Hacinados, maltratados y humillados por no tener los papeles que les permiten acreditar que viven de manera legal en España. Los Centros de Internamiento de Extranjeros someten a condiciones inhumanas a cientos de inmigrantes que no han cometido ningún delito: su crimen es no ser españoles.

En las últimas décadas, España ha pasado de ser un país de emigrantes a uno receptor de extranjeros que buscan una nueva oportunidad aquí. El racismo y la xenofobia han crecido exponencialmente al número de inmigrantes y, ante este incremento, el Gobierno del expresidente Zapatero, al igual que sus homólogos europeos en aquella época, puso en marcha la peor solución posible para frenar este aumento: la reclusión de los “sin papeles” en condiciones infrahumanas.

Durante los últimos años, la policía lleva encerrando durante un máximo de 60 días a los inmigrantes que no tienen los papeles en regla, en espera de extraditarlos a su país. Mientras aguardan su solución, estos reclusos sufren torturas físicas y psicológicas que han sido reportadas en multitud de ocasiones, pero que siguen sucediéndose tras los muros de estas “cárceles”.

En este tiempo, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han elaborado informes que prueban la situación ilegal de los CIEs de Aluche (Madrid), Capuchinos (Málaga) y Zapadores (Valencia), y que también recogen las denuncias de muchos internos presuntamente torturados por funcionarios del estado sin preparación alguna para tratar con personas que, vale la pena recordarlo otra vez más, no han cometido delito alguno.

Hace años pude entrevistar a Sara Verdú, jurista que coordinó la investigación del CEAR en el centro de Zapadores, en Valencia, por lo que pudo entrar a un recinto en el que se agolpaban los recluidos en celdas de 6 personas cada una. “Las puertas no tienen apertura mecanizada, así que si hay un incendio no pueden abrirse fácilmente; duermen en celdas sin servicio dentro y tienen que beber y hacer sus necesidades en la misma pila, porque las celdas se cierran por la noche y no se les deja salir”.

Asimismo, según me comentó también en aquella entrevista Carolyn Phippard, entonces presidenta de Valencia Acoge, una organización que ayuda jurídica y socialmente a los inmigrantes que llegan a la Comunitat Valenciana, en estos recintos se violan una gran cantidad de derechos que los inmigrantes no conocen porque en algunos casos ni siquiera hablan español. “No saben que tienen derecho a intérprete y muchas veces los abogados que les asignan no se preocupan de que sus clientes mantengan sus derechos”, asegura Carolyn.

Carolyn forma parte de la Campaña por el cierre de los CIEs, que a día de hoy sigue trabajando por la eliminación de estos centros. Como comentaba en aquel momento, en esta campaña cuentan con “una línea jurídica, es decir, defender a los inmigrantes ante las violaciones de sus derechos que sufren dentro del CIE; el acompañamiento a internos y familiares, o sea, una ayuda psicosocial, y también tratamos de incidir en medios de comunicación, en instituciones...”, aunque para ello necesitan que toda la sociedad se vuelque con esta campaña para que se cambien las leyes que permiten este tipo de centros.

Las principales denuncias de estos colectivos contra el internamiento de extranjeros son las torturas y las condiciones en las que viven durante los 60 días que tiene el Estado como máximo para mantenerlos dentro. Pero en estos centros se comenten cientos de irregularidades que no salen a la luz porque no hay nadie que vigile a los vigilantes. Por ley debería haber un trabajador social en cada centro y desde que hicieron el informe, todas estas organizaciones tienen prohibido el paso al centro porque según ellos, saben que si ven más cosas las denunciarán.

La culpable de todo este revuelo es la antigua Ley de Extranjería, y por supuesto las personas que la instauraron. “Detrás de esta ley hay un gobierno que la pone en marcha, un ministerio en concreto, un ministro, el señor Pérez Rubalcaba, y también todos los partidos que apoyaron esta ley en el Congreso: PP, PNV, CiU y Coalición Canaria”, asegura Sara.

A pesar de que en España y otros países estén en vigencia estas leyes, las condiciones en las que se encuentran estas personas no las contempla ninguna normativa y son un brutal atentado a la legislación europea y a los derechos humanos.

Todas estas denuncias no se queda en simples rumores que pudieran ser tachados de falsos. El propio informe del CEAR recoge testimonios de reclusos que una vez fuera decidieron colaborar con esta organización para que se terminase de una vez por todas esta situación. Desde el principio del documento de alrededor de 256 páginas, CEAR hace un repaso a la legalidad de los centros, demuestra la independencia y veracidad de sus informaciones y plasma encuestas y entrevistas con reclusos que fundamentan toda su investigación:

Fui golpeado en una ocasión por mirar a un policía, me dijo que no fuera tan chulo […] y me golpearon entre dos policías, me dieron un fuerte golpe en la nariz.

Si dices algo, te pegan con unos bastones extensibles.

Por discutir y mirar a la cara a los policías me han prohibido hablar por teléfono [...] y he estado encerrado un día y medio en la celda de aislamiento.

Estas son sólo algunas de las denuncias que los internos realizaron a los investigadores del CEAR ya que en Valencia ni siquiera tienen medios para formular una queja ni tampoco conocen los procedimientos, por lo que las pocas que se hicieron fueron rotas por los policías para que no llegaran al director.

Pero las denuncias de estos colectivos no se acaban aquí. Hay pruebas e informes que demuestran que la estancia de los inmigrantes en estos centros es completamente irregular. “Hay cámaras de vigilancia, pero existen puntos muertos que es donde les dan las palizas. Los policías van sin identificación alguna, por lo que los internos luego no pueden denunciarlos por los maltratos que sufren. Además, existen dos celdas de aislamiento, que están prohibidas por ley, y sin ningún registro de entrada” comentan tanto Caroline como Sara.

Los últimos martes de cada mes se producen las visitas de los familiares, que son de 15 minutos, en locutorios con un cristal que los separa y que casi impide la comunicación visual: “pegas la oreja para escuchar lo que dices y luego hablas, por lo que no puedes ver la reacción de la otra persona”, explica Sara.

Las seis cabinas de teléfono con que cuenta el centro se usan con dinero que cada recluso debe introducir, algo que parece incoherente puesto que si están recluidos, difícilmente tendrán ingresos. “Además, los policías hacen negocio dentro del recinto, porque venden el tabaco a ocho euros y las tarjetas telefónicas al triple de su valor en la calle”, explica Caroline.

Ante esta grave vulneración de los derechos humanos, europarlamentarios como Álvaro Gil Robles, Jordi Sebastià, Florent Marcellesi o Marina Albiol, y organizaciones como la propia CEAR, Sos Racismo o Acnur se han puesto a trabajar para erradicar esta situación, pero a pesar de esto, en los CIEs se sigue vulnerando el honor y la dignidad de los reclusos, y se hace todo lo posible para evitar las denuncias de las personas que se encuentran dentro. “Hay personas que son detenidas en Galicia y que luego son deportadas a Zapadores, con lo que no pueden comunicarse con sus familias y a veces ni con sus abogados porque se encuentran en la zona donde residían antes de ser cazados en una redada policial que en muchos casos es ilegal y que se basa en principios racistas”, asegura Sara.

Por tanto, ante esta injusticia, lo único que pretenden estas personas que luchan por los derechos de los inmigrantes es que estos no paguen por una irregularidad administrativa y que no sean tratados peor que los presos de las cárceles que sí que han cometido delito. Aunque Sara avisa con prudencia: “No es una crítica a las garantías de las prisiones, ni mucho menos, porque se ha conseguido mucho. Pero lo que no entendemos es que los reclusos de los CIEs estén en peores condiciones que los que sí que han cometido alguna infracción. Su única culpa es no ser españoles”.

Para frenar esto, la Campaña por el cierre de los CIEs en Valencia se reúnen los últimos martes de cada mes junto a los familiares que visitan ese día a sus personas más allegadas y que se encuentran recluidas. “Fue una idea de la Asociación de Vecinos de Nazaret. Quieren rememorar a las Damas de Blanco que también se reunían para luchar por los derechos de los presos políticos en Cuba”, comenta Sara.

Lo que esta campaña pide esencialmente es una implicación de la ciudadanía, porque llevar el caso a la Sindicatura de Greuges o al Defensor del Pueblo será importante como medida de presión y como autoridad, pero no es vinculante para que el Estado actúe. “Lo verdaderamente importante es que se cambie la Ley Orgánica que permite estos abusos, y para eso tiene que implicarse la sociedad”.

Algo que parece difícil de conseguir, como pudimos comprobar en aquella entrevista, cuando en un momento de la conversación, un hombre con evidentes signos de ebriedad se acercó a nuestra mesa y sacó su DNI para decir que los inmigrantes eran una “mierda” y que por su culpa él no tenía trabajo.

Seguirán, por tanto, previsiblemente, días duros para un colectivo como son los inmigrantes, que necesitan que la sociedad cambie de mentalidad muy deprisa para que se detenga una situación vejatoria para los extranjeros y que nos degrada como país y como seres humanos.