Dos realidades fundamentales se han impuesto en la política mundial, una es la realidad de las Dos Derechas, Centro Izquierda y Derecha Económica, basada en la preeminencia del mercado como fundamento de las instituciones del Estado. Hemos vivido esa realidad en los últimos 32 años en nuestro país. Descontando por supuesto, la realidad troglodita de los adoradores de Chicago de la época de Pinochet, con ingredientes de crímenes y abusos no necesariamente reconocidos por los epígonos de esa Escuela que lleva casi medio siglo de vigencia en nuestro país.

Dos realidades que pesan en los próximos pasos de la directiva del Rechazo

Al margen de sus doctrinas sociales, propuestas de organización del Estado y declaraciones de sensibilidad social, la otra realidad es la desconfianza a los partidos políticos y su dirigencia. Esta desconfianza se traduce en una crítica ética a los políticos y sus partidos por sus enriquecimientos, sus acuerdos espurios con el poder económico, y la transformación del Estado en caja repartidora de su clientela política, etcétera. Si la memoria no me traiciona a comienzos de 2020 una encuestadora de la plaza cifraba en los siguientes números el apruebo de la opinión pública: Piñera 6%; Congreso 4%; partidos políticos 2%.

Estas dos realidades tienen un peso fundamental en los próximos pasos de la clase política para imponer los términos de una Nueva Constitución. Como primer efecto del Rechazo el gobierno, vía el ministro de Hacienda Marcel, anuncia que las propuestas iniciales se acomodarán al paso del Rechazo, es decir, las reformas anunciadas en el programa de tributación, la previsión social, la salud, la educación y su infraestructura, la vivienda, las remuneraciones, la inflación… El rol de la opinión pública, los independientes, en marcha hacia una nueva Constitución es reactivo, donde se confunde la demanda de decisiones no resueltas, con aquellas de la clientela ganadora del Rechazo. Paradojalmente, en la derrota de la Centro Izquierda, ambas Derechas ganan, pues los cambios que exigió la revuelta de Octubre quedan oficial y definitivamente postergados. Esta vez, se introduce un nuevo actor, el Congreso. El mismo gobierno lo anuncia, deja en manos de las Dos Derechas en el Congreso el seguimiento del «diálogo constitucional».

Tres puntos inaceptables para la directiva del Rechazo

Advirtamos que para la directiva del Rechazo había tres puntos centrales absolutamente inaceptables: (1) un Estado decidor, libre de las ataduras de la Constitución de 1980 que lo relegaba a un poder subsidiario, inerme a los proyectos de paz y seguridad dictados por el poder del dinero; (2) los poderes autonómicos entregados a la Comuna y a la Región que por vez primera situaban a la ciudadanía, desde la base, en situación de autogobierno y al ejercicio directo de la Soberanía Popular mediante las opciones plebiscitarias, referéndum revocatorio e iniciativa popular de leyes; (3) la Plurinacionalidad o reconocimiento constitucional de los Pueblos Originarios con protección a sus territorios y recursos y sus instituciones jurisdiccionales tradicionales. Pese a que la plurinacionalidad y reconocimientos territoriales se consagraban en un Estado único e indivisible, ambas Derechas presentaban incesablemente estos principios como una suerte de secesión inaceptable. Esta crítica insidiosa ha permitido abarcar el conjunto de las propuestas del Proyecto rechazado. Es la cultura de la cancelación que espera sus mayores logros en el seno de un Pueblo aherrojado a sus necesidades. Todo ello se espera resolver en las instancias oficiales del Poder.

¿Qué hacer frente a esta oficialización del Rechazo?

Asumamos que la búsqueda de Principios Constitucionales está jalonada de transiciones hacia un mundo del futuro con avances tecnológicos que eliminan empleos, crean nuevos bienes y servicios en medio de una población empobrecida con escasas posibilidades de acceder a los mercados. Agreguemos el cambio climático, las guerras locales que traen hambrunas e inmigraciones masivas. Las necesidades insuperables crean inseguridad, violencia y destrucción irreparable. Ese es el mundo que ya está al interior de nuestras fronteras. Los grupos de poder, al interior de lo que hemos denominado, Dos Derechas, saben que la impugnación del Proyecto no fue el fruto de lecturas conscientes y maduras de los textos constitucionales; están así mismo conscientes que su propaganda millonaria y machacona trabajó las mentes y los miedos, es decir, tuvo éxito. Ahora van por una segunda ofensiva.

Principios constitucionales en la conciencia del Pueblo

El mundo del Apruebo logró anclar las realidades transicionales mencionadas más arriba en el Proyecto constitucional. Más aún transformó las creencias en saber. El Pueblo, sabe ahora que hace 82 años atrás la gestión del Estado representó un vuelco fundamental en los destinos del país. El Proyecto devolvió al Estado –el rol directivo que el mercado le arrebató– facultades que le permitieron plantear la industrialización del país y la infraestructura productiva mediante los proyectos de energía, electrificación y sociales, como rutas, aeropuertos, hospitales, escuelas, etcétera. Resurge así, en la mente ciudadana, la noción de planificación productiva y financiera; negociaciones que permitieron obtener un justo precio al cobre y un nuevo trato para yacimientos cuya gestión se resolvía en manos del gobierno de Estados Unidos y las cinco empresas norteamericanas en cuyas manos estaba la explotación del mineral en Chile.

El Pueblo también sabe que cuando se canaliza la iniciativa de la ciudadanía en comunas y territorios autónomos, es decir, desde la raíz misma del territorio surge un Chile digno y consciente donde frente a la injusticia social puede decir «es mi verdad contra la suya». Es el sentido que tiene la democracia semi directa, donde coexisten representantes elegidos por el Pueblo y la voz de la ciudadana a través del Plebiscito, el referéndum revocatorio donde el ciudadano se pronuncia acerca del mandato ejercido por el representante y, Iniciativa Popular de Leyes.

En estas ideas, discutidas y ancladas en la conciencia del Pueblo se encuentra la de pueblos y naciones indígenas que deberán ser consultadas y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución (Art. 191, Cf. el Convenio 169 de la OIT, Ley de la República en 2008). Reconoce al mismo tiempo los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. La restitución de tierras es un derecho enraizado en la conciencia popular que cualquier texto constitucional del futuro deberá consagrar.

¿Qué hacer cuando la clase política se prepara para definir las normas que regirán la redacción del nuevo Proyecto de Constitución?

A una semana del Rechazo estamos conscientes que no hay hoja en blanco. El Proyecto de Constitución es la obra de hombres y mujeres elegidos por la ciudadanía para redactarlo, pero que al mismo tiempo fue profusamente discutido dentro y fuera de los locales de la Convención. Se multiplicaron las audiencias donde instituciones de la comunidad, personas individuales fueron escuchadas, para en definitiva transitar el umbral del pensamiento reflexivo. Lo que en concreto significa que lo realizado no puede ser rechazado ni cancelado de plano.

Por esto es el momento de volver a los territorios, comunas urbanas y rurales para reafirmar lo avanzado y que no sea borrado de plano. Lo que sigue es un recuerdo somero de lo que ya está y deberá ser defendido en la Convención. Debate que deberá ser extendido a urbes y campos del territorio para que así el cuerpo electoral sea más que un votante, sino un partícipe de los propios derechos y deberes que le corresponderá votar.

De allí surgirán los puntos centrales del Pliego del Pueblo que deberá ser refrendado en las instancias ciudadanas paralelamente a las discusiones de la clase política en el Programa del Pueblo.

Avances que deberán ser reflexionados y que mantienen su vigencia desde la Revuelta de Octubre. Todos ellos envuelven principios básicos de los derechos humanos consagrados en la declaración de Naciones Unidas

En relación a la Comuna Autónoma, base de la Soberanía Popular. La democratización de la República implica, junto a las tareas legislativas del Congreso, convertir la Comuna Autónoma en un lugar participativo y financiado vía presupuesto de la Nación, entregándose, como algunos sugieren un monto igualitario por vecino para su administración y que pueda ser fiscalizado su uso. Reafirmar la asociación entre comunas, favorecer la creación de empresas destinadas a realizar tareas municipales y la interlocución con ministerios del ramo. Establecer un referéndum revocatorio para las autoridades de la Comuna, por una vez en el período, en relación a la gestión para la cual fue elegida.

Los Pueblos Originarios. Deben discutirse las bases de su institucionalidad para así realizar, entre otras legislaciones que los favorecen, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ley de la República desde 2008, en ese caso el Proyecto expresa que dichos pueblos deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución. Deberá discutirse dentro los marcos del Sistema Nacional de Educación el desarrollo de establecimientos e instituciones acordes con las costumbres y cultura de los pueblos y naciones indígenas. Restitución de tierras que deberá discutirse junto con proyectos productivos en los territorios, comunas y regiones autónomos indígenas. Verdadero Pacto Social que deberá ser discutido en Parlamentos que incluyan a todos los actores. El Parlamento deberá concluir con un Plan de Restitución de Tierras. El patrimonio forestal de la Araucanía (9ª Región) abarca 1 millón 600 mil hectáreas, de las cuales 360 mil son explotadas por las sociedades forestales con especies exóticas. En lo relativo a las sociedades forestales, en perímetros designados como zonas de restitución, los árboles plantados de pino radiata y eucaliptus de 2 años y menos deberán ser talados y entregados a las comunidades. Las plantaciones entre 2 y 15 años se mantienen, debiendo ser restituidas al cultivo a los 15 años.

En un mundo de transiciones el modelo de mercado no es viable. La característica central de la nueva economía de los países avanzados es la producción de bienes y servicios, fruto del avance de la ciencia y la tecnología, que se realizará al costo de un desplazamiento severo de la mano de obra. De mantenerse, ese desplazamiento plantearía una gran tarea a escala global: la redistribución de los ingresos para sentar con ello las bases de una nueva economía. Estamos en un punto de no retorno en que la producción en masa parece haberse ido con el signo de los tiempos y estar siendo reemplazada por una producción futura casi ilimitada con un número cada vez menor de trabajadores, sin que tengamos certeza de cuántos podrán adquirirla. Es la dramática transición de un sistema a otro que en el caso de economías subdesarrolladas y emergentes tiene profundas consecuencias sociales. Si una parte de la fuerza laboral, tecnológicamente a la vanguardia, negocia incrementos salariales en consonancia con el incremento de la productividad, una parte mayor de la fuerza de trabajo queda al margen de la negociación. Esto no significa que gran parte de las necesidades quedan al margen del mercado, por el contrario. Tanto para los afortunados con empleos de excelencia como para aquellos con empleos normales o desempleados, el crédito se agrega a los salarios y justifica la demanda.

La Deuda así transmutada en ingreso cubre a los desafortunados y seguramente a aquellos afortunados con ambiciosas metas de consumo que sus remuneraciones no logran colmar. Los subsidios y compensaciones desde el Estado, como parte de una economía de bienestar ya no tienen sentido en la economía de la Deuda. El crédito (deuda) se transmuta en ingreso de los hogares. Los trabajadores deben estar conscientes que se trata de la economía que en el futuro deberá ser desactivada. Un primer paso es reemplazar lo aleatorio (del mercado) por un núcleo constante de Bienes Públicos, que la sociedad incorpora a sus bienes-salarios en sectores que el capitalista percibe como su propia Deuda (al omitir pagos propios a sus costos, por ejemplo daños al medio-ambiente, etc.). Este es un paso fundamental que nos lleva a un salario social conjuntamente cuando se cumplen las condiciones del pago de los costos de formación del trabajador y la proporcionalidad de la productividad con la remuneración. Esto conlleva un proceso de profundas transformaciones sociopolíticas en áreas productivas donde se prioriza el desarrollo nacional.

Nos enfrentamos a un enemigo poderoso que no ha vacilado en entregar nuestras riquezas básicas al capital transnacional. Inmersas en la cultura del dinero capas importantes de la sociedad han escuchado las voces de los grupos de poder al margen de una tarea nacional, inclusiva y solidaria. No es un dato menor el saldo negativo de compatriotas viviendo en condiciones de hacinamiento y pobreza, tampoco lo es la inseguridad en nuestros campos y ciudades, como tampoco lo es la población de Pueblos Originarios que ha sido secularmente despojada. Frente a esas carencias la tarea es larga, pero la conciencia de ello y sus dificultades es un aliciente para construir las bases de una sociedad más justa y solidaria.