Uno de los temas candentes en la política española, y en la catalana, estas últimas semanas ha sido la posible ampliación del aeropuerto de El Prat de Llobregat, el más cercano a Barcelona, que estrenó una nueva terminal en 2009, aunque esta ya se ha visto saturada y al parecer el aeropuerto necesitaría de otra pista.

Hay varios aspectos polémicos sobre la ampliación programada; por ejemplo, afectaría a La Ricarda, una finca de 135 hectáreas pegada al aeródromo que alberga una laguna clave para prevenir la salinización del delta del Llobregat y para conservar algunas especies protegidas.

Aunque La Ricarda es artificial, lo cierto es que su importancia en el ecosistema es enorme. Además, en La Ricarda se encuentra la Casa Gomis, un museo propiedad de una familia catalana rica y cuya particular arquitectura la convierte en una atracción única. Hay que añadir que proyectar la ampliación en otras direcciones podría afectar a la zona de Gavà Mar, llena de enormes casas que pertenecen a gente rica e influyente.

En el fondo de la cuestión encontramos, por supuesto, actores políticos con posturas enfrentadas y enquistadas en muchos temas, que tampoco han perdido la oportunidad de trasladar todo debate político a los cielos catalanes.

Por un lado, está el gobierno de la Generalitat independentista que ha mostrado escaso, o ningún, apoyo al proyecto, impulsado desde Fomento. Un gobierno, dirigido por Pere Aragonès, que ha secuestrado este tema con el fin de añadirlo a la mesa de negociación que su partido, ERC, lleva tiempo queriendo tener con el gobierno central: unas conversaciones con el objetivo último de la independencia catalana, que se han visto afectadas en el tiempo por la pandemia y que fueron acordadas para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Por otro lado, se encuentra el gobierno central, incluyendo el mencionado Ministerio de Fomento que ha impulsado el proyecto de ampliación del aeropuerto, con el fin de galvanizar la economía catalana y española, muy castigadas por la pandemia, y que se han propuesto sacar adelante el proyecto y que esperan discutirlo en la mencionada mesa de diálogo. Aunque también en el gobierno encontramos a la ministra de Trabajo, la cada vez más apreciada Yolanda Díaz, que fue a La Ricarda y manifestó que se debía preservar.

Por último, tenemos a la alcaldesa de Barcelona, la cada vez más impopular Ada Colau, que salió llorando de las recientes Fiestas del Barrio de Gràcia barcelonés, que se encuentra perdiendo muchas guerras en materia de seguridad ciudadana e higiene de las calles, y que ha defendido no realizar la ampliación en beneficio del medio ambiente, aunque lo cierto es que su gestión económica al frente del consistorio barcelonés ha sido, como poco, también deficiente.

Lo cierto es que la situación global es compleja, y faltaría intentar explorar alguna opción intermedia, o quizá la ampliación del aeropuerto enfocada en alguna otra dirección, pero existe la sospecha que se sacará adelante como quiera el gobierno central si atienden a ciertas peticiones que la Generalitat realice en la mesa de negociación. Algo muy típico en la política española.

Y pese a ello, pese al infame juego político, no hay que olvidar que lo más importante es intentar preservar el ecosistema del delta del Llobregat, y también recuperar la maltrecha economía catalana, sin olvidar los miles y miles de puestos de trabajo que la ampliación del aeródromo generaría.