Venezuela muere silenciosamente. Las organizaciones internacionales observan impasiblemente los devastadores efectos que están teniendo en la población las políticas implementadas por el llamado 'Socialismo del Siglo XXI'. Su silencio ha sido cómplice. Los ataque gubernamentales, que al inicio estaban dirigidos contra los sectores opositores, se han ido extendiendo ante la mirada indiferente de la justicia internacional y, actualmente, afectan a toda una población que padece la hambruna (el 87 por ciento de los venezolanos no acceden a los alimentos, según la encuesta Encovi), la ausencia de medicamentos (tasa del desabastecimiento superior al 80 por ciento) y una tasa de inseguridad que supera las 25.000 muertes violentas al año. Sin embargo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional no ha movido un solo dedo.

El desconocimiento de los acontecimientos no es una excusa válida. La fiscalía ha recibido, durante más de una década, las denuncias de las organizaciones y ciudadanos venezolanos que solicitaban un cese de la represión promovida desde el Gobierno de Venezuela. Durante la primera etapa, aún con Hugo Chávez en el poder, las peticiones advertían de crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de un sector delimitado de la población: los opositores. Un clamor que no fue escuchado por la institución internacional. No obstante, con el paso de los años y la llegada de Nicolás Maduro al poder, los efectos de las políticas socialistas han desencadenado en un escenario que los abogados han situado cerca del “genocidio inminente”, poniendo en jaque la vida de un alto porcentaje de la población.

Consciente del silencio cómplice de la fiscalía, Williams Cárdenas, coordinador de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM), ha enviado una carta a Martín Schulz, presidente del Parlamento Europeo, para solicitar “la intervención del Parlamento Europeo, ante la irregular situación que ha conducido a que la Corte Penal Internacional, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), deje de cumplir la noble misión que le ha sido encomendada de impartir justicia universal por los peores crímenes cometidos contra la humanidad”. Un documento que también ha llegado a los escritorios de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Federica Mogherini, Alta Representante para Asuntos Exteriores Seguridad de la Unión Europea.

En la carta se precisa que “denunciar ante el Parlamento Europeo, que la fiscalía de la Corte Penal Internacional ha hecho 'oídos sordos' a las numerosas denuncias presentadas por estos delitos contra miembros del gobierno venezolano, desestimándolas o simplemente ignorándolas”. En este sentido, se precisa que “esta omisión se torna muy grave, si tomamos en cuenta que la situación de Venezuela se ha deteriorado al máximo, al punto de haber derivado en un drama socioeconómico, que amenaza a millones de personas y que afecta ya a toda la población venezolana, que hoy soporta una auténtica hambruna por el desabastecimiento de alimentos, productos de primera necesidad y medicinas, persistiendo las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ahora alcanzan dimensiones que rozan tipo penal del Genocidio previsto en el artículo 6.c del Estatuto de Roma”.

Promover el cambio

Cárdenas ha solicitado al máximo representante del Parlamento Europeo que “en la próxima Resolución que se apruebe sobre la situación de Venezuela, exprese su preocupación por la grave situación por la que atraviesa su población y en razón de los hechos nuevos, inste a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la reapertura de las denuncias mencionadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.6 del Estatuto de Roma, y solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorización para iniciar una investigación preliminar sobre el Caso Venezuela”. Sin embargo, no es lo único, ya que también se propone una solución para evitar que el silencio de la organización afecte a otros países.

“Solicitamos que el Parlamento Europeo prevenga situaciones similares, de las que no pueden considerarse inmunes los pueblos europeos, proponiendo a la Asamblea de los Estados Parte, una modificación del Tratado del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (ERCPI), a fin de que el monopolio de la acción penal de la Corte Penal Internacional no esté en manos de un único Fiscal, si no que por contrario, se cree un cuerpo colegiado, integrado por 5 fiscales, uno por cada continente, a fin de que las delicadas decisiones que permitan investigar crímenes de tan grave naturaleza, no dependan de una sola persona”, sentencia la carta.

Venezuela está muriendo en silencio. La población es víctima de una trágica situación que, cada día, se agrava ante el silencio de quienes, desde sus palacios de cristal en Holanda, ignoran a todos los que mueren de hambre, falta de medicamentos o por expresar una opinión contraria al régimen. Aunque de sus labios no se pronuncien palabras, en sus manos sí gotea la sangre de quienes pierden el último aliento bajo la guillotina del 'Socialismo del Siglo XXI'.