El nuevo Gobierno colombiano transita por un viacrucis en la situación económica del país. El ministro de la Hacienda Pública, , de las entrañas de Álvaro Uribe y su Centro Democrático, gestores del cargo de presidente de Iván Duque, habló inicialmente de un déficit presupuestal para 2019 de 30 billones de pesos, que luego rebajó a 25 billones (USD $8.000 millones), el cual se distribuye entre todos los ministerios.

Los más afectados por ese vacío fiscal son los programas sociales, principalmente en Educación y Salud. El ministro de Hacienda ha señalado que no se dejaría desfinanciado ninguno de los programas sociales que dejó el anterior Gobierno, pero ante la Comisión Económica del Senado de la República advirtió que no hay recursos suficientes para atender todos los programas. Los subsidios a la electricidad y los servicios públicos, el ICETEX, los programas de Alimentación Escolar y de Familias en Acción, Colciencias y la investigación, la educación superior, los auxilios para la tercera edad (US $50 cada dos meses a un anciano indigente, con expectativa a la baja) y la salud pública, entre otros, no cuentan con la provisión de recursos suficientes.

En Salud se habla de un déficit real de 10 billones de pesos (USD $ 3.300 millones), mientras en Educación hay una disminución drástica en la financiación de las universidades públicas, a la cual solo el programa Ser Pilo Paga, diseñado por el gobierno de Santos como castigo a la universidad pública no confesional por sus críticas al Gobierno y sus políticas, arrebata cerca de $6 billones de pesos a las instituciones públicas para transferirlos como premio a las instituciones privadas confesionales, afectas al Gobierno y comercializadoras de la educación superior, el cual ya tiene los primeros 40.000 beneficiarios, estudiantes seleccionados de las clases más pobres para que se codeen y aprendan a convivir, a estudiar y a comportarse con miembros de las clases más pudientes.

Se habla también de un faltante en la financiación de alimentos para estudiantes de instituciones públicas populares y de un hueco muy alto en la financiación de pensiones del régimen de prima media reconocidas por Colpensiones, la caja pensional estatal. Hay que mencionar que la perversa Ley 100 de 1993, abrió el espacio para los fondos privados de pensiones, los cuales a base de falsas promesas lograron atraer al 70 % de la población laboral más joven del país, dejando en manos de Colpensiones, la entidad estatal que maneja el régimen de prima media, al 30 % de la población laboral de edad más avanzada. Antes de la Ley 100, con los ingresos por aportes a pensiones de los trabajadores jóvenes se financiaba el pago de las pensiones causadas, pero ahora el gobierno y los gremios financieros privados alegan que el estado tiene que concurrir con más de $38 billones anuales al pago de pensiones, y abogan por la liquidación de Colpensiones por ser inviable en el futuro cercano.

En las esferas social y laboral han causado desazón las políticas anunciadas por el Gobierno de reducir impuestos a las grandes empresas como una forma de generar empleo, de crear un SISBEN para los ricos, de limitar el crecimiento del salario mínimo mensual por ser exageradamente alto en Colombia (USD 260), de aumentar la base tributaria gravando rentas de trabajo superiores a 2,5 salarios mínimos mensuales (1,9 millones de pesos) y pensiones por encima de 4 salarios mínimos mensuales (3,1 millones de pesos), de incentivar el desarrollo minero energético mediante el uso del fracking y de impulsar grandes programas agroindustriales para la explotación de la tierra productiva, en desmedro de los pequeños agricultores que continuarán viéndose privados de recursos estatales para le explotación de sus pequeños fundios.

Con la excusa del cacareado desarrollo agroindustrial, el banquero más poderoso del país, con una fortuna Forbes de USD 13.000 millones, se ha apoderado de más de 13.000 hectáreas, antes propiedad de campesinos en los Llanos Orientales de Colombia, y ha accedido a créditos subsidiados por el estado por 35.600 millones de pesos mientras él cobra intereses de usura por préstamos en sus bancos, según lo denuncia el exparlamentario Wilson Arias. Vale la pena recordar que en Colombia el SISBEN es el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales, hasta ahora dirigido a personas de estratos socioeconómicos 1 y 2 de la población. ¿Qué pretenderá el Gobierno al anunciar la creación de un SISBEN para los ricos y las grandes empresas del país?

El Gobierno ha hablado de una reforma tributaria con la cual pretende rebajar impuestos a la gran empresa y a los dividendos, ignorando la benevolencia de gobiernos recientes en esa línea y de que en minería y petróleo, por ejemplo, el impuesto nominal es del 22 % pero sólo se recauda el 2 %. Para compensar lo dejado de percibir de la gran empresa, se ha propuesto extender el IVA del 19 % a toda la canasta familiar, un impuesto indirecto que pone a tributar a más personas sin importar sus ingresos y cuyo aumento del 16 al 19 % produjo estragos económicos en el año 2017, se propone ampliar la base tributaria aplicando impuestos a ingresos laborales mensuales superiores a 2, 5 salarios mínimos mensuales (1.9 millones de pesos) y a pensiones por encima de 4 salarios mínimos mensuales (3,1 millones de pesos). Se pretende también reducir beneficios laborales y pensionales y recortar el gasto en política social. Todo para favorecer a la gran empresa para que genere más empleo. La experiencia indica que el empleo no aumenta pero sí las ganancias de las empresas.

Al Gobierno no parece importarle el efecto de sus medidas sobre el aumento en el costo de la vida de los ciudadanos y sobre su calidad de vida. A los funestos efectos de la ampliación del IVA a toda la canasta familiar, se suman otras cargas impuestas por el estado que afectan los recursos del ciudadano para su supervivencia, como el alto costo del impuesto vehicular que en muchos casos ha aumentado el 30 % en dos años, el impuesto a las viviendas para el cual se efectúan revisiones de avalúos catastrales cada 5 años que los municipios aprovechan para fijar valores arbitrariamente altos a modestas viviendas, las alzas en los costos de los servicios públicos que para agua y alcantarillado se duplicaron en los dos últimos años con la fijación de consumos básico, complementario y suntuario de acueducto y alcantarillado arbitrariamente bajos para ciudades y municipios según su altura sobre el nivel del mar, como si un ciudadano por vivir en la altura de Bogotá estuviese condenado a hacer sacrificios en el aseo diario corporal y hogareño, en la preparación de alimentos y en las demás necesidades vitales y hogareñas, en comparación con habitantes de municipios de poca altitud sobre el nivel del mar.

Sin olvidar que tenemos los combustibles automotores más costosos del mundo cuyos precios aumentan cada mes sin importar las disminuciones en el valor internacional de un barril de petróleo crudo, como sucedió hace 10 años cuando el precio del barril pasó de USD 114 a USD 40 pero el costo de un galón de gasolina siguió aumentando en Colombia. Se abusa del pueblo, el cual, conformista y resignado, sigue votando por la misma clase política a pesar de reconocer su corrupción y de sufrir las consecuencias de los golpes que de costumbre recibe de ella.

El presidente y su ministro de Hacienda parecen taparse los ojos ante los resultados de medidas similares a las pensadas para la reforma tributaria, adoptadas durante los Gobiernos de Uribe (2.002 a 2.010) y de Santos (2.010 a 2.018), con el recorte a la remuneración del trabajo en horas extras y días festivos y dominicales, la disminución de beneficios en prestaciones sociales, las facilidades para los despidos laborales y la puja por un bajo salario mínimo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La influencia de estas medidas en Colombia, y en otros países, ha sido nula en la generación de empleo, a pesar del engaño patrocinado por el DANE, la entidad estatal que administra los datos oficiales, de considerar como empleada a una persona que en una esquina de semáforo sale dos días a la semana a vender gomas de mascar, cigarrillos, dulces, accesorios para teléfonos celulares, cigarros y golosinas con sustancias adictivas, o a ejecutar malabares por unas pocas monedas, desplazados ahora hacia el desempleo total por los migrantes venezolanos. Prácticamente el sector bancario y el de la construcción han sido los únicos en mostrar índices positivos de crecimiento, el primero porque ha recibido vía libre para abusar de altos precios en sus servicios y el segundo por la alta contratación estatal en obras de infraestructura de cuarta generación y en ampliación de infraestructura de grandes empresas estatales.

Una consulta popular votada el 26 de agosto recibió 11.672.000 votos contra la corrupción y a favor de los cambios constitucionales propuestos para combatirla (Iván Duque fue elegido presidente con un poco más de 10 millones de votos). A los tres días de esos resultados, el presidente se rasgó las vestiduras en una reunión de medianoche con los promotores de la consulta y representantes de los partidos políticos, y juró no dar descanso a su lucha contra la corrupción. Pero las suyas no pasaron de ser lo que en el argot popular llamamos lágrimas de cocodrilo, porque a los pocos días reconfirmó toda su confianza en funcionarios de sus afectos con antecedentes de corrupción, como el ministro de Hacienda, enredado en los Panamá Papers y en la defraudación a 117 municipios por préstamos para soluciones de acueducto, o su embajador en la OEA, envuelto en escandalosas prácticas corruptas cuando ejerció como procurador de la nación y fue destituido por el Consejo de Estado en fallo por el manejo amañado de su elección, su director de impuestos en la DIAN señalado por haber manipulado la transferencia ilegal de predios baldíos de numerosos campesinos a un emporio asesorado por un embajador en Washington, que le costó su puesto, y otros casos más de funcionarios de su confianza señalados por escandalosas prácticas corruptas comprobadas. No dudamos que los manejos de todos estos funcionarios corruptos se reflejarán en los resultados de la gestión del presidente.

Se requiere ser muy ingenuo para no reconocer la gravedad de los hechos, al menos que se prefiera tapar los ojos con una venda para evitar ser testigo de la realidad de las actuaciones de funcionarios impuestos por el gestor que le permitió llegar al cargo de presidente de la república.

Mientras tanto, el pueblo se siente perplejo y defraudado ante los hechos pero no abandona su posición de conformismo y resignación ante la rampante corrupción estatal que, en boca del Gobierno, absorbe cerca de 50 billones de pesos al año, de la evasión fiscal y del IVA que alcanza 30 billones de pesos al año, de la «mermelada» a los miembros del congreso para que le aprueben proyectos de su iniciativa, que parece alcanzar 50 billones de pesos al año y de inversiones en paraísos fiscales por parte de personas ricas y empresarios para evadir impuestos con la complacencia de altos funcionarios del gobierno, de lo cual es consciente el actual mandatario.