacci, se dio en un marco de tensión social por la presencia de la policía montada y el vallado del gimnasio municipal donde se realizó. Sin embargo, ello no interfirió en la participación de más de 200 oradores, a favor y en contra del proyecto.

A favor, la secretaría de Ambiente y Cambio Climático Judith Jiménez dijo que tras la audiencia pública, solo resta esperar el informe de evaluación ambiental, técnica y legal de la subsidiaria Minera Aquiline Argentina SAU⁶. En contra, Svampa manifestó que “hay una fuerte manipulación de la esperanza, de las expectativas de gente humilde que realmente quiere trabajo; y, por otro lado, de gente que efectivamente busca promover un modelo a gran escala que tiene enormes cuestionamientos a nivel ambiental y muy escasos resultados económicos”. Los resultados a los que se refiere son los que se ocultan: la minería no genera empleo en cantidad y mucho menos en calidad. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino del 2023⁷, “la minería metalífera solo emplea el 0,15% del empleo privado registrado total” y en Calcatreu no superarían los 350 empleados, tanto durante la construcción como en la explotación del oro, que duraría cinco años.

En su búsqueda refundacional del sistema económico y político argentino, el gobierno libertario logró reunir a las provincias para institucionalizar el rumbo mediante el “Pacto de Mayo” (pero que se hizo el 9 de julio por problemas de “agenda”). En su discurso, Milei derogó de culpas a los gobernadores, los incitó y apoyó para habilitar los proyectos extractivistas, sin costo ambiental y social alguno, total según el mandatario, “una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera”⁸. Pero también es un gobierno de acciones, la ministra de Seguridad acaba de presentar la flamante Unidad de Seguridad Productiva, con el fin de proteger las áreas donde se asienta el extractivismo y reprimir reclamos. Todo cierra como anillo al dedo, ganan políticos y empresarios, pierden la naturaleza y la democracia.